Sólo con un gobierno de coalición —del que nadie habla— los candidatos presidenciales podrían cumplir sus promesas

Al asumir sus respectivas candidaturas, los tres principales aspirantes presidenciales establecieron los ejes de su campaña y de sus propuestas. Por un lado, establecieron como una prioridad el combate a la corrupción, pero también hicieron otros planteamientos que, para ser alcanzables, indispensablemente tendrían que pasar por reformas legales y constitucionales, y por manifestaciones de consenso entre partidos políticos. Llama la atención que todos hablen de promesas de cambio, pero que nadie diga cómo podría alcanzarlas.

En efecto, en sus respectivas asunciones los candidatos presidenciales establecieron un marco de propuestas que tendrán que ser no sólo el eje de sus respectivas campañas, sino también planteamientos de salida para sus respectivos gobiernos. El más importante de ellos es el reconocimiento de que la corrupción y la impunidad son dos de los temas que más le duelen a la sociedad mexicana, y que por esa razón ninguno de los esfuerzos institucionales y políticos hasta ahora realizados ha sido suficiente para atemperar la indignación de la ciudadanía frente al ejercicio del poder.

En esa lógica, es evidente que si bien uno de los ejercicios que podría intentar cualquiera que resulte Presidente de la República es la reactivación de un gran acuerdo de las características del Pacto por México, lo cierto es que está comprobado que esos son mecanismos transitorios y potestativos que difícilmente pueden llevar al Estado a un puerto reconocible, a partir de que no existe un reconocimiento concreto de los compromisos que recíprocos que son necesarios de cumplir, para poder transitar hacia una gobernabilidad democrática y consensada entre todas las fuerzas.

De hecho, desde el gobierno del Presidente Vicente Fox, el gobierno federal ha intentado establecer pactos generales o temáticos con las fuerzas opositoras, pero en todos los casos ha quedado en evidencia la insuficiencia de los mismos. La razón es palpable: en todos los casos, dichos Pactos no tienen la fuerza de un acuerdo institucional reconocido por la ley, y tampoco cuentan con los equilibrios necesarios como para perdurar en el tiempo a partir de un reconocimiento mutuo de responsabilidades.

Incluso, el Pacto por México fue sólo transitorio porque los partidos de oposición no establecieron más compromisos en su agenda, que los relativos a las reformas. Por un lado, el PRI y el gobierno federal no dieron pautas concretas sobre la aplicación y la implementación de dichas reformas, o de los cambios administrativos que impulsarían a la par de las reformas, apuntando hacia un gobierno más transparente, honesto o incluyente; y las fuerzas opositoras no se sintieron obligadas a mantenerse en el Pacto —que era sólo legislativo— porque no había ningún incentivo institucional o democrático —establecido no entre ellos, sino de cara a la ciudadanía— que los conminara a mantenerse en el mismo hasta la consecución de algunas metas.

GOBIERNOS DE COALICIÓN

En realidad, al país no le quedan muchas alternativas en la construcción de consensos y mayorías. A todos nos queda claro que la pluralidad de fuerzas en el Congreso federal ha traído muchos beneficios democráticos para los mexicanos, pero su gran deficiencia ha radicado en la incapacidad de las fuerzas políticas para construir mayorías y consensos. Acaso, el único ejercicio exitoso fue el Pacto por México, con el problema de su vida efímera y el repudio que después le han proferido los propios partidos independientemente de la calidad de sus resultados.

Como los pactos no son suficientes, y ningún partido ganará con una mayoría suficiente en 2018 como para impulsar por sí solo los cambios constitucionales e institucionales que son necesarios para poder cumplir con cualquier programa de gobierno, la herramienta que todos tendrían al alcance debería ser la figura de los gobiernos de coalición. Ésta es ya una figura contemplada en la Constitución federal, aunque carece de reglamentación y de parámetros como para que pudiera optarse por dicha figura.

Frente a esa figura constitucional, se encuentra la realidad. Esa realidad indica que no hay forma de que quien resulte Presidente —Meade, Anaya o López Obrador— pueda cumplir sus promesas si no intenta la generación de un pacto. Ese pacto, como lo hemos conocido, sería no sólo insuficiente sino también inviable dadas las experiencias del pasado. Por eso, tendrían que construir un gobierno de coalición, en el que se establecieran no sólo metas transitorias o legislativas, sino compromisos de gobierno y legislativos compartidos como para lograr una amalgama de fuerzas que transite junta a pesar de las circunstancias o las vicisitudes.

Pues, de hecho, a diferencia de la conformación de un pacto —que es transitorio, potestativo y sujeto a los tiempos políticos—, en un gobierno de coalición tendrían que existir objetivos comunes concretos, así como responsabilidades específicas para todos los participantes a partir de la construcción de una mayoría equilibrada. Por esa razón, si por ejemplo el objetivo de todos los candidatos presidenciales es hoy robustecer el sistema anticorrupción, ello tendría que pasar por la reingeniería del modelo constitucional de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, así como por la elección de los integrantes de ese entramado —los que están y quizá tendrían que reponerse, y los que faltan—. Y todo ello tendría que pasar por reformas legislativas en las que tendría primero que construirse una mayoría de fuerzas, y después un reparto de responsabilidades no potestativas para su cumplimiento.

Ese es un esquema que en México no tenemos lo suficientemente ensayado y mucho menos puesto en marcha. La política partidista y legislativa ha tenido siempre como impronta que se ejerce como en un juego de cartas, en el que quien va perdiendo puede válidamente salirse del juego dejándolo inconcluso, o rompiendo las reglas, simplemente porque el juego deja de ser de su conveniencia. Eso tendría que terminarse porque justamente esa es una de las causas por las que las mayorías no son perdurables, y por las que tampoco tienen derroteros definidos.

¿GOBIERNO POR DECRETO?

Al final, esta será una condición a cumplirse en el futuro cercano, ya que no existen más modelos disponibles para la construcción de las mayorías que serán indispensables para la gobernabilidad en los próximos años. No hacerlo, y querer gobernar por decreto, será para el próximo Presidente tanto como darse un disparo en el pie. Las condiciones en el país, están dadas. Lo que falta es la voluntad y la civilidad de los partidos para adaptarse a ellas.