Adrián Ortiz Romero Cuevas
Sobre el caso de plagio que la UNAM confirmó recientemente que cometió la ministra Yasmín Esquivel Mossa con su tesis de licenciatura, vale la pena poner algunos puntos de referencia esenciales. Primero, que este caso esencialmente representa un golpe moral y ético para la Ministra Esquivel. Segundo, que difícilmente podrá continuar ejerciendo legítimamente su alto cargo en el Poder Judicial Federal, dado que ésta es una instancia especializada que no depende de la popularidad entre la ciudadanía. Y tercero, que —a contrapelo de la tendencia actual— este debe ser un punto de referencia urgente para que, de una vez, el Estado Mexicano —los tres poderes, y los tres ámbitos de gobierno— reconozca la urgencia de dejar atrás la informalidad y la impostura, y dar pasos sostenidos hacia una especialización legítima de quienes materializan sus funciones.
En efecto, vale la pena analizar punto por punto. En el primero de ellos, ayer 11 de enero la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM dictaminó que en el caso de señalamiento por plagio de las tesis de 1986 y 1987 que implican a la ministra Esquivel Mossa, se trata de una copia sustancial por parte de ella. De acuerdo con una nota de El Universal, la institución estableció que para su análisis valoró los elementos de importancia para una tesis, tales como: construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, por lo que la que presentó la ministra Yasmin Esquivel es una copia sustancial de la de Édgar Baez de 1986.
El problema es que, a pesar de haber corroborado el plagio cometido por la Ministra, a través de un comunicado la UNAM —firmado por el propio rector Enrique Graue— reconoció que “la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado” y por esa razón anunciaron que dicho caso sería turnado a la Secretaría de Educación Pública para que ésta tome las medidas que correspondan, pero incluso sin clarificar si la propia SEP tiene o no atribuciones frente a una situación como esa.
Por eso este primer punto es fundamental: no queda claro si hoy existe o no una norma y una institución que esté facultada para regular, conocer y sancionar una conducta como esa. Pero lo que sí queda claro es que independientemente de las consecuencias jurídicas y coercitivas que tenga este caso, lo que sí pesará indefinidamente sobre la ministra —y sobre la persona— Yasmin Esquivel Mossa es la censura social y ética por haber cometido una conducta que profesional y éticamente resulta inaceptable, independientemente de que hoy perviva la duda sobre los efectos jurídicos de ésta.
CONSOLIDAR LA ESPECIALIZACIÓN
Ello incide directamente sobre el segundo de los puntos inicialmente planteados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación representa el más alto órgano de impartición de justicia en el país, y es por ende cabeza jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Este conjunto de órganos jurisdiccionales —y excepcionalmente administrativos, como el caso del Consejo de la Judicatura Federal— es muchísimo más amplio que sólo reducir el PJF a la Corte. Existen 32 circuitos judiciales, conformado cada uno a su vez por un conjunto creciente de Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios o de Apelación, y Tribunales Colegiados de Circuito. A diferencia de los otros poderes —Legislativo y Ejecutivo— el Judicial es un poder eminentemente especializado, que no depende de la popularidad ciudadana sino de su legitimidad y de su fuerza coercitiva como ente impartidor de justicia.
Así, si pensamos en ese inmenso conjunto de juzgadores federales y comenzamos a buscar los antecedentes profesionales y académicos de casi cada uno de ellos, en la gran mayoría encontraremos que son personas con un alto grado de especialización. Hoy en día no es exagerado suponer que, en general, el personal jurisdiccional federal cuenta con estudios superiores y de posgrado —especialidades, maestría y doctorado— por ser este Poder de naturaleza especializada.
En el PJF no importa la popularidad. Ni los ministros, ni los magistrados, jueces y demás personal judicial fueron designados por ser aceptados socialmente sino por sus capacidades y destrezas como profesionales del derecho. Todos —o la gran mayoría— están ahí por razones democráticas pero que no tienen que ver con el voto popular. Frente a todos ellos, ¿con qué legitimidad se presentará ante todo el Poder Judicial Federal, una ministra a la que la propia Universidad que le concedió el título de Licenciada en Derecho, aceptó públicamente que ella engañó a su sínodo recepcional con una tesis plagiada?
Por eso, será muy difícil que Yasmín Esquivel pueda seguir ejerciendo con legitimidad su cargo como integrante del más importante tribunal de justicia en el país.
Y a su vez, esto nos lleva al tercer e irremediable punto: no sólo en alguno de los poderes, sino en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno, se debe ver con mayor responsabilidad la legitimidad profesional y la especialización en las funciones que se ejercen. Es muy lamentable que la dinámica actual de la administración pública federal privilegie la lealtad sobre la preparación profesional, porque una y otra deberían buscarse y preferirse a la par, sin privilegiar o menospreciar a una o a la otra.
¿Cómo se puede hablar de un desempeño más eficaz de la función pública, o de mejores servicios públicos, cuando la propia ley no exige rangos de preparación académica mínimos demostrables para el desempeño de innumerables cargos? Incluso la Administración Pública Federal prefiere las razones de orden político para el nombramiento de la mayoría de sus integrantes que su preparación, y eso ni se diga a qué nivel se replica en las administraciones estatales o municipales; y qué decir de Poderes Legislativos como el oaxaqueño, que pervive en medio de la total oscuridad y la informalidad casi absoluta respecto a qué personas son las encargadas de desempeñar las delicadas funciones técnico-legislativas que ahí se realizan.
Por eso la urgencia de dejar atrás la informalidad y la impostura. Se entiende que hoy la tendencia política del régimen gobernante es exactamente la contraria. Pero lo correcto sería rechazar, censurar y castigar las imposturas entendidas como los engaños con apariencia de verdad, y la informalidad entendida conceptualmente como el hecho de ejercer una función desdeñando el imperativo de cumplir con las reglas y compromisos que ésta conlleva.
EPITAFIO
Mientras esto no ocurra, seguiremos teniendo malos gobernantes, malas administraciones gubernamentales; malos juzgadores y, en general, un incorrecto desempeño de las funciones del Estado. Nada más. Y nada menos.
@ortizromeroc
@columnaalmargen
