Mes: febrero 2018
En 2018 estamos en vías de consolidar la docena —y media— trágica mexicana
Quién sabe cómo ocurra en otros países, pero en México es evidente que las convicciones en la vida pública están extraviadas por completo. Sólo aquí se aprecia, con toda naturalidad, que hoy un partido o facción política defiende con todo denuedo un planteamiento, proyecto o reforma, aunque apenas el día previo haya hecho y dicho, con igual intensidad, todo lo contrario. Aquí abundan los ejemplos. Y ante el regreso del PRI, y el aparente avance rápido de diversos temas en nuestro país, comenzamos a ver la magnitud de ese pragmatismo feroz que nos llevó a tener prácticamente dos décadas perdidas.
En efecto, es cierto que México no tiene todos sus problemas gracias a un solo hombre, a un solo partido o a un solo gobierno. De hecho, esa visión monocromática que pretende todo atribuirlo únicamente a las correcciones o incorrecciones del bando de los malos contra los buenos, es tan corrosiva como el hecho mismo de que supongamos que aquí todo pasa como producto de un mal gobierno, de un mal partido, de un mal gobernante o de una mala ideología. Nada en sí mismo tiene ese matiz. Y más bien, somos las personas, y nuestros errores y aciertos, lo que marca la diferencia entre algo constructivo o nocivo para nuestra nación.
¿Por qué afirmamos lo anterior? Porque en México hoy está muy de moda un término al que denominaron popularmente como “la docena trágica”, la cual bien puede extenderse a un periodo no de doce sino de 18 años. ¿A qué se refieren? Específicamente, la referencia se hace a los dos gobiernos emanados del PAN que, ciertamente, en dos sexenios deshicieron el poder que llegaron a tener y no sólo terminaron perdiendo las elecciones, sino siendo derrotados por el mismo adversario político, el Partido Revolucionario Institucional, a quien ellos habían derrotado apenas en los inicios de la década pasada. Es cierto, la derrota del panismo y su debacle son contundentes. Sin embargo, suponer que la llamada docena trágica es sólo producto del panismo es tanto como un error, y un exceso. Veamos por qué.
El solo gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa podría ser lo suficientemente trágico como para denominarlo así por la guerra contra el crimen organizado y por los desastrosos efectos que esta tuvo sobre la paz, sobre la legalidad y, en resumen, sobre los mexicanos. Sin embargo, al margen de eso lo cierto es que en muchos otros aspectos, en los que México también avanzó menos de lo que bien podría haber hecho, o en los que de plano se detuvo, no fueron culpa sólo del Partido Acción Nacional, sino de una combinación de factores que derivaron en la paralización de ciertos temas que eran torales para el país, y que ahora paradójicamente están avanzando en manos de quienes inicialmente se oponían a ellos.
Pongamos un par de ejemplos. Desde que el presidente Vicente Fox iba a asumir el poder, anunció que una de las primeras medidas de su gobierno sería la de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a alimentos y medicinas, que hoy están gravados con una tasa cero de impuestos. Decía el presidente Fox que esa sería una de las bases de la gran reforma fiscal que se pretendía para el país.
Y fue en gran medida el Partido Revolucionario Institucional quien se opuso terminantemente a que esa reforma se consolidara. Lucharon desde las trincheras legislativas oponiéndose a la iniciativa de reforma; lo hicieron también desde la base ciudadana alentando a las personas a inconformarse con medidas que consideraban como lesivas para la economía popular. Y también lo hicieron desde la manipulación populista, argumentando que los mexicanos necesitaban exactamente lo contrario a la imposición de más gravámenes. Y con todo eso pararon la gran reforma fiscal que habría dado aire fresco a las finanzas nacionales.
REHÉN DEL PARTIDISMO
Otro de los grandes temas fue la discusión respecto a Petróleos Mexicanos y la industria de los hidrocarburos en México. En los últimos años, la discusión sobre ese tema dejó atrás prácticamente todos los argumentos razonados para pasar a la abierta irracionalidad. Hoy el supuesto “nacionalismo” de quienes antes se opusieron a cualquier tipo de reforma en materia energética (prácticamente sin ver cuál era su contenido, y anteponiendo los dogmas sin abonar a las necesidades apremiantes del país) es el mismo con el que se impulsó la reforma energética.
El ejemplo visible de ello está en los llamados “gasolinazos”. Durante el gobierno del presidente Calderón, éstos fueron repudiados por amplios sectores de la población, también alentados por partidos como el PRI. ¿Pero qué ocurrió después? Que los “gasolinazos” no sólo no se detuvieron, sino que continúan aplicándose con incrementos mayores, mensuales, al precio de los combustibles. Lo único que cambió fue la denominación.
De “gasolinazos” pasaron a ser “deslizamientos” ante el interés de quedar bien con el nuevo gobierno, y ante la decisión de las demás fuerzas políticas de oposición de secundar los proyectos del Revolucionario Institucional a cambio de otro tipo de prebendas políticas. Finalmente, los gasolinazos y los deslizamientos se terminaron para dar paso a la libre flotación de los combustibles, el cual sigue siendo un tema al que sólo acuden los partidos y los políticos cuando tienen la necesidad de una bandera opositora al gobierno, aunque en realidad no tengan convicción alguna por la defensa de la economía familiar, del bolsillo de la gente, o de la situación que impera en la mayoría de las familias mexicanas.
Así, lo que queda claro es que México es un país en el que el pragmatismo venció por completo a cualquier forma de convicción política. No hay forma de defender un proyecto o un tema con denuedo y argumentos sólidos. Muchos de los que pretenden hacerlo, terminan instalados en un radicalismo inopinado que también le hace mal. Pero los más, terminan ubicados en formas de hacer política en los que lo que vale es la conveniencia y las necesidades políticas del momento, pero no los temas que deberían ser parte toral de la agenda pública en nuestro país.
PAÍS SIN CONVICCIONES
Muchos de los temas que fueron duramente rechazados en el pasado, hoy son una realidad ante la mirada impasible, cómplice o disimulada de las fuerzas de oposición. El PAN, que durante doce años impulsó la estabilización de los precios de los combustibles, es quien hoy reprocha a un funcionario de sus gobiernos, por haberlo hecho. El PRI hizo suya la guerra anticrimen del panismo. Y el perredismo y Morena están tan enlodados por la corrupción que tanto denuncian de sus adversarios. ¿Qué queda? La evidencia de que somos un país con un sentido muy laxo —si no es que nulo— de convicciones políticas, democráticas y de congruencia.
Los sindicatos en Oaxaca emulan a la S-22 en la ilegalidad de sus acciones de protesta
Es increíble cómo una facción sindical que no cuenta con reconocimiento legal ni toma de nota, es capaz de cerrar toda una institución y mantenerla así para forzar una negociación que, a su vez, no es reconocida por el grupo mayoritario del mismo sindicato. Eso, que pudiera resultar increíble, es algo que cotidianamente ocurre en Oaxaca con los gremios y las instituciones, a las que presionan a pesar de no contar con el respaldo legal para hacerlo, sino sólo la fuerza y la organización de sus agremiados. Es una de las varias herencias de ilegalidad que le ha dado a Oaxaca la Sección 22 del SNTE.
En efecto, desde la semana pasada el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) emplazó legalmente a huelga a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Luego de que el rector Eduardo Bautista Martínez estableciera mesas de trabajo y entablara acuerdos con la mayoría sindical, el STAUO anunció que se desistiría de la huelga siempre que se cumplieran algunas condiciones que la administración central no tuvo mayor empacho en conceder porque no implicaban una carga financiera desbordada para las finanzas universitarias.
No obstante, hubo una facción radicalizada del STAUO la que decidió no hacer eco a la decisión tomada por la mayoría sindical. Así, a pesar de ser un grupo minoritario, decidieron tomar las instalaciones universitarias, encadenar todos sus accesos e instalar banderas rojinegras como si se tratara de una huelga. En realidad no era así, porque además de no ser la dirigencia sindical, ni contar con la toma de nota, ni tener a la mayoría de los agremiados, y tampoco haber seguido el procedimiento que establece la Ley Federal del Trabajo para el estallamiento legal de una huelga, ellos lo simulan de ese modo cuando en realidad de lo que se trata es de un paro unilateral de labores motivada en la intención de generar presión para lograr una negociación política.
En ese sentido, vale la pena recordar que la toma de nota de Comité Directivo, es el documento que expide una Autoridad Laboral, por el que da fe de la elección de los directivos de una organización sindical (sindicato, federación o confederación). En ella se indica que derivado del cumplimiento del proceso de elección establecido en sus estatutos, diversos miembros fueron elegidos para integrar al comité directivo de dichas organizaciones, los cuales van a representarlos ante autoridades y empresas, entre otros. De entrada, el STAUO enfrenta el problema de la división interna, y de que el grupo que mantiene tomada la Universidad no es quien cuenta con la toma de nota.
Esa es la razón por la que el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Francisco Martínez Sánchez, dijo que declaró inexistente la huelga en la UABJO, porque el grupo interno del Sindicato de Trabajadores Académicos que inició el paro de labores y la toma de instalaciones universitarias, carece de su toma de nota, y en consecuencia no tiene la figura legal para exigir a la rectoría la revisión de su contrato colectivo de trabajo y en consecuencia, emplazar y estallar a una huelga general.
“El gremio tiene un problema interno, no han definido en la ley a su dirigente, el STAUO se dividió en dos fracciones, y no se han puesto de acuerdo para definir la titularidad de su comité seccional, y por ello, al existir una incertidumbre interna en el gremio, un vació legal, la junta laboral no puede otorgar la toma de nota al sindicato”.
Martínez Sánchez, afirmó que para el gremio pueda emplazar a huelga la UABJO, deben acreditar su personalidad jurídica ante la Junta Laboral. Afirmó que la UABJO, puede presentar una demanda para recuperar y exigir la devolución y entrega de sus instalaciones, ya que no hay una huelga jurídica, sino una huelga de facto, e instó a la autoridad universitaria actuar con inteligencia, valiendo una salida política al conflicto, dialogando con las partes para instar a que depongan actitudes y opten por la entrega de las instalaciones universitaria de forma pacífica.
Sin embargo el abogado general de la UABJO Héctor Sánchez, dijo que se presentará una denuncia por despojo de las instalaciones, para que por orden judicial se pueda exigir su devolución y entrega, lo cual no sería extraño que sí pudiera ocurrir ante la ilegalidad de las acciones emprendidas por dicho grupo de trabajadores, enmascaradas en la apariencia de una huelga.
HERENCIA MALDITA
¿Cómo puede ocurrir algo así, a la vista de todo, y que no ocurra nada? La explicación debemos ir a buscarla en la forma en cómo ha actuado el sindicato más grande y organizado que existe en Oaxaca, y que es la Sección 22 del SNTE. Ellos, que recientemente pelearon arduamente porque les extendieran la toma de nota a su dirigencia sindical, en realidad lo hacen porque a través de esa toma de nota —que encierra el reconocimiento a sus representantes— es como pueden acceder a los recursos económicos captados por concepto de las cuotas sindicales que les descuentan a sus agremiados.
Ahí radica su interés, pero no que ese reconocimiento sirva para llevar a cabo procedimiento legal alguno para emplazar a huelga o realizar cualquier acción legal en contra del patrón —que en este caso son el gobierno federal, y el estatal, en lo que los corresponda según sus respectivos ámbitos de competencia. De hecho, la 22 nunca se ha preocupado por estallar una huelga legalmente, sino que todas sus acciones y conquistas sindicales las ha conseguido por la vía de la movilización, de la fuerza y de la organización, desdeñando por completo cualquier cosa que tenga que ver con procesos legales para lograrlo.
BASES ILEGALES
Esto es algo que resulta por demás palpable en Oaxaca, aunque en realidad ya a nadie le importa. El gobierno estatal, históricamente ha estado preocupado por reaccionar a cualquiera de las acciones de presión emprendidas por el magisterio, sin revisar si éstas tienen alguna base legal. De hecho, nunca la han tenido. Sin embargo, por un lado eso ha pasado a segundo plano porque lo que al gobierno le ha preocupado siempre es conseguir que esas movilizaciones no se conviertan en problemas sociales; y, por el otro, tampoco le ha dado mucha importancia porque —según quedó demostrado en 2006, cuando de forma desastrosa intentaron romper por la vía de la fuerza pública una acción de fuerza emprendida por el magisterio— el gobierno tampoco tiene a la fuerza policial suficiente como para recuperar la legalidad en un caso como esos. Así, queda claro que acciones como la que ahora lastima a la Universidad, en realidad es una herencia maldita de la 22, que otros aprovechan cotidianamente.
¿Por qué en Oaxaca nadie se preocupa por reglamentar los gobiernos de coalición?
Es muy probable que el resultado de los comicios del próximo 1 de julio en Oaxaca plantee un escenario propio de una prueba de fuego para la organización democrática y la relación entre poderes. Parte de esa posibilidad, radica en que podría haber un Congreso local de mayoría opositora, y por ende un Ejecutivo gobernando con minoría legislativa. Es cierto que aún ese escenario, puede sobrellevarse a través de la construcción de consensos políticos —visibles y ocultos—; sin embargo, sería más saludable pensar en la reglamentación e implementación de los gobiernos de coalición, para normar y transparentar los acuerdos y las corresponsabilidades derivadas de la construcción de las mayorías que son necesarias para gobernar.
En efecto, en lugar de generarse desgaste inútil en temas de poca trascendencia en el Congreso local, es evidente que el Ejecutivo del Estado debería estar ya trabajando de forma muy detallada y pormenorizada todo lo que se relaciona con los gobiernos de coalición en la Constitución del Estado, porque esa sería la forma de canalizar adecuadamente los acuerdos y los consensos en un gobierno que necesitaría contar con una mayoría legislativa para no entrar en la parálisis; pero partiendo del hecho de que dichos acuerdos y corresponsabilidades sean públicos y verificables.
Hasta ahora hay sólo rastros generales de esa figura en las leyes locales, pero no existe el desarrollo pormenorizado que ya debería haber, para evitar que después de los comicios de 2018, el gobierno se tambalee ante la inestabilidad derivada de los resultados electorales. Este es un resultado ampliamente previsible. Y por eso, en lugar de perder tiempo en frivolidades, intereses personales y errores, los asesores del Ejecutivo, y la bancada priista, deberían invertir su capital político —poco o mucho que le quede a los diputados priistas, máxime que hoy encabezan la Junta de Coordinación Política— en el perfeccionamiento de ciertas figuras que después le serían de gran utilidad.
En efecto, hay amplias posibilidades de que la elección concurrente de 2018 sea de un resultado complicado para el priismo en la entidad. Las razones no se basan sólo en el trabajo político que pueda desarrollar el priismo local en los comicios donde se elegirán diputados locales, diputados federales, senadores y Presidente de la República, sino en los factores nacionales que ponen a Oaxaca como un semillero de votos de un partido distinto al que gobierno.
En esa lógica, es ampliamente sabido que el Movimiento de Regeneración Nacional se beneficia reiteradamente de los votos que le suma Andrés Manuel López Obrador, y que del 2006 a la fecha ha sido una constante que en las elecciones en las que el tabasqueño es candidato, en Oaxaca todos los resultados le terminan siendo favorables.
Esa fue la inercia que en 2006 llevó a Gabino Cué a la Senaduría; que en 2012 llevó también a Benjamín Robles Montoya —cuando todavía AMLO militaba en el PRD— al triunfo, en ambos casos acompañado de nutridas bancadas en la cámara baja federal. Y por eso mismo, no hay una sola razón para no suponer que ocurra lo mismo en 2018, con la agravante —para el PRI— de que ahora habrá elecciones concurrentes.
ELECCIÓN CONCURRENTE
En estos comicios de 2018 se renovarán las cámaras federales y la Presidencia de la República, pero también se elegirán diputados locales. Y, en esa lógica, lo que resulta más relevante es que ese resultado electoral local, quedará en buena medida anclado a lo que ocurra en la contienda presidencial, y a cómo se desenvuelvan las campañas para las diputaciones federales y las senadurías.
Ello agrega ingredientes importantes de incertidumbre para el régimen estatal, que ya probó sus capacidades de triunfo, pero que no se ha enfrentado a la variable de tener ante sí una elección concurrente (con el ingrediente adicional de ir empatada con una elección presidencial) en la que son otros los factores, las inercias y las efervescencias entre los electores, que generalmente se animan más a salir a votar, y eso hace los resultados mucho más inciertos en lo que corresponde a los factores locales.
En esa lógica, ¿el gobierno estatal ya tiene al menos lecturas y proyecciones preliminares del 2018? Porque para efectos del Gobernador, es claro que sí puede haber un gobierno con minoría legislativa; pero es también claro que esto se convierte en una pesadilla ante la imposibilidad de construir acuerdos con una mayoría parlamentaria que le es adversa (y también abre la tentación de construir consensos de espaldas a la ciudadanía). Por esa razón, si 2018 es un año en el que López Obrador y Morena pudieran avanzar en Oaxaca, lo lógico sería también suponer que en esa inercia se llevarían muchos triunfos en las diputaciones locales, dado el respaldo popular que tiene el tabasqueño en nuestra entidad, y la ausencia en general del voto diferenciado.
En ese escenario, ¿el gobernador Alejandro Murat está preparado para gobernar con minoría legislativa a partir del tercer año de su gobierno? ¿Qué alternativas de gobierno está construyendo, en la política y en la ley, para encarar un escenario en el que no necesariamente cuente con la cómoda mayoría de su partido en el Congreso local?
Los escenarios de 2018 sólo auguran adversidades para el PRI en la entidad. Queda claro que las votaciones presidenciales Oaxaca sigue siendo obradorista, y que el PRI no tendrá ningún candidato fuerte —ni el presidencial, porque quien resulte electo por el PRI de todos modos no tendrá ninguna conexión con Oaxaca; ni tampoco en las diputaciones federales y senadurías, como para asegurarle un equilibrio a AMLO y a quienes ponga de candidatos—.
Por esa razón, sería más importante que nunca construir el andamiaje para los gobiernos de coalición, porque además esa sería una salida no sólo viable y posible, sino también democrática y de avanzada. Hasta ahora todos le apuestan a no ensayar nuevas figuras y a ceñirse a los viejos modelos en los que una vez establecida la nueva composición electoral, unos y otros se sientan a negociar sin establecer programas exactos ni esquemas de corresponsabilidades a cambio de los temas en conjunto que se deciden a impulsar.
COALICIONES TRANSPARENTES
Al final, de lo que se trataría es de generar un esquema de avanzada y capaz de responder no sólo a las necesidades de la gobernabilidad, sino también ser verificable para la ciudadanía. Los electores merecen saber cómo y qué se negocia; a cambio de qué un partido decide apoyar a su adversario, y ambos a qué se comprometen a cambio de ello. No es cosa del otro mundo, sino de comenzar a dar los primeros pasos, incipientes, hacia el semi parlamentarismo que quizá algún día haga más eficientes y legítimas las acciones de gobierno en Oaxaca, y en el país.
Oralidad mercantil reduce en 70% el tiempo de trámites y resolución
El TSJO se adapta y responde a las necesidades de la sociedad
Al cumplirse un mes que el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJO) iniciara con la aplicación del sistema de juicio oral en el ámbito del derecho mercantil, se ha reducido el tiempo en dos meses o de manera inmediata para obtener sentencia y con ello se favorece a los justiciables.
En entrevista, el juez de oralidad mercantil, Miguel Ángel Hernández Bautista, comentó que la implementación de la oralidad en temas de índoles mercantil, permite una resolución inmediata y mayor eficacia en el trabajo.
“El sistema oral viene a revolucionar el trámite de los asuntos porque se adapta a las necesidades de la sociedad. El procedimiento tradicional que manejamos corresponde a etapas distintas de años atrasados”, comentó el juez Hernández Bautista, especialista en oralidad mercantil.
El tiempo de los trámites de los casos se redujo en un 70 por ciento, ya que anteriormente pasaban seis meses para realizar una parte del proceso, ahora las respuestas se reducen a dos meses o de manera inmediata.
En el Sistema Tradicional, puntualizó el Juez, los casos eran resueltos en dos años, ahora se requieren de dos a cuatro meses, lo cual reduce gastos y desgaste de los involucrados, además que las notificaciones se realizan de manera electrónica, lo cual facilita que la información sea clara y precisa.
“En el Sistema Oral el juez escucha a las partes; está presente en el desahogo de pruebas, donde observa el comportamiento de los involucrados, lo cual le permite tener una idea más exacta para dictar la sentencia, la cual es apegada a derecho y justa, ya que la resolución está fundada en los hechos vistos”, comentó Hernández Bautista.
Entre los casos que más se trabajan en el Sistema Oral de índole mercantil, son el reclamo de un pago, incumplimiento o nulidad de contrato y acciones relacionadas con empresas aseguradoras, esto a partir del 25 de enero, cuando se adaptó el nuevo sistema.
Para que el beneficio de los juicios orales en materia mercantil lleguen a todo el estado, se prevé se instalen en breve juzgados de oralidad mercantil en Tuxtepec, Salina Cruz, Huajuapan y Puerto Escondido, esto por instrucciones del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho y en cumplimiento con las reformas realizadas al Código del Comercio, precisó el entrevistado.
El problema de la baja recaudación y la evasión del impuesto a la tenencia, no es sólo de Oaxaca
En Oaxaca se han ensayado diversas soluciones respecto a la decreciente recaudación del impuesto a la tenencia y uso de vehículos, como gravamen estatal. Una de las razones por las que dicho impuesto ha sido un fracaso en su régimen local, es por la heterogeneidad que existe respecto a su cobro en las demás entidades federativas. Por eso, a pesar de que en Oaxaca ha crecido de manera importante el número de vehículos de motor que circula en las calles, esto no se ha reflejado en una mayor recaudación. Pudiéramos pensar que éste es un problema local. Aunque en realidad, resulta toda una interrogante nacional saber qué futuro puede tener un gravamen como éste, en el que existen fugas por todos lados y en el que siempre hay un ganador que, paradójicamente, se rige por las reglas de la oferta y la demanda.
En efecto, en 2012 el Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos dejó de ser un gravamen federal, y al quedar abrogada la norma federal que lo establecía, los estados de la República quedaron en potestad de decidir si continuaban cobrando ese impuesto, o dejaban de hacerlo. Varias entidades de la República, como el entonces denominado Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala y varias otras, anunciaron el fin del cobro de la tenencia. Sin embargo, en Oaxaca el cobro de derechos vehiculares estaba anclado a la deuda pública. Por eso, mientras en algunas entidades el impuesto desapareció, en otras persistió y se convirtió en un dolor de cabeza por la fuga de emplacamientos hacia entidades donde ya no había el cobro de tenencia.
¿Qué intentó hacer, a partir de 2012, la Secretaría de Finanzas en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública? Su intención era realizar operativos para detener los vehículos que circulaban en la entidad con placas de otros estados del país. Se decía que el intento iba encaminado a confrontar el domicilio del emplacamiento, con el domicilio proporcionado por el dueño del vehículo en sus demás documentos vehiculares. Si se corroboraba que en el emplacamiento había un domicilio foráneo, y que en los documentos había otro de la misma persona pero en la entidad oaxaqueña, entonces podrían configurar un supuesto jurídico de evasión fiscal, y que a través de ello podrían inmovilizar el vehículo y llevarlo a un encierro, y obligar al propietario a pagar aquí su tenencia para recuperar la unidad de motor.
EL FUTURO DE LA TENENCIA
De acuerdo con el analista económico Fausto Hernández (http://bit.ly/2ELrMOb), un error, de muchos que tuvo la administración de Calderón en materia económica, fue la de abrogar La ley del Impuesto sobre la Tenencia o uso de vehículos por decreto publicado en fecha 21 de diciembre de 2007, pero que entró en vigor el 1º de enero de 2012. Es decir, se trasladó la potestad de este impuesto a las entidades federativas a partir de esa fecha.
En principio, la “tenencia” es un impuesto progresivo donde paga más quien más tiene (en términos absolutos). Segundo, es muy fácil de recaudar y de difícil evasión o elusión si la tasa se fija a nivel federal que evita la degradación de tasas (y se participa el 100 por ciento a las entidades federativas), como era el caso hasta antes del 2012. Por último, es “verde”. Todas ellas características muy deseables.
En un ambiente de baja recaudación en los estados (en parte porque poseen un reducido número de potestades tributarias y en parte porque el propio gobierno federal así lo quiere), éste debiera representar un elixir para ellos. Sin embargo, la decisión de removerla seguramente obedeció a un sistema de relaciones financieras intergubernamentales plagado de incentivos a no recaudar, como lo es el caso de la tenencia, pues en su evaluación costo-beneficio, las entidades federativas calcularon que el incremento en aportaciones, participaciones y convenios era más que suficiente para sufragar sus erogaciones, y al mismo tiempo captar así votos con medidas populistas como la eliminación de dicho gravamen.
Dicho esto, una de las entidades que más perdió fue la CDMX. Con todo, presenta tratamientos especiales para autos con valor menor a 250,000 pesos (incluyendo el IVA), a los que les exenta el pago. El problema es que como toda regulación ésta puede eludirse (aspecto que todo político debe entender antes de regular), pues está sujeta a lo que el profesor Ed Kane bautizó como la “dialéctica regulatoria”, que consiste en que toda regulación deja espacios para la elusión o difícil detección de la evasión, la que es aprovechada por los agentes. Cuando el regulador se da cuenta de las consecuencias no deseadas de su regulación, decide re-regular, pero nuevamente deja otros espacios de elusión o evasión. El asunto constantemente se repite (ver gráfica de abajo).
Pues bien, en el caso de la tenencia en la CDMX (y hasta los de NL), los agentes fueron a emplacar al estado de Morelos y Edo México, y así evitar el impuesto a la propiedad de automóviles. Esto indudablemente ha impactado la recaudación en la CDMX. Por ejemplo, para 2017 la secretaría de finanzas de la CDMX esperaba recaudar por este concepto (derechos e impuestos) un total de 5,246.8 millones de pesos. Se recaudó solo $4,982 mdp, a lo que la Secretaría argumenta que “El resultado adverso de esta contribución pudo ser consecuencia de: i) una contracción en las operaciones observadas respecto a igual periodo de 2016, ii) una posible migración de vehículos a estados vecinos con otros beneficios fiscales en el pago del impuesto, entre otros”.
Según el analista, una propuesta viable sería que los estados, como CDMX, exenten a los vehículos en regla de cualquier año y precio del impuesto sobre la tenencia y evitar así el emplacamiento en estados vecinos. Paralelamente cobrar derechos de emplacamiento de manera diferenciada. Permítaseme realizar una simulación con supuestos incluso conservadores. Mi supuesto es que se recupera el 20% del registro de autos de los estados vecinos para el primer año y posteriormente alcanzar un 70%.
Así, para los vehículos de hasta 250,00 pesos el cobro de derechos sería de $550; para los que están entre 250,001 y hasta 500,000 pesos, el cobro sería de $1,100; mientras que los que su valor se encuentre por arriba de 500,001 pesos sería de $1,590. Asumo que aquellos vehículos comprados por los residentes de la CDMX valuarán que ir a emplacar a los estados vecinos representa un costo de transacción, por lo que estarían dispuestos a pagar un mayor cobro de derechos, pero que proporcionalmente al valor del auto es muy bajo.
PROPUESTA ALTERNA
Según Fausto Hernández, lo importante es que en el futuro desaparecería el incentivo de irse a emplacar a estados vecinos y con ello, aumentaría año con año la recaudación por este concepto pudiendo llegar a valor presente en unos cuantos años a 1,200 millones de pesos adicionales anualmente. Debo enfatizar que esta propuesta se argumenta de manera positiva, más que normativa. Desde esta última perspectiva, mi inclinación sería que la tenencia se fijara a nivel federal y se participara al 100 por ciento a las entidades y así evitar el comportamiento perverso y populista de los estados para beneficiar a los “ricos”. Desaparecería el “race to the bottom”.
