Adrián Ortiz Romero Cuevas
En la vieja tradición priista, uno de sus personajes más entrañables era el cacique potosino Gonzalo N. Santos, también conocido como “El Alazán Tostado”. Político fundador del Partido Nacional Revolucionario y excombatiente en la Revolución, acuñó varias frases que reflejan lo mejor de lo peor de las tradiciones priistas. Una de ellas, decía, era “darle tormento a la Constitución” cuando ésta no se adecuaba a sus caprichos o necesidades… y entonces en lugar de ajustarse a la ley, la reformaban. Es el caso de las dos propuestas de reforma electoral, enviadas por el Ejecutivo federal, y discutidas anoche en la cámara baja del Congreso de la Unión.
En efecto, la tarde de ayer fue subida al Pleno de San Lázaro la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicha reforma consistía en la eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE) sustituyéndolo por una figura nueva; la disminución drástica de las prerrogativas para los partidos políticos, así como la desaparición de los organismos públicos electorales locales, entre varios otros temas. Para aprobar la iniciativa presidencial era necesario el voto aprobatorio de dos terceras partes de las dos cámaras —siendo la de Diputados, la de origen— así como la aprobación de la mitad más una de las Legislaturas locales. Como en la cámara de origen la propuesta fue desechada, toda la demás discusión legislativa quedó anulada.
Lo que les quedó fue el Plan B. Esta vía alterna consiste en una violación franca a la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque lo que el presidente López Obrador no logró reformar en la Carta Magna, ahora intentará hacerlo en la legislación ordinaria que, si bien es cierto que sería contraria a la Constitución, sí buscaría entrar en vigor y cambiar el estado de cosas en materia electoral en tanto la Suprema Corte resuelve los recursos que eventualmente se presentarían en contra de dicha legislación, hasta declarar su inconstitucionalidad. Así, AMLO pretende cambiar, a fuerzas, el estatus de los principios, las instituciones y las normas electorales para cumplir su objetivo de modificar el panorama para adecuarlo a su visión, intereses y circunstancias políticas, así sea de manera transitoria.
TORMENTO A LA CONSTITUCIÓN
¿Por qué entonces aseverar que con esta reforma le va a dar “tormento a la Constitución”? Porque pretenden avalar una inconstitucionalidad franca a través de una chicanada legislativa. Modificar la ley secundaria haría entrar al país en una nueva espiral de contradicciones y acusaciones que esencialmente volvería a alimentar a las jaurías de la polarización: quienes están a favor a pie juntillas con el Presidente avalarían la reforma a pesar de que ésta es contraria a la Constitución, bajo el argumento de que la mayoría tiene la razón; los opositores, en cambio, defenderían la legalidad a pesar de que ésta parece ser irrelevante para el sector que dice que como el Presidente tuvo 30 millones de votos entonces tiene la autorización para decidir sobre cualquier cuestión nacional como si fuera un dictador —entiéndase, como alguien que gobierna sin sujeción a la ley.
Al final, es lamentable el desprecio a la ley. Apuestan a una modificación corrosiva que socave irremediablemente el entramado institucional electoral, para luego impulsar nuevas reformas que medianamente le devuelvan la legalidad al país. Pretenden, además, adecuar la ley a su conveniencia, como si la legislación fuera un traje a la medida y no el punto de referencia de cualquier forma de comportamiento social, como lo dicen los más básicos estándares del contrato social de cualquier nación.
Los pasos hacia atrás son evidentes y por esa razón es importante que en los equilibrios legislativos se urja a la Suprema Corte a suspender cualquier forma de entrada en vigor de estas potenciales reformas, y a priorizar la discusión relativa a su constitucionalidad. Utilizar estos vacíos y vericuetos legaloides como una forma de burlar y bordear la Ley por parte de la bancada legislativa de MORENA, es tanto como intentar una nueva y más sofisticada modalidad de la ya conocida figura del Fraude a la Constitución, que resulta a todas luces inaceptable.
EPITAFIO
Es increíble el nivel de crecimiento de la burocracia estatal en los últimos seis años. Parece ser que hay más de fondo respecto a lo que hasta ahora son suposiciones sobre quién vendió, o al menos otorgó, un número exponencial de plazas durante el gobierno de Alejandro Murat. Por ejemplo: ¿cómo podrán explicar que en el último bimestre del año la nómina de la base trabajadora estatal creció en más de mil plazas? Abundaremos.
@ortizromeroc
@columnaalmargen
