+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Luego del 1-J, el reto será la gobernabilidad de un país que quizá se mantenga sin consensos ni mayorías definidas

Date:

Es demasiado pronto para suponer anticipadamente que ya hay un ganador en la carrera por la Presidencia de la República, y que por ende el destino del país está ya predeterminado. Lo es, porque hasta dentro de algunos días inician las campañas proselitistas; pero lo es mucho más, porque independientemente de quién gane, es muy probable que en México se mantenga la tendencia al triunfo de las mayorías relativas y de la pluralidad en los órganos legislativos. Más que para el resultado de la elección, los mexicanos debíamos estarnos preparando para los tiempos posteriores a la asunción del nuevo Presidente, porque sin duda aquel será el verdadero periodo de los grandes disensos y de las divisiones que tienen al borde del colapso a nuestro país.

En efecto, hoy en día todas las expectativas están puestas en las encuestas publicadas en la víspera del inicio de las campañas proselitistas. Todas, sin excepción, le dan a Andrés Manuel López Obrador una ventaja por demás cómoda, como el puntero en la preferencia de la ciudadanía. Ubican también a José Antonio Meade peleando fuertemente el segundo lugar en la contienda al panista Ricardo Anaya Cortés, aunque ambos colocados cuando menos 15 puntos de ventaja por debajo del tabasqueño.

Hasta ahora, todas las preocupaciones rondan sobre qué haría López Obrador de llegar a ser presidente. Hasta ahora, el Candidato Presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, ha dicho por ejemplo que cancelaría las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; que dejaría sin efecto la reforma educativa que establece la evaluación como mecanismo de permanencia y promoción para los maestros del país; ha anunciado también que cancelaría la reforma energética, y que construiría nuevas refinerías para dejar de comprar combustibles refinados al extranjero.

Todo eso genera una enorme inquietud porque pareciera que López Obrador es un verdadero candidato antisistema, que según sus propias aseveraciones, iría en contra de varios de los pilares más importantes del establishment mexicano de los últimos tiempos, y particularmente de las reformas que impulsó el gobierno saliente. Todas esas inquietudes se convierten en preocupación, cuando las decisiones previsibles del candidato presidencial tocan intereses empresariales de alto nivel, e incluso se reflejan en cuestiones como el tipo de cambio de la moneda mexicana frente al dólar, o en la confianza —o desconfianza— que los mercados internacionales y calificadoras le dan al manejo financiero de nuestro país frente a decisiones de ese calado.

Hoy, de hecho, el país se enfrenta ante cuestiones que tienen que ver no sólo con la forma en que los mexicanos procesaremos la decisión democrática de elegir a nuestro próximo presidente, sino sobre a todo a la incertidumbre que está generando el propio proceso electoral como, sobre todo, lo que ocurra después de ello. Hay quienes ver una catástrofe con el solo hecho del resultado electoral, y hay también quienes confían en que “algo” va a ocurrir para salvar al país del populismo o de las posibles decisiones contrasentido del candidato presidencial que va a la cabeza en las preferencias electorales.

EL DÍA DESPUÉS DEL 1-J

Puede ganar la elección cualquiera de los tres candidatos presidenciales, pero hay algunas circunstancias determinantes que no van a cambiar: una de ellas, es que de todos modos, quien gane la elección presidencial, lo hará teniendo en contra a la mayoría de los votantes —y con ello el sostenimiento y la continuación del largo proceso de polarización y enfrentamiento que ha vivido nuestro país—; y la segunda, que de todos modos, casi de forma independiente a cuál sea el resultado electoral, de todos modos —y qué bueno— el país no superará el dilema democrático de los últimos 20 años, en el que el Poder Legislativo Federal queda integrado por una pluralidad de fuerzas que necesita aliarse para concretar cualquier acción legislativa.

Esas dos cuestiones son determinantes. Gane quien gane, de todos modos continuará viviendo en medio del complejo proceso de polarización y confrontación que ha caracterizado a nuestro país en los últimos tiempos. Los partidarios de una u otra fuerza, dan por hecho que al ganar su candidato habrá una victoria/derrota determinante para los adversarios, y que entonces podrán gobernar con homogeneidad y consensos. Nada más alejado de la realidad, porque quien resulte ganador seguirá enfrentándose a una mayoría votante reclamándole todas y cada una de las decisiones que tome, y reclamándole a sus representantes populares —como ocurre hoy con los antiguos aliados del PRI y del presidente Enrique Peña Nieto— por trabar cualquier tipo de acuerdo con el oficialismo.

La segunda circunstancia es todavía más compleja. La pluralidad en estos años le ha dado al país relativamente pocos dividendos. La contracara de ese comentario, radica en el hecho de que esa pluralidad ha sido la que ha contenido las tentaciones autoritarias de todos los presidentes, y quizá sea la que se convierta en un dique a cualquier vocación de autocracia de quien pueda convertirse en Presidente luego de las elecciones del 1 de julio.

Los riesgos de eso están a la vista. Quien resulte Presidente sentirá de inmediato el rechazo y el reproche de aquellos que quieren ver los cambios inmediatos que prometió, y además sentirá la presión de quienes por convicción y de origen —e independientemente de cualquier decisión que tome— no están de acuerdo con él, y buscarán bloquearlo en las principales decisiones que tome, e iniciativas que impulse como Presidente.

El riesgo del escenario es extraordinario. A partir de eso puede comenzar un proceso profundo de aún mayor divisionismo entre la población mexicana; de gobernantes con mayores problemas y dificultades para ejercer sus funciones; y también de mayores riesgos de que esas posiciones irreconciliables se conviertan en el pivote de victimizaciones que contribuyan a ahondar la división entre los mexicanos. Hasta ahora, la fórmula política —sobre todo de quien ha buscado en reiteradas ocasiones convertirse en Presidente— ha sido la de victimizarse y señalar a sus opositores como responsables y orquestadores de sus malos resultados. No ha asumido su propia responsabilidad en ello. Y eso da pauta de que podría repetir la estrategia frente a sus opositores, pero ya siendo Presidente.

RIESGO POSIBLE

El resultado sería una polarización mayor a la actual. Ello implicaría un proceso oprobioso de descomposición y enrarecimiento político, que finalmente podría desencadenar —ahora sí— en la “liberación” del tigre al que hace unos días hizo alusión López Obrador. En el fondo, no se necesita un fraude electoral para encender el ánimo ciudadano. Se necesita únicamente la dialéctica correcta para denunciar las resistencias, e impulsar su rechazo a través de vías violentas. El país corre ese riesgo. No lo perdamos de vista.

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