¿De verdad la Contraloría está preparada  para ser un mecanismo efectivo anticorrupción?

Propios y extraños se alegran de que haya sido aprobado el andamiaje jurídico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca, pero ahora falta verlo en funcionamiento. Así como se le tiene marcaje específico al nuevo funcionamiento de algunos órganos, y se tienen expectativas de cómo podrán funcionar otros, hay uno en particular que también debe ser señalado: la Contraloría. Si ésta llega a funcionar de verdad, muchas cosas se evitarán. El reto ahora en Oaxaca es que la Contraloría deje de ser de papel, y se convierta en un auténtico órgano interno de control para la administración pública estatal.

En efecto, las recién aprobadas leyes de Fiscalización Superior y del Tribunal Contencioso Administrativo, vienen a reforzar el funcionamiento de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, porque juntas buscan reforzar las atribuciones de diversos órganos en la persecución de los actos indebidos. Se tiene la expectativa de que, por un lado, con las recientes reformas a esas dos leyes, tanto el nuevo Órgano Superior de Fiscalización, como el Tribunal Contencioso Administrativo, tengan las facultades suficientes para revisar, detectar, determinar y perseguir a quienes cometen actos de corrupción en ejercicios presentes y pasados.

Junto a ello se encuentra la expectativa del funcionamiento del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, el cual es un órgano que entrará en funciones luego de que se complete la integración de los comités encargados de su implementación. En éste último órgano existe una expectativa importante que, sin embargo, no pasa de ello, ya que nadie sabe —en Oaxaca, y en el país— si en realidad dicho órgano tendrá las capacidades que han sugerido quienes lo propusieron y lo impulsaron hasta convertirlo en ley.

Una de las herramientas que será importantísima para el funcionamiento de todo el sistema, y a la que se le ha puesto en realidad poca atención, es a la Plataforma Digital Estatal, que contendrá información concentrada de gran importancia para la ciudadanía, tales como el catálogo de empresas que proveen de bienes y servicios a los municipios y el gobierno estatal, así como también el registro público de las sanciones e inhabilitaciones que se impongan a dichas empresas cuando cometan algún acto indebido, y por ello queden impedidas para continuar proveyendo sus servicios al sector público.

En todo esto, es claro que uno de los temas más importantes —hasta ahora poco abordado— es lo que corresponde a la Contraloría. Tenemos por ejemplo en Oaxaca obras que han sido verdaderos elefantes blancos, y que se construyeron, validaron y entregaron a la vista de quien debería ser un órgano interno de control, y que no sólo no lo impidió, sino que incluso podría haber avalado esos actos indebidos.

Nos referimos específicamente a obras como el Centro de Iniciación Musical, que está cerrado porque la obra presenta diversas fallas de diseño y construcción que hacen imposible su puesta en operación; antes vimos cómo se construyó dos veces la velaria del Auditorio Guelaguetza; ahora, hemos visto cómo en Oaxaca se vive un verdadero drama por la enorme inversión que se encuentra paralizada respecto a la construcción del Sistema de Transporte Integrado —el coloquialmente conocido como metrobús—, que luego de más de dos años de construcción y cientos de millones de pesos invertidos, ahora se dice que no es funcional y que necesita más adecuaciones, más dinero público, y más tiempo de espera y trabajos de adecuación, para poder ser puesto en funcionamiento.

¿Qué pasa? ¿Por qué ocurren tantos casos como esos —en Oaxaca podríamos contar muchos más— sin que nadie ponga orden?

En muchos de esos casos, deberíamos voltear a ver a la Contraloría.

¿QUÉ CONTROLAN?

Un verdadero órgano interno de control debería no sólo ayudar a que los funcionarios cubran o corrijan las irregularidades que por cualquier causa cometen, sino sobre todo que impidan que éstas ocurran. Además, una verdadera Contraloría debería estar dedicada completamente a combatir la corrupción desde los actos mismos de la prestación de los servicios públicos, hasta en su vertiente más insignificante. Haciendo esto, lograría desde el primer momento cumplir con el objetivo de evitar la corrupción y la impunidad, que son los dos temas que más le preocupan a la ciudadanía.

¿Por qué no lo hacen? Es un asunto de diseño institucional pero, sobre todo, de voluntad. Tendrían que explicar, de entrada, por qué la Contraloría ha permitido que ocurran cientos de actos de corrupción a todas las escalas en temas tan visibles como la licitación, construcción y funcionamiento de obras públicas, o por qué no ha hecho lo suficiente para frenar y sancionar los actos de corrupción sin esperar a que las irregularidades que los ocasionan terminen siendo detectadas por el Órgano de Fiscalización y sancionadas por los tribunales jurisdiccionales.

En esa lógica, queda claro que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental debería ser también parte de los cambios, y no sólo la voz que dicta —o intenta dictar, como ha sido hasta ahora— lo que todos los demás deben hacer, sin pasar ellos mismos por un proceso de auto revisión para establecer todo en lo que ellos deben cambiar.

Así, ¿de qué servirá que cambien todos los demás órganos si la Contraloría seguirá siendo la coladera —y no el filtro— por donde pasan muchos de los actos de corrupción que luego quién sabe si sean detectados y sancionados eficazmente en las instancias posteriores? Ahí existe un conjunto de elementos importantes que deberían ser también materia de revisión y de análisis, primero por parte del Ejecutivo, y luego también por parte de los diputados que dicen estar dispuestos a hacer todo lo necesario para poner en funcionamiento el sistema.

Si no lo hacen, entonces estarán alentando una política anticorrupción pero sólo en los términos de cuando se acepta la voluntad divina, pero sólo en los bueyes del compadre.

¿Y LAS SANCIONES?

Eso deberían preguntarse en casos como el del ex secretario de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, y el escándalo por el uso indebido de un helicóptero por el que fue cesado. ¿El cese fue la sanción política? ¿Y la Contraloría, fue comparsa del teatro o de verdad hizo algo para castigar, en ese caso, el acto de corrupción e impedir la impunidad?