Inútiles medidas cautelares

Carlos R. Aguilar Jiménez.


Medidas cautelares para dos periodistas oaxaqueños. La defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca emitió una medida cautelar en favor del director de la agencia de noticias JM. Jaime Méndez Pérez, por el hostigamiento que ha ejercido en su contra el presidente municipal de San Agustín de las Juntas y, de igual forma, la defensoría condenó el ataque contra el foto reportero José Luis Gerónimo cometido por bestiales integrantes de la CTM y el Sindicato Libertad..

Medidas cautelares, recomendaciones y regaños es todo lo que hace la defensoría de Derechos Humanos, sin que tengan impacto o trascendencia ante los abusos, agresiones, secuestros, bloqueos, crímenes, asaltos y todos los delitos que en Oaxaca se pueden perpetrar sin pena ni castigo, porque desde los agentes de policía y del ministerio público hasta magistrados y jueces, ninguno hace algo por la seguridad de ciudadanos, por defender a víctimas o encarcelar delincuentes y criminales, conformándose simplemente con recomendaciones o medidas cautelares que no sirve para nada, porque si bien a algún funcionario se puede separar del cargo o inhabilitar, a los delincuentes, líderes sindicales, colectivos en resistencia, profes de la gestapo 22 y demás mal vivientes, les tienen sin cuidado y se ríen de las medidas cautelares, se burlan y llegan a desternillar de risa del ombudsman y sus secuaces, porque todos sabemos que su trabajo es defender delincuentes y dejar en desamparo a víctimas, creciendo impunemente la inseguridad, corrupción y crueldad de rateros, asesinos, defraudadores, profes y agremiados a sindicatos mafiosos.

En Oaxaca, nadie está seguro, todos vivimos con incertidumbre, temerosos de asaltos personales o domiciliarios, con miedo de secuestros y temor por asesinatos. Vivimos angustiados por manifestaciones violentas, por irrupción en bancos, empresas o instituciones, porque la policía no sirve, castigando únicamente el 2 por ciento de delitos denunciados y, estos son insignificante proporción de los que no se denuncian, porque que las medidas cautelares o las recomendaciones de derechos inhumanos, no sirve de nada, y únicamente se pierde tiempo y se arriesga la víctima a perder su dignidad ante el trato irrespetuoso, infame burocracia del personas de agencias del MP, sabiendo no harán nada, porque no hay detectives investigadores y, si los hay no tienen equipo, instrumental y menos inteligencias para la deducción, intuición y correlaciones de hechos que se requiere para investigar delitos, porque son burócratas, gente que se dedica a rellenar formatos, hacer preguntas intrascendentes y, lo peor, informar del domicilio de la víctima a gente que en muchos casos trabaja en contubernio con delincuentes, así que si de simples medidas cautelares o intrascendentes condenas se trata, entonces, vaya una condena y medida cautelar a la gente de Derechos Inhumanos que solo sirve para defender delincuentes.

PJE inspecciona incio de operaciones del centro de justicia de Tuxtepec

Se atienden requerimientos derivados del reciente cambio de domicilio de diversos juzgados

Con el objeto de que el personal que labora en el Centro de Justicia “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, desarrolle sus actividades en óptimas condiciones, recientemente directivos del TSJE realizaron una visita de supervisión a dicho complejo, para dar atención a los requerimientos que han surgido derivados del reciente cambio de domicilio, principalmente los enfocados a la distribución de espacios, seguridad y transporte.

Al respecto, el titular de la Dirección de Administración, Contador Público Antonio Díaz Aragón, exhortó al personal que ahí labora para que utilicen estas modernas instalaciones con responsabilidad y cuidado, al mismo tiempo que refrendó el compromiso del Dr. Raúl Bolaños Cacho, titular del Poder Judicial, de optimizar los espacios y recursos que sean necesarios para que estén en condiciones de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía oaxaqueña.

Es importante precisar que a partir del día 15 de mayo de 2018, en el Centro de Justicia “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, brindan sus servicios el Juzgado de Ejecución de Sanciones, Primero Penal y Juzgado de Control de dicho municipio.

Encarar la desaparición forzada de personas, será uno de los temas ineludibles para el próximo gobierno

Dentro de las muchas referencias que a estas alturas de las campañas presidenciales, los ciudadanos ya tenemos sobre la vaguedad de las propuestas y planteamientos de los candidatos, hay uno de enorme sensibilidad por el que prácticamente se ha pasado por alto: la de la necesaria justicia que debe procurarse a los miles de desaparecidos que hay en el país, y particularmente a quienes reclaman la comisión del delito de desaparición forzada de personas. No sólo se trata de los 43 de Ayotzinapa, sino de todas las personas que siguen sin justicia y sin consuelo en México, al no tener ni siquiera certeza de dónde se encuentran los restos de sus desaparecidos.

En efecto, los desaparecidos constituyen uno de los temas más sensibles y dolorosos para la nación mexicana. Por nación debemos entender el conjunto poblacional que comparte coincidencias sociales y políticas, y que es quien le da sustento y legitimidad a las potestades del Estado como ente soberano. En México, una de las situaciones recurrentes en el marco de violencia y criminalidad que ha azotado al país en los últimos tiempos —más allá de la llamada guerra contra el crimen organizado—, ha sido la denuncia relacionada con la desaparición de personas, sin pasar por alto que en no pocos casos se acusa y se responsabiliza al propio Estado por la comisión del delito de desaparición forzada de personas.

En este sentido, uno de los casos recientes más emblemáticos es el de la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues más allá de cualquier proclama o consigna política o electoral —que hoy abundan—, lo que es cierto es que el Estado mexicano no ha tenido la disposición suficiente para investigar a fondo no sólo la forma en la que esos jóvenes fueron detenidos y desaparecidos, sino también a los responsables. Junto a ello, una de las cuestiones que debiera apremiar al propio Estado —sobre todo, de cara al futuro en el que hoy todos los aspirantes presidenciales prometen justicia y bonanza—, tendría que ser la relacionada con el reconocimiento de su responsabilidad institucional en estos hechos, y con la reparación respectiva.

Ahora bien, la Corte estableció que el delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica (Tesis aislada. Registro: 2007426. Septiembre de 2014. Semanario Judicial de la Federación).

Incluso, al establecer la Corte dicho criterio, dijo también que el legislador estableció que en el caso de las autoridades jurisdiccionales, éstas tienen el deber de proveer de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido una demanda de amparo, “pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad —como lo es la desaparición forzada de personas—, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional”.

ES EL ESTADO

Lo que sigue es comprender por qué si no fue el Presidente Enrique Peña Nieto quien ordenó o toleró la detención-desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y que si incluso tampoco fueron otros funcionarios estatales de primer nivel como el entonces gobernador guerrerense Ángel Heladio Aguirre Rivero, de todos modos —como dice la proclama, repetida hasta el cansancio por los detractores del actual gobierno, aunque quién sabe qué digan si el 1 de julio gana su candidato— sí fue el Estado.

Sobre este punto, apuntaba Alonso Madrazo (http://bit.ly/1tygiLH) que en el debate público y en las redes sociales se dice, por algunos, que el presidente Enrique Peña Nieto es el culpable por los lamentables hechos de Ayotzinapa. En este punto particular, Madrazo se atrevía a decir con total seguridad, que esta conclusión era errónea.

“Para que Enrique Peña Nieto sea responsable individualmente por los hechos de Ayotzinapa, su conducta tendría que encuadrar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 del Estatuto de Roma que, en general, dispone que un individuo será criminalmente responsable si se acredita que fue el que cometió, ordenó, facilitó o que contribuyó en la cristalización del crimen internacional. Por lo anterior, me parece casi imposible sostener un argumento en el cual se trate de atribuir responsabilidad individual a Peña Nieto, sin perjuicio de la responsabilidad que probablemente pudieran afrontar otras autoridades involucradas directamente con los hechos que han conmocionado al país.

Ahora bien, por otro lado, si estamos en un supuesto de responsabilidad estatal, la pregunta podría ser la siguiente: ¿es atribuible al Estado mexicano la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa? O, de manera breve, ¿fue el Estado? La respuesta es un categórico sí.

De acuerdo al derecho internacional es necesario que existan dos elementos para que se considere que haya responsabilidad internacional estatal: Artículo 2: Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado. Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado.

Ahora bien, en el artículo 4º se define que conducta es atribuible al estado. Artículo 4: Comportamiento de los órganos del Estado. 1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. 2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado.

ASUMIR RESPONSABILIDADES

Frente a todo esto, quedan algunas preguntas: ¿Independientemente de quién gane la presidencia, habrá voluntad para comenzar el proceso de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado por las desapariciones forzadas? ¿Habrá capacidad y disposición para investigar estas graves violaciones, caiga quien caiga? En este punto tan sensible, la agenda debe abandonar su carga partidista y electoral, y situarse como uno de los puntos que más lastima y agravia a los mexicanos, y que por ese solo hecho no puede continuar con la política de apatía y menosprecio que ha seguido hasta ahora.

Sevitra contra PRI

Carlos R. Aguilar Jiménez.


En tiempos preelectorales, frente a las delicadas y peligrosas circunstancias políticas que en este sexenio implican las elecciones, sabiendo que la inmensa mayoría de ciudadanos están hartos de la corrupción, enojados por la arbitrariedad y torpeza del gobierno, especialmente del PRI, que en este caso y tiempo gobierna a México y también a Oaxaca, la actitud prepotente y soberbia de  José Guzmán Santos, director de SEVITRA es absolutamente torpe e inadecuada al detener, encarcelar y extorsionar a todos los automovilistas, principalmente a quienes no portan matrículas o placas de circulación del estado, quienes inconformes con la política extorsionadora de anteriores gobiernos estatales, evitando pagar la abusiva tenencia vehicular, obtuvieron sus documentos legalmente en otros estados y con todo su derecho constitucional.

Enojados y molestos en todos los medios de comunicación, principalmente en redes, se hizo evidente y viral la inconformidad por el abuso de la policía vial encabezada por su nefasto director José Guzmán, quien ávido de dinero mal habido, parece que no se diera por enterado que la gente, no únicamente la que tiene automóvil, sino todos, se sienten ofendidos e indignados, cuando en tiempos electorales el gobierno que está a punto de perder todo en las elecciones, debiese ser cauto y atento con sus potenciales electores, quienes ahora, esperando únicamente como se dice popularmente: “la gota que derramó el vaso”, SEVITRA se dedica a extorsionar y molestar pretextando revisión de documentos y condiciones de vehículos, mientras viejos y destartalados autobuses de pasajeros circulan sin placas, sin luces y sin ningún respeto al reglamento de tránsito, de la misma forma que todos los taxis fétidos de pueblo con más de seis pasajeros a bordo; e incluso al mismo gobernador los transportan con placas foráneas y debiendo tenencias, como se evidenció en redes, así que más allá de lo legal que pudieran ser los operativos de vialidad, lo único que están logrando es que, ante el hartazgo de los ciudadanos, pierdan miles de votos que podrían haber sido para el PRI, porque si alguien ha sido molestado en sus bienes o persona por no tener placas locales y ha sido enviado su vehículo al corralón para que sea desvalijado por los que ahí trabajan robando autopartes, miles de votos más perderá el PRI, evidenciándose la torpeza e ineptitud del jefe de SEVITRA, quien en busca de dinero y más dinero, si bien llenará sus bolsillos y cuenta bancaria, el que la hace la paga, y así será, en las elecciones de julio los ciudadanos votarán por quien sea, menos por el PRI y los que hasta hoy en operativos asaltan automovilistas, motociclistas y ciclistas que obtuvieron sus matrículas de circulación en otros estados para evitar la extorsión que desde el siglo pasado se practica cruelmente en Oaxaca, dando razón a quienes afirman que ni un voto más al partido en el gobierno, porque votarán enojados, hartos y descontentos de los abusos y corrupción en todos los sentidos y contextos.

Exigirle más a quien gane: lo indispensable luego del 1-J

Faltan 32 días para la elección presidencial, y hasta ahora parece haber una tendencia electoral difícil de revertir. Hay quienes, frente a esa realidad, se resisten a aceptar lo que parece inevitable; y hay otros que ven el 1 de julio como una meta y no como el inicio de una ruta que, por las propias condiciones del país, no será fácil. Si la tendencia cambia, o se modifica, lo que todos debemos tener claro es que a partir del día siguiente de la elección, los mexicanos deberíamos mostrar madurez y preocupación no por nuestro partido o preferencia electoral sino por nuestro país, exigiéndole más a quien gane la elección.

En efecto, han pasado casi 60 días desde que iniciaron las campañas presidenciales, y lo cierto es que hasta ahora el ayuno de ideas ha sido casi total entre los candidatos, que a pesar del ruido y las acusaciones que han cruzado durante las largas semanas de la campaña, hasta el momento no han logrado estructurar ni los más elementales esbozos de las respuestas que el país necesita en algunos de los temas más trascendentes.

No hay respuestas concretas relacionadas con la inseguridad, con la violencia o con el enorme problema que vive el país por la falta de Estado de Derecho. Los candidatos, en general, no han sido capaces de responder estructuradamente por qué la economía se mantiene estable sin crecer, y mucho menos qué harían para lograr un cambio positivo, sobre todo en este momento en el que la economía nacional se encuentra presionada no por decisiones gubernamentales sino por factores externos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o la volatilidad del tipo de cambio que presiona a productos como los combustibles o las importaciones, que están directamente relacionadas con la paridad peso-dólar, entre otros.

En esa lógica, es evidente que entre la diversidad de candidatos hay diversas posturas. Se encuentran, por un lado, las propuestas llenas de chabacanería y ocurrencias como las de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, que sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección, y por eso ha dado saltos al vacío al plantear propuestas como la de mutilar las manos a los políticos corruptos, o la de infligir legalmente castigos y penas inhumanas y degradantes a quienes cometan algunos delitos. El Bronco dice, quizá con cierta razón —pero fuera de toda lógica—, que sus propuestas son eco de lo que la propia ciudadanía le ha dicho durante su campaña.

Luego, hay otra franja de candidatos con cierta idea, pero sin competitividad. Ahí encontramos lo mismo a José Antonio Meade, del PRI, y a Ricardo Anaya Cortés, de la coalición PAN-PRD. Aunque hay diferencias notables entre uno y otro de experiencia profesional y en la administración pública, lo cierto es que ambos han tratado de hacer esbozos generales sobre las soluciones que proponen para el país. El problema es que ambos cargan con el cuestionamiento de fondo relacionado con el hecho de que durante los 18 últimos años, los partidos que postulan a uno y a otro han sido gobierno en México, y no han podido enfrentar los temas sobre los que ahora ellos pretenden plantear soluciones.

De hecho, ni con el tema de la corrupción, ni con el de la inseguridad, ni con el relacionado al bajo crecimiento económico, los candidatos de ambos partidos han logrado hacer propuestas creíbles y asequibles a la realidad actual. Más bien, ambos cargan con varios de esos cuestionamientos.

Desde el hecho mismo de que Ricardo Anaya ha sido cuestionado por el origen de su fortuna y de varios negocios inmobiliarios presuntamente realizados por empresas fantasma, hasta la realidad de que José Antonio Meade ha sido funcionario de tres administraciones consecutivas, y ha tenido ante sí —sin hacer más— la posibilidad de enfrentar los escándalos de corrupción que ahora dice que va a perseguir.

Al final, parece que ambos comparten el hecho de que son aparentemente estructurados pero con un vacío de legitimidad que los ahoga en la falta de competitividad electoral que hoy demuestran.

¿Y AMLO?

Acaso, el que ha planteado las propuestas menos estructuradas es Andrés Manuel López Obrador. Su fortaleza actual como candidato presidencial, en realidad, ha radicado en el hecho de que ha sabido capitalizar la desesperanza de la gente por la reiteración de gobiernos fracasados y de problemas que no han podido ser resueltos. Lleva más de una década en campaña; pero a pesar de eso, muchas de sus propuestas y planteamientos para enfrentar —y eventualmente resolver— algunos de los grandes problemas nacionales, siguen siendo una incógnita.

En ese sentido, un editorial de Bloomberg Bussinesweek (https://bit.ly/2IWB5gk) establece coordenadas precisas de lo que hasta ahora se conoce de sus propuestas —más incógnitas que coordenadas concretas—, y lo que debería exigírsele a López Obrador como candidato presidencial, y como eventual triunfador de la elección del 1 de julio:

“Pero las soluciones de López Obrador son vagas. Habla de una amnistía para los traficantes de drogas, sin decir lo que significaría. Su respuesta a la corrupción aparentemente es predicar con el ejemplo. La victoria en esa lucha de alguna manera pagará un gasto social ambicioso. Sus asesores tratan de aplacar los temores sobre su deseo de revertir las reformas económicas de Peña Nieto, pero el candidato no parece estar escuchando.

Su mandato al frente de la Ciudad de México sugiere que es un progresista moderado, aunque no da marcha atrás a su populismo a medida que su liderazgo se solidifica. Garantizar los pagos de cultivos, congelar los precios de la gasolina en términos reales, limitar la participación extranjera en la industria del petróleo y gas, aumentar los beneficios de las pensiones, apoyos a los jóvenes y, en general, expandir el rol económico del Estado significa problemas fiscales para un país con una creciente deuda. Igualmente alarma su punto de vista sobre la Suprema Corte, el INE y la sociedad civil en general. López Obrador dice que si gana la elección dará a los votantes la oportunidad de sacarlo del cargo cada dos años. Eso no sustituye a los controles y equilibrios, y al gobierno competente y ordenado.

EXIGIRLE MÁS

Es demoledora la conclusión de dicho editorial: “El esfuerzo del PRI por restaurar su dominio casi ha colapsado en una nube de disgusto electoral. Sin embargo, pasar de un régimen de un solo partido a otro basado en una sola persona no es la forma de reparar la confianza en el gobierno. El éxito de México depende de una mayor reforma a la economía y la construcción de instituciones sólidas de gobernabilidad democrática. Los votantes no deberían exigir menos.” Algo que, en el ideal, tendríamos que comenzar a hacer los ciudadanos a partir del 2 de julio, cuando las militancias y las preferencias electorales se terminen, y volvamos a la realidad de un país de cabeza por problemas —hasta ahora— sin ninguna solución planteada.