Ante la definición de las candidaturas presidenciales, ¿los ciudadanos seguiremos en la inacción y omisión?

Este fin de semana se fijó el elemento que hacía falta en la carrera presidencial: el viernes se formalizó la conformación de la alianza PAN-PRD-MC, y al día siguiente se hizo inminente la designación de Ricardo Anaya Cortés como candidato presidencial de dicho frente. Esto se suma a la definición de Morena por Andrés Manuel López Obrador, y del PRI por José Antonio Meade Kuribreña. Al fijarse los principales nombres de la boleta electoral de 2018, ¿los ciudadanos debemos seguir esperando que las respuestas lleguen de las fuerzas políticas, o debemos comenzar a hacer algo para empujar temas y prioridades para el siguiente sexenio?

En efecto, las definiciones en la coalición “Por México al Frente”, completaron el panorama electoral rumbo a la elección presidencial de 2018. Ésta será una elección en la que uno de sus signos distintivos sin duda será la falta de consistencia ideológica entre lo que dicen representar las fuerzas políticas, y lo que sus abanderados en realidad manifiestan y le están proponiendo a la nación como su proyecto político. por eso mismo, vale la pena no dejar de considerar no la posibilidad, sino la necesidad —y la urgencia— de que la sociedad civil siga empujando temas en la agenda nacional. ¿De qué hablamos?

De que hoy, como nunca, representan lo que no son. Por un lado, el PRI intenta mostrarse como un espacio en el que, en las definiciones, ganaron las trincheras ciudadanas; Morena, con López Obrador, se asume como un partido de la izquierda más concentrada, aunque en realidad plantea una serie de proyectos, reformas y esquemas de gobierno que bien podrían haber emergido de lo más retardatario de la derecha conservadora de cualquier país; y como si algo hiciera falta, resulta que el Frente PAN-PRD-MC intenta también asumir la bandera de la ciudadanía, pero con procesos que han estado eminentemente enfocados hacia adentro, en los que han evitado el contacto y el tamiz de la ciudadanía, y en los que las definiciones y acuerdos cupulares han sido fundamentales, relegando de manera inocultable las exigencias y las inquietudes de la ciudadanía.

Este panorama resulta por demás preocupante, ya que en los hechos no parece existir ninguna definición consistente respecto a lo que quiere la gente, en algunos de los temas más importantes y preocupantes de la agenda nacional. Por ejemplo, es claro que uno de los temas que refleja enormes inconsistencias es el relacionado con el combate a la corrupción: ninguna de las tres fuerzas políticas tiene los antecedentes —personales o institucionales— suficientes como para dar la certidumbre de que hará algo distinto, y mejor, en el combate a la corrupción, que lo que se ha hecho hasta el momento.

Es cierto: José Antonio Meade es la mejor carta que tenía el PRI como su candidato presidencial —externo— simplemente porque en sus haberes no se cuentan —o no se conocen— actos indebidos que puedan significarle señalamientos de corrupción. El problema es que, a pesar de ello, él ha servido en posiciones de primer nivel en dos administraciones federales consecutivas, en las que su rasgo común ha sido la explosión de la corrupción, y la visibilización como nunca del hartazgo ciudadano en contra de esa práctica corrosiva para la legitimidad no sólo de los funcionarios, sino del Estado mismo.

Algo similar ocurre con Andrés Manuel López Obrador, aunque en un sentido mucho más profundo. El tabasqueño ha resistido —aunque no sin lesiones políticas— el costo de evidentes actos de corrupción cometidos alrededor suyo, desde los tiempos del Gobierno de la Ciudad de México —los casos del llamado Señor de las Ligas, y la opacidad que continúa existiendo respecto al costo real y las condiciones en que fueron construidos los segundos pisos del Periférico, durante su gestión como Jefe de Gobierno del 2000 al 2005—, y más recientemente casos de impunidad, encubrimiento y posible relación con el crimen organizado como el de los Abarca de Iguala Guerrero, o el más conocido relacionado con Eva Cadena en Las Choapas, Veracruz, que recibía dinero en efectivo para la campaña del tabasqueño.

En ese entramado, Ricardo Anaya no ha sido ajeno básicamente por los cuestionamientos consistentes sobre lo inexplicable de su lujoso estilo de vida, y la manutención de su familia en los Estados Unidos. Hasta ahora, Anaya se ha defendido retóricamente, pero sin poder ofrecer una explicación concreta sobre esa situación. Por eso, se puede afirmar que ninguno de los tres candidatos presidenciales es ajeno —personal o institucionalmente— a la corrupción, y por eso mismo cabe la posibilidad que ellos mismos intenten seguir bordeando el tema sin enfrentarlo a fondo, como sí lo exige la sociedad mexicana.

¿Y LA CIUDADANÍA?

El tema no es menor: debemos ser los ciudadanos quienes empujemos —o sigamos empujando, desde las trincheras en que nos encontremos— algunos de los temas que más preocupan y duelen al país. En lo relacionado con el combate a la corrupción, queda claro que algunos de los avances más notorios han surgido o por el reflejo del hartazgo ciudadano en los bajísimos niveles de aprobación tanto de los gobernantes como de los partidos políticos, o por la sociedad civil organizada que logra impulsar temas generando consensos que hacen eco en los órganos legislativos y en la clase política.

En esa lógica, el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción constituye una herramienta atípica que ha surgido de la combinación de esos dos factores. La preocupación del Presidente Enrique Peña Nieto por los distintos hechos de corrupción que empañaron irremediablemente su gestión de cara a una ciudadanía enojada e indignada, fue lo que impulsó las iniciativas que luego se convirtieron en el Sistema —ya que este había sido uno de los temas que originalmente había quedado fuera de la agenda prioritaria de las reformas estructurales—; y temas en concreto como la iniciativa que impulsó la llamada ley tres de tres, fueron resultado de un consenso ciudadano ganado a pulso y convertido en una necesidad frente a las fuerzas políticas. Aunque es ampliamente perfectible, la inclusión de la iniciativa de la declaración tres de tres, es un triunfo de la ciudadanía que logró meter el tema al Sistema, que originalmente no lo contemplaba.

MÁS TEMAS

Por eso mismo, es importante considerar la urgencia de que desde la ciudadanía, se fijen algunos temas prioritarios y se impulsen hasta lograr generar presión a los gobernantes. No es posible nuevamente sentarnos a esperar a ver qué proyecto de nación, o qué soluciones ofrecen quienes ahora aspiran a la presidencia. Es momento de tomar un papel proactivo para obligar a que actúen. De otro modo, no va a haber un cambio de fondo a favor de México.