El Congreso consolida el Sistema de Combate a la Corrupción… pero ahora debe ganar credibilidad

 

 

Los diputados integrantes del Congreso del Estado finalmente se vieron obligados por las circunstancias para aprovechar la oportunidad de consolidar el andamiaje jurídico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Aunque con jaloneos y negociaciones de último momento, aprobaron las reformas constitucionales y reglamentarias que le dan fundamento al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Ahora deben vencer las resistencias sociales a participar de dicho sistema.

En efecto, en una compleja sesión ordinaria realizada ayer en el Congreso del Estado, se cumplió, por un lado, el objetivo de lograr la armonización de la legislación local en materia de combate a la corrupción respecto a la federal, tanto en el ámbito constitucional como en varias de las leyes reglamentarias que debían ser reelaboradas, o reformadas, para estar acorde con el Sistema; y por el otro, lograr la reintegración de los dos órganos antes mencionados.

En primer término, al modificar el nombre de Auditoría Superior del Estado por el de Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, los diputados de la LXIII Legislatura propiciaron la reconformación de dicho órgano; y, por el otro, algo similar ocurrió con el Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas, al que nuevamente le devolvieron su autonomía —la cual había perdido en virtud de la reforma constitucional de abril de 2011 en el periodo de gobierno de Gabino Cué, que devolvió al entonces Tribunal Contencioso Administrativo al Poder Judicial del Estado— y decretaron su reintegración en un periodo relativamente corto de tiempo —treinta días a partir de la publicación y entrada en vigor del decreto.

En este caso, lo importante no fueron necesariamente las instituciones sino las personas. En esencia, parece un avance importante el hecho de que finalmente los diputados locales hayan vencido la resistencia a reintegrar a la Auditoría Superior y el Tribunal Contencioso Administrativo, aunque esto se relativiza ante la magnitud de los cambios institucionales que son necesarios a la luz de la inminente —pero hasta ahora poco atendida y, en términos de convocatoria, prácticamente desierta— puesta en marcha del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

Es importante, sí, porque le darán salida a personajes como Carlos Altamirano Toledo, que nunca logró generar la certidumbre que era necesaria no sólo entre la clase política, sino entre la ciudadanía, de que en verdad era un servidor público autónomo y comprometido con sus funciones.

Esto porque tarde —cuando ya nadie le creía; después de años de permanecer escondido (literalmente) en las penumbras de su oficina; y luego de que él mismo se encargara de generar la apariencia de que no contaba con la fuerza física, moral y política para revisar las cuentas de quien lo había llevado a ese cargo desde su propio gabinete de gobierno—, Altamirano Toledo intentó generar —apenas hace tres semanas— la idea de que sí era un funcionario autónomo; que la institución que encabeza sí había logrado resultados tangibles y que sí sería capaz de perseguir a los corruptos. Lo hizo, pero siguiendo la pésima estrategia de ponerse a pelear con los diputados actuales, y evadir el tema de fondo que radicaba en cómo haría para perseguir a los funcionarios corruptos de Gabino Cué que cometieron actos indebidos en la administración pública estatal.

Por esa razón, si bien el tema del cambio de denominación e integración de la ASE sí es importante, lo habría sido mucho más que en el terreno de lo sustantivo los diputados hubieran logrado ir al fondo y calcular no sólo el tema político relacionado con las personas y los grupos, sino prestar la mayor atención posible para tomar las medidas que le dieran certidumbre a la ciudadanía sobre el funcionamiento del Sistema, para lograr su participación en el mismo.

FALTA MUCHO

Hay mucho trabajo legislativo aún. Los diputados lograron procesar el contenido de la Ley de Fiscalización Superior, de la Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; pero lo cierto es que faltaron algunas reformas al Código Penal del Estado; a la Ley Orgánica de la Fiscalía General; a la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; y varias otras que tendrían que ser reformadas. ¿Por qué no ocurrió?

Quizá porque hasta ahora los diputados asumen que esto puede ocurrir en un segundo momento, cuando pasen la presión del quebranto del plazo que ellos mismos se impusieron para la cumplimentación jurídica del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Sin embargo, en el caso de las reformas al Código Penal, éstas resultan de la mayor importancia porque significan la evolución de los mecanismos para perseguir judicialmente a quienes cometan actos de corrupción tanto desde la esfera del sector público como en el ámbito privado cuando esto sea a través de sus relaciones con servidores públicos.

Y, de hecho, ahora lo más importante será que tanto los diputados como todos los que participan del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, logren vencer el recelo que tiene la ciudadanía sobre su propia participación en la conformación de los órganos que regirán este nuevo mecanismo.

La razón es comprensible: en innumerables casos, los ciudadanos han sido utilizados como arietes, o como comparsa, para legitimar procesos de selección de personajes afines a los partidos o al poder público. Ello ha pasado en innumerables ocasiones, y eso lleva a pensar que la (casi) declaratoria de deserción del Comité de Selección del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, tiene su origen en eso.

Por eso, si los diputados ya lograron procesar la parte más sustantiva del andamiaje jurídico, ahora deben generar certidumbre y confianza para que la gente participe. De nada servirá un sistema consolidado jurídicamente pero desierto en términos de confianza. Tienen el reto mayor de vencer los escollos que largamente se han ido fermentando desde el propio Congreso del Estado.

NUEVOS RETOS

Se vestirán mucho los diputados si logran —ahora sí— incorporar a las personas más preparadas en los cargos que a partir de hoy están vacantes. ¿Habrá forma de que no vuelvan a triunfar los compromisos y afanes políticos? Pronto lo veremos.