Con el PED en entredicho, queda demostrado que el gobierno de Oaxaca no aprende de sus errores

 

El gobierno y el Congreso de Oaxaca deberían aprender la dura lección que les dejó la aprobación ilegal del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. No se trata sólo de que hayan violado la Constitución y la ley, y que todo lo hayan dejado al arbitrio de la convalidación mutua de sus respectivos actos, sino de que ahora sí tomaran las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Es un idealismo porque algo como tal, no va a ocurrir.

En efecto, el pasado 21 de agosto el gobernador Alejandro Murat presentó formalmente el Plan Estatal de Desarrollo, que la semana pasada aprobó el Congreso luego de más de dos meses de entrampamiento. La razón por la que el documento estuvo trabado en el Poder Legislativo, consistió básicamente en que los diputados ni pudieron procesar e tiempo y forma la aprobación del documento, ni tampoco pudieron formular un documento consistente de observaciones para que las considerara el Ejecutivo para una posible reelaboración del Plan, o su eventual confirmación como su propuesta final. Nada de eso ocurrió, y ahí comenzaron los problemas.

¿Por qué? Porque, para justificarse, en el Congreso comenzaron a esgrimir argumentos pueriles. El más “consistente” de ellos fue el del diputado Carol Antonio Altamirano, que sin empachos aseguraba que al margen de lo que dijera la Ley Estatal de Planeación sobre los mecanismos, plazos y participación de los poderes Legislativo y Ejecutivo en la aprobación del PED, de todos modos el Congreso tenía a salvo y vigente su facultad de aprobar el Plan porque ésta era —decía— una facultad expresa del Congreso, reconocida por el artículo 59 constitucional.

Otros diputados y fracciones sostenían lo contrario: que lo correcto era apegarse a la Ley de Planeación, que decía que si en un plazo de sesenta días naturales el Legislativo no aprobaba el Plan ni le entregaba un acuerdo con sus observaciones al Ejecutivo, entonces éste último podía mandar a publicar el documento en el Periódico Oficial, y considerar que el silencio del Legislativo se traducía en su convalidación. Así lo dice el artículo 34 vigente de la Ley de Planeación.

No hubo un acuerdo, pero sí había una ventaja: la Comisión que se quedó con el trabajo de dictaminación del Plan, pertenece a la corriente que defendía el diputado Antonio Altamirano. Desde ahí aprovecharon la circunstancia de que el Gobernador prefirió que aunque fuera a destiempo, y quizá por una cuestión de formalidad y de legitimidad, el Congreso cumpliera con la aprobación del documento. Al final, por acción u omisión —del Congreso y del Gobernador, respectivamente— decidieron que esa sería la ruta del Plan aún cuando esto significaba un conjunto de ilegalidades que —seguramente también todos pactaron— nadie objetaría.

Esto porque de todos modos el Congreso aprobó el Plan aún cuando ya no tenía la facultad para hacerlo derivado del plazo. Porque, además, el Gobernador no mandó a publicar el Plan cuando ya tenía facultad para hacerlo —también en virtud de los plazos vencidos— y decidió no hacer nada hasta que el Plan fuera procesado en el Poder Legislativo.

En el fondo, prevaleció el argumento equivocado —y hasta ofensivo, jurídicamente hablando— del diputado Carol Antonio, en el sentido de que el Congreso podía aprobar el PED porque la Ley de Planeación estaba “desfasada”; y también prevaleció la idea de que puede más un criterio político que el cumplimiento de la ley.

Lo más grave, es que al margen de cómo haya sido, Oaxaca ya tiene Plan Estatal de Desarrollo… pero seguramente ya nadie se acordará —ni invertirá tiempo o capital político— en la necesaria corrección o adecuación al marco jurídico que juntos pisotearon.

NO APRENDEN

De haber la posibilidad de que aprendieran de sus errores, ahora el Congreso y el Gobernador tendrían que, o reformar la Constitución, o derogar varias disposiciones de la Ley Estatal de Planeación, en aras de que esto no volviera a ocurrir. No lo harán. Sin embargo, este es el embrollo legal que, de haber responsabilidad, tendrían que abordar.

Veamos. El artículo 20 constitucional establece no sólo la necesidad de que cada administración del gobierno estatal elabore su Plan Estatal de Desarrollo, sino que establece la necesidad de existencia de todo un Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo que, en efecto, se encuentra bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero sobre el que la Constitución también le concede participación al Poder Legislativo en temas justamente como la aprobación del plan, con sujeción “a lo que disponga la ley”, dice el último párrafo de dicho documento.

¿Qué significa ese último enunciado? En términos simples, significa que el Congreso no tiene una participación abierta o ajena a la ley, sino que esa intervención se encuentra delineada por lo que diga la Constitución y la norma reglamentaria aplicable, que en este caso es la Ley Estatal de Planeación. Por esa razón, cuando el artículo 34 dice que si el Legislativo no hace observaciones formales al documento del Plan entregado por el Ejecutivo, éste tiene la facultad de mandarlo a publicar, al considerar la propia ley que el silencio del Legislativo equivale a una afirmativa ficta o, lo que es lo mismo, una convalidación por no objeción.

Por eso, o el Congreso le quita al Ejecutivo la posibilidad de que exista una afirmativa ficta —y en corresponsabilidad se quita también la facultad de formular observaciones al Plan—, o mejor debería reformar el artículo 20 para que la elaboración e implementación del Plan sea una facultad lisa y llana del Ejecutivo. Una tercera posibilidad radicaría en únicamente reafirmar la facultad del Legislativo de autorizar el Plan a través de una facultad incontestable, aunque esto generaría un escenario de rompimiento al sistema de frenos y contrapesos prevenido en nuestro orden jurídico.

TORMENTO CONSTITUCIONAL

El problema es que nada de esto ocurrirá. ¿Qué es lo previsible? Que todos se olviden del tema, y le hereden a la siguiente administración este supuesto. Ello habrá significado, y así será, que nadie aprendió de los errores, y que todos prefirieron darle tormento —del malo— a la Constitución.