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La próxima integración del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, deben imperar los principios constitucionales por encima de cualquier interés o criterio político. Esto, a la luz de la praxis política parece algo redundante o bisoño, debiera ser en realidad el principal punto de referencia para un paso tan importante como este que tiene que ver con la fiscalización y la rendición de cuentas. No considerarlo, es tanto como convalidar el triunfo de la mezquindad sobre el mandato de las normas que nos rigen.
En efecto, existen varias cuestiones que deben ser consideradas en este proceso tan particular que viven las instituciones de Oaxaca. Una de ellas, es el hecho de que la conformación del Órgano Superior de Fiscalización constituye no sólo una tarea de orden político sino que es uno de los pasos fundamentales para la puesta en marcha del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Otra, radica en el hecho de que el OSFEO representa un órgano vital para la confianza de la ciudadanía porque será el encargado de llevar a cabo los procesos de revisión al ejercicio gubernamental; y otra, por demás importante, se encuentra en el hecho de que en la conformación y el funcionamiento del OSFEO quedará demostrada la voluntad del régimen por establecer nuevos parámetros para la rendición de cuentas en Oaxaca. Por eso hay que seguir de cerca este proceso, y exigir que se lleve a cabo conforme a lo que establece la Constitución del Estado.
¿De qué hablamos? De que, por un lado, el Órgano Superior de Fiscalización debe ser integrado en los términos de la Constitución, y no con base en criterios políticos. Al respecto, dice la Constitución en el artículo 65 bis —y esto bajo ninguna circunstancia debiera ser perdido de vista—: “Para ser Auditor se requiere contar con experiencia de cinco años en materia de control fiscalización, auditoria gubernamental y de responsabilidades…”. De este modo, queda claro que la Constitución exige que se cumplan todos esos parámetros, y no sólo uno o algunos de ellos, para poder ocupar el cargo de Titular del OSFEO, y resulta también cuestionable que la convocatoria no prevea ningún requisito que cumplir o que tiene que se deba acreditar en materia de responsabilidades de los servidores públicos, una omisión que incluso es inconstitucional.
Por eso, el Auditor Superior del Estado, o el Titular del nuevo Órgano Superior de Fiscalización, debe ser un verdadero experto en los temas que estaría destinado a conocer. En el ideal, debería existir un examen de oposición o de conocimientos, como un parámetro mínimo para que cualquier aspirante pudiera legitimarse en sus aspiraciones de convertirse en el titular del órgano fiscalizador, y luego demostrarlo a través de otros mecanismos técnicos.
Por esa razón —y así lo hemos apuntado en otros momentos en este espacio, y hoy lo subrayamos— resulta importante lo que decidan los diputados, más allá de la coyuntura política. El nuevo auditor debe ser un experto en fiscalización, pero además un conocedor de los temas de control, auditoría y los demás rubros que establece ya la Constitución como prerrequisitos para aspirar a la titularidad del nuevo órgano.
Ese debería ser uno de los puntos más finos de la actual discusión, y seguramente será uno de los temas por los que pasen los diputados, además de la autonomía y la independencia del poder público que cada uno de ellos demostrara. De no ser así, entonces se estaría en repetición del pasado, primero porque estaríamos frente a un Auditor —y sub auditores— electos bajo criterios políticos y no acorde a los principios de la Constitución.
Y segundo, porque estaríamos de nuevo en el riesgoso escenario de la conformación de órganos constitucionalmente autónomos —aunque de hecho el OSFEO sigue siendo un organismo del Poder Legislativo con autonomía técnica y de gestión— que en realidad son relativizados desde el poder a partir de la falta de experiencia, y de la poca consistencia técnica en la elección de sus integrantes.
ELECCIÓN TRASCENDENTE
Otra de las cuestiones que será definitoria del rumbo que desde el Ejecutivo y el Congreso le den al OSFEO, será su presupuesto. Para nadie es un secreto que la antigua Auditoría Superior del Estado, y el nuevo OSFEO, es el órgano de fiscalización que tiene más entes fiscalizables en el país, por el solo hecho de que Oaxaca tiene 570 municipios, además de todas las dependencias que integran los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de los órganos autónomos, y los entes públicos y privados que reciben recursos públicos.
En contraste con lo anterior, resulta que el órgano de fiscalización en la entidad es el que tiene el menor presupuesto asignado de todos sus pares en el país —antes incluso de que en 2014 le redujeran otros 18 millones de pesos a su presupuesto para la creación de un elefante blanco legislativo denominado Órgano Técnico de Fiscalización, que depende de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado—.
Además, actualmente la ASE tiene menos de cien auditores —lo cual haría, en el mejor de los casos, seis auditorías por cada servidor público, y cada una de las revisiones lleva por lo menos dos meses de trabajo— y cada uno de ellos gana menos de 10 mil pesos al mes, por lo que técnicamente resulta imposible realizar una cobertura al menos digna, mínima y efectiva de la fiscalización establecida por la Constitución.
Por todo eso, aún cuando haya una correcta integración, si de todos modos el Estado no invierte lo necesario en el reforzamiento de las labores de fiscalización a través del rubro presupuestal, entonces todo lo que dice la Constitución sobre los fines que persigue la fiscalización superior, seguirá siendo una expectativa imposible de cumplir.
NOMBRES…
Por eso, en el primero de los rubros debe haber determinación y responsabilidad. De entre todos los nombres de quienes aspiran a conformar el nuevo órgano de fiscalización, son realmente contados los que verdaderamente cumplen con los requerimientos técnicos profesionales que establece la Constitución para todo aquel que desee integrar el nuevo OSFEO. El Congreso ya debería tener, a estas alturas, un balance serio de los aspirantes y sus antecedentes no políticos, sino técnicos y profesionales. Pues en realidad, de entre todos ellos, acaso el único que destaca notablemente por su larga carrera y preparación en temas de fiscalización, control y auditoría, es el contador público Ramón Icazbalceta Carrete, y quizá uno o dos más de la larga lista de aspirantes admitidos al proceso de integración del OSFEO. La medida de todo será la responsabilidad. Veremos pronto si los diputados están a la altura de lo que necesita Oaxaca.
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