En Oaxaca se han ensayado diversas soluciones respecto a la decreciente recaudación del impuesto a la tenencia y uso de vehículos, como gravamen estatal. Una de las razones por las que dicho impuesto ha sido un fracaso en su régimen local, es por la heterogeneidad que existe respecto a su cobro en las demás entidades federativas. Por eso, a pesar de que en Oaxaca ha crecido de manera importante el número de vehículos de motor que circula en las calles, esto no se ha reflejado en una mayor recaudación. Pudiéramos pensar que éste es un problema local. Aunque en realidad, resulta toda una interrogante nacional saber qué futuro puede tener un gravamen como éste, en el que existen fugas por todos lados y en el que siempre hay un ganador que, paradójicamente, se rige por las reglas de la oferta y la demanda.
En efecto, en 2012 el Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos dejó de ser un gravamen federal, y al quedar abrogada la norma federal que lo establecía, los estados de la República quedaron en potestad de decidir si continuaban cobrando ese impuesto, o dejaban de hacerlo. Varias entidades de la República, como el entonces denominado Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala y varias otras, anunciaron el fin del cobro de la tenencia. Sin embargo, en Oaxaca el cobro de derechos vehiculares estaba anclado a la deuda pública. Por eso, mientras en algunas entidades el impuesto desapareció, en otras persistió y se convirtió en un dolor de cabeza por la fuga de emplacamientos hacia entidades donde ya no había el cobro de tenencia.
¿Qué intentó hacer, a partir de 2012, la Secretaría de Finanzas en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública? Su intención era realizar operativos para detener los vehículos que circulaban en la entidad con placas de otros estados del país. Se decía que el intento iba encaminado a confrontar el domicilio del emplacamiento, con el domicilio proporcionado por el dueño del vehículo en sus demás documentos vehiculares. Si se corroboraba que en el emplacamiento había un domicilio foráneo, y que en los documentos había otro de la misma persona pero en la entidad oaxaqueña, entonces podrían configurar un supuesto jurídico de evasión fiscal, y que a través de ello podrían inmovilizar el vehículo y llevarlo a un encierro, y obligar al propietario a pagar aquí su tenencia para recuperar la unidad de motor.
EL FUTURO DE LA TENENCIA
De acuerdo con el analista económico Fausto Hernández (http://bit.ly/2ELrMOb), un error, de muchos que tuvo la administración de Calderón en materia económica, fue la de abrogar La ley del Impuesto sobre la Tenencia o uso de vehículos por decreto publicado en fecha 21 de diciembre de 2007, pero que entró en vigor el 1º de enero de 2012. Es decir, se trasladó la potestad de este impuesto a las entidades federativas a partir de esa fecha.
En principio, la “tenencia” es un impuesto progresivo donde paga más quien más tiene (en términos absolutos). Segundo, es muy fácil de recaudar y de difícil evasión o elusión si la tasa se fija a nivel federal que evita la degradación de tasas (y se participa el 100 por ciento a las entidades federativas), como era el caso hasta antes del 2012. Por último, es “verde”. Todas ellas características muy deseables.
En un ambiente de baja recaudación en los estados (en parte porque poseen un reducido número de potestades tributarias y en parte porque el propio gobierno federal así lo quiere), éste debiera representar un elixir para ellos. Sin embargo, la decisión de removerla seguramente obedeció a un sistema de relaciones financieras intergubernamentales plagado de incentivos a no recaudar, como lo es el caso de la tenencia, pues en su evaluación costo-beneficio, las entidades federativas calcularon que el incremento en aportaciones, participaciones y convenios era más que suficiente para sufragar sus erogaciones, y al mismo tiempo captar así votos con medidas populistas como la eliminación de dicho gravamen.
Dicho esto, una de las entidades que más perdió fue la CDMX. Con todo, presenta tratamientos especiales para autos con valor menor a 250,000 pesos (incluyendo el IVA), a los que les exenta el pago. El problema es que como toda regulación ésta puede eludirse (aspecto que todo político debe entender antes de regular), pues está sujeta a lo que el profesor Ed Kane bautizó como la “dialéctica regulatoria”, que consiste en que toda regulación deja espacios para la elusión o difícil detección de la evasión, la que es aprovechada por los agentes. Cuando el regulador se da cuenta de las consecuencias no deseadas de su regulación, decide re-regular, pero nuevamente deja otros espacios de elusión o evasión. El asunto constantemente se repite (ver gráfica de abajo).
Pues bien, en el caso de la tenencia en la CDMX (y hasta los de NL), los agentes fueron a emplacar al estado de Morelos y Edo México, y así evitar el impuesto a la propiedad de automóviles. Esto indudablemente ha impactado la recaudación en la CDMX. Por ejemplo, para 2017 la secretaría de finanzas de la CDMX esperaba recaudar por este concepto (derechos e impuestos) un total de 5,246.8 millones de pesos. Se recaudó solo $4,982 mdp, a lo que la Secretaría argumenta que “El resultado adverso de esta contribución pudo ser consecuencia de: i) una contracción en las operaciones observadas respecto a igual periodo de 2016, ii) una posible migración de vehículos a estados vecinos con otros beneficios fiscales en el pago del impuesto, entre otros”.
Según el analista, una propuesta viable sería que los estados, como CDMX, exenten a los vehículos en regla de cualquier año y precio del impuesto sobre la tenencia y evitar así el emplacamiento en estados vecinos. Paralelamente cobrar derechos de emplacamiento de manera diferenciada. Permítaseme realizar una simulación con supuestos incluso conservadores. Mi supuesto es que se recupera el 20% del registro de autos de los estados vecinos para el primer año y posteriormente alcanzar un 70%.
Así, para los vehículos de hasta 250,00 pesos el cobro de derechos sería de $550; para los que están entre 250,001 y hasta 500,000 pesos, el cobro sería de $1,100; mientras que los que su valor se encuentre por arriba de 500,001 pesos sería de $1,590. Asumo que aquellos vehículos comprados por los residentes de la CDMX valuarán que ir a emplacar a los estados vecinos representa un costo de transacción, por lo que estarían dispuestos a pagar un mayor cobro de derechos, pero que proporcionalmente al valor del auto es muy bajo.
PROPUESTA ALTERNA
Según Fausto Hernández, lo importante es que en el futuro desaparecería el incentivo de irse a emplacar a estados vecinos y con ello, aumentaría año con año la recaudación por este concepto pudiendo llegar a valor presente en unos cuantos años a 1,200 millones de pesos adicionales anualmente. Debo enfatizar que esta propuesta se argumenta de manera positiva, más que normativa. Desde esta última perspectiva, mi inclinación sería que la tenencia se fijara a nivel federal y se participara al 100 por ciento a las entidades y así evitar el comportamiento perverso y populista de los estados para beneficiar a los “ricos”. Desaparecería el “race to the bottom”.
