AL MARGEN || Oaxaca capital: el aparente progresismo municipal respecto a la mariguana, es un engaño 

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Sin preguntarle a nadie, y sin considerar la más mínima ponderación entre la estratagema del progresismo frente a los derechos de los habitantes de la capital oaxaqueña, el edil Francisco Martínez Neri decidió convertir el Paseo Juárez en un espacio “amigable” para la gente que desea fumar mariguana en la vía pública. Pensando en que esto lo ubicaba como un gobernante de avanzada, desdeñó no sólo a los niños y las familias oaxaqueñas que usan ese espacio público como zona de recreación y esparcimiento, sino también a la ley. 

En efecto, en abril pasado el Edil citadino emitió una autorización —que no hizo del conocimiento previo del Cabildo, y que por ende éste no avaló— para que en el parque El Llano se permitiera que las personas que desearan consumir mariguana lo hicieran libremente, con el único límite de que no afectaran a terceros. Esto, seguramente emulando al gobierno morenista de la Ciudad de México que también ha dado su anuencia para que en ciertos espacios abiertos se pueda consumir dicho producto sin restricción, a partir del hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el uso lúdico de la mariguana no es ilegal, y que por ende las personas pueden hacerlo sin reserva alguna.

En todo esto, el problema es que tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el municipal de la capital oaxaqueña, han malentendido el sentido de la resolución de la Suprema Corte. Pues si bien el Alto Tribunal consideró que el uso lúdico de la mariguana no contraviene la ley y que, por ende, las personas no pueden ser perseguidas ni criminalizadas por poseer la cantidad necesaria para su consumo o —literalmente— por fumarla, lo cierto es que con esa declaratoria la Corte no dijo que su uso está ajeno a la regulación y, a la luz de un concepto denominado “parámetro de control de regularidad constitucional”, queda claro que el derecho que tienen las personas a fumar mariguana, o cualquier otro producto como el tabaco, no los exime —ni a ellos ni a la autoridad— de considerar y respetar los derechos de los demás. ¿A qué nos referimos?

A que por un lado está la posibilidad libre de las personas para fumar mariguana, el cual se funda en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; pero frente a ello se encuentran otros derechos como el de la salud, la recreación, el deporte y la cultura, así como con relevancia los derechos de la niñez —que están considerados como de interés superior para la sociedad, tanto en la legislación nacional como en la internacional— así como el derecho que tienen todas las personas a vivir y convivir en espacios libres de contaminantes.

Y es que, aunque pareciera que la disposición emitida por el Edil citadino para que el Parque El Llano fuera un espacio amigable con los consumidores de mariguana, y con ello envolverse en un halo de progresismo con el que intentan suplir y esconder diversas insuficiencias de la gestión municipal, lo cierto es que todo esto es una estratagema. La Corte definió como legal el consumo de la mariguana, pero con ello no le dio carta abierta para que su consumo sea libre en cualquier espacio.

Ello no ocurre hoy ni siquiera con el tabaco, que es el producto fumable más usado por la gente, y que además de ser cada vez más rechazado socialmente hoy su consumo está sujeto a fuertes regulaciones en espacios abiertos y cerrados en los que conviven más personas. Por ello, suponer que las regulaciones del tabaco no son de inicio equiparables frente a la mariguana, no sólo constituye un error, sino que deliberadamente es un desprecio a su propia figura como autoridad, y a la inteligencia e integridad de la ciudadanía.

LA AUTORIDAD, FUERA DE SÍ

Lamentablemente, el Parque El Llano hoy es zona de encuentro para fumadores de mariguana que han aprovechado la artimaña municipal de autorizarles ese espacio público para consumir dicho producto. Lo hacen, ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero en medio de niñas y niños que ocupan también ese espacio para aprender a patinar, para montar bicicleta, para bailar, o simplemente para jugar; lo hacen frente a familias y personas de la tercera edad que acuden a ese lugar a ejercitarse; o a familias que van a respirar aire fresco; a pasar la mañana o la tarde entre los árboles y las fuentes del parque o, lo que es tradicional, a comer un elote o un esquite.

Así, los fumadores de mariguana pueden hacerlo libremente en sus domicilios, pero la autoridad dio un brinco equivocado, precipitado e irreflexivo, y les autorizó la utilización de dicho espacio sin tener ninguna atribución para dicho efecto. ¿Quién regula el uso de la mariguana? La Corte dijo que el uso debe ocurrir previo a la obtención de un permiso emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y que su uso estaba restringido a no causar ningún tipo de molestias a terceros. Y si bien la autoridad municipal es la constitucionalmente encargada de la regulación de parques y jardines, también es cierto que su potestad tiene como límite no causarle molestias o amenazar la integridad o los derechos de las demás personas.

Y lamentablemente pareciera que el gobierno de la capital está aprovechando el desánimo ciudadano frente a la propia autoridad. Los oaxaqueños hemos visto cómo la ciudad continúa en un franco proceso de deterioro sin que nada ni nadie pueda o quiera detenerlo; que la connivencia —la complicidad, pues— entre autoridades y exautoridades municipales es a tal nivel, que los antecesores dejaron a la capital desfondada y desmantelada, y la autoridad actual no ha movido un dedo para perseguirlos, que por eso pareciera que los oaxaqueños ya perdieron la confianza en la autoridad y en la ley.

Pues cometer tal despropósito como convertir en un espacio recreativo y familiar para los niños y las familias, en un espacio “friendly” para el consumo de mariguana, implica diversos riesgos y afrentas que la autoridad municipal debía ver con más seriedad. La posesión de mariguana y su consumo son legales, pero no la venta. Y el riesgo que corre la ciudadanía es tener que convivir no sólo con consumidores sino también con vendedores del producto que, ellos sí, realizan una actividad ilegal. Y a nadie le gustaría que luego de batallar tanto para que sus hijos o familia dejaran de ser fumadores pasivos de tabaco, ahora lo sean inopinadamente, pero de mariguana.

Francisco Martínez Neri debería ver con seriedad este asunto y tomar medidas para evitar que este espacio público deje de ser familiar y recreativo. Debe ponderar por encima de sus engañosos anhelos progresistas, los derechos de los niños y de las familias. 

Quizá el Edil no lo sabe o deliberadamente no lo recuerda, pero el octavo párrafo del artículo 4 de la Constitución federal dice a la letra: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” 

Por encima de cualquier suposición, es obligación del Edil de la capital oaxaqueña cumplir con este mandato constitucional.

EPITAFIO 

La ciudadanía se quedó sola ante la sinrazón. Y si la autoridad municipal está mal, queda claro que el Gobierno del Estado y la Federación están igual o peor, porque simplemente han esquivado el tema, cuando debía ser su obligación —igualmente constitucional—, exigirle a la autoridad municipal, incluso a través de una controversia ante la Corte, que revoque dicha autorización que pisotea los derechos de la niñez oaxaqueña.

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AMLO y la SCJN: reduciendo sueldos y antídotos de defensa

Hace algunos años, al resolver las controversias constitucionales contra la reforma constitucional indígena de 2002 promovida por 300 pueblos indígenas, la SCJN renunció a ser el guardián del procedimiento de reformas a la Constitución al determinar que las controversias y los amparos son improcedentes contra la Constitución y cerró la puerta abierta en el amparo Camacho Solís en 1998.

En septiembre de 2013, la SCJN resolvió la contradicción de tesis 293/2011. Los rudos ganaron por decisión dividida. La conclusión fue: contra las restricciones constitucionales no hay nada, están en la cima de la jerarquía normativa y respecto de ellas no puede hacerse control de la convencionalidad. Ese criterio impide que los defensores de DDHH podamos combatir el establecimiento de los delitos de prisión preventiva oficiosa y el ominoso arraigo que aún subsiste como resabio de las épocas más obscuras del país.

Dos años más tarde, la SCJN emitió otro criterio jurisprudencial lamentable y curándose en salud: para el caso de que México sea condenado por la Corte Interamericana, (por mantener en la Constitución el arraigo, por ejemplo) el cumplimiento de la sentencia interamericana se hará, dijo la SCJN, siempre y cuando no se pretenda modificar una restricción constitucional. La restricción constitucional elevada al intocable cénit jurídico.

Eran los guardianes de la Constitución. Las convenciones internacionales no deben despeinar a la Constitución porque ésta, a través del 133, crea el sistema que da vida a los tratados y a las convenciones.  Así lo dijeron. Nada procede contra la Constitución: ni el amparo ni las controversias, ni las acciones de inconstitucionalidad. La Constitución es el espacio donde se contrastan las demás normas y actos de las autoridades y no puede ser al mismo tiempo la zona de contraste y el objeto contrastado.

Si en el lejano 2013 algún pitoniso de las redes sociales les hubiese dicho a aquellos ministros que AMLO iba a ganar las elecciones de 2018, que iba a obtener la mayoría en el Congreso y que iba a hacer efectivo el mandato del artículo 127 de la CPEUM reduciéndoles el sueldo de 500 mil a 108 mil pesos tal vez habrían actuado de manera diferente.

AMLO tomará el poder en diciembre y con la fuerza que tendrá en el Congreso, podrá hacer y deshacer en la Constitución. Y hoy por hoy nadie puede revisar si las reformas constitucionales son constitucionales o no. Nadie puede echar para atrás  reforma constitucional alguna aunque ésta viole derechos humanos.

AMLO ha dicho que hará efectivo el mandato constitucional de que ningún servidor público podrá obtener un sueldo mayor que el presidente de la República y ha prometido que bajará su sueldo a 108 mil pesos mensuales. La propuesta en términos generales es buena, se trata de abatir el dispendio heredado del régimen hegemónico. Pero la reducción de sueldos va a presentar diversos problemas.

Los medios de comunicación dicen que serán ocho mil los servidores públicos afectados por la reducción, entre ellos, brillantes servidores públicos del Poder Judicial de la Federación quienes tienen mi respeto y admiración. El PJF ha sido  el último reducto de defensa de las libertades públicas en México. Empezaban a consolidarse como un poder independiente: a ratos hacían guiños al presidente de la República como en la sentencia de Cassez y a ratos le enmendaban la plana como en el caso del uso lúdico de la marihuana. Con lentitud pero caminaban.

Es cierto que en un país con 54.3 millones de pobres que viven con 25 pesos diarios es ofensivo que algunos servidores públicos ganen más de 500 mil pesos mensuales. Sin embargo, conforme a los roles democráticos este sueldo es un derecho adquirido y actualmente está protegido constitucionalmente.
La prohibición de la retroactividad en perjuicio de las personas es un principio que vertebra a los sistemas democráticos. Este principio constitucional podría ser la herramienta de defensa de los servidores públicos afectados contra la iniciativa presidencialista que sólo aplicaría a los servidores públicos contratados en el futuro pero no a los que ya gozaban del sueldo con anterioridad a la reforma. Otro argumento defensivo podría ser el principio de progresividad que se traduce en el hecho que la autoridad no puede afectar o disminuir los derechos ya ganados por los ciudadanos. Con estos principios los servidores púbicos afectados ganarían los amparos con una mano en la cintura si la reducción de sus salarios estuviese prevista en una ley secundaria.
El problema se agravaría si la reducción a los sueldos viniese desde una reforma al artículo 127 de la Carta Magna con una restricción constitucional, por ejemplo, en los siguientes términos:

“II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Contra esta medida no podrá argumentarse ni la aplicación retroactiva de la ley ni los derechos adquiridos. El juicio de amparo será improcedente.”
A nadie conviene un Poder Judicial de la Federación débil y sometido al Ejecutivo. Si la SCJN cede ante la presión del Ejecutivo y acepta “voluntariamente” la reducción de sueldos volveríamos a estadios anteriores de 1994 lo que eliminaría el estrechísimo margen de independencia judicial ganado en 25 años y no habrá espacio para el disenso, pues los tres poderes estarán bajo el influjo de un solo poder.

Es necesario entonces que la SCJN, en una nueva reflexión atenazada por las circunstancias, vaya generando el antídoto contra el veneno que generaron: es necesario abrir la procedencia del amparo contra la Constitución interpretando el artículo 25 de la Convención Americana sobre DDHH, eliminar la teoría de las restricciones constitucionales y admitir la posibilidad de cumplir de manera plena las sentencias del Tribunal Interamericano eliminando las restricciones de la Constitución.

Los ministros conservarán su sueldo pero los ciudadanos ganarán más: una efectiva y real división de poderes y la certeza de la vigencia de los pesos y contrapesos tan necesarios en las democracias.

Terminación anticipada de mandato: nuevo revés de la Corte

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+ LXII Legislatura tropieza de nuevo con sus excesos y errores


Nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enderezó un revés a la LXII Legislatura del Congreso local, al declarar inconstitucional la figura de la terminación anticipada de mandato de los ayuntamientos regidos por el régimen de sistemas normativos internos. Esa decisión la tomaron los ministros al corroborar que el Congreso no consultó de manera previa a municipios de poblaciones indígenas sobre ese apartado, relativo a la Asamblea General Comunitaria.

En efecto, de acuerdo con la información los ministros de la Corte invalidaron el artículo 65 Bis de la Ley Orgánica Municipal, la cual sólo tendrá efecto en los municipios que promovieron las controversias, ya que no se alcanzaron los ocho votos que establece la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la declaratoria de inconstitucionalidad tenga efectos generales. No obstante, esto representa un precedente sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y exhibe —otra vez— al Congreso por su desaseo y falta de cuidado al emitir normas contrarias a la Constitución. Pues resulta que, por unanimidad, los ministros consideraron que para la aprobación de los preceptos antes mencionados, el Congreso oaxaqueño no respetó el derecho de consulta previa varios municipios indígenas.

Ahora bien, como antecedente vale la pena recordar que el año pasado en la reforma político-electoral se estableció la figura de la terminación anticipada de mandato, en el artículo 113 de la Constitución local. Dicho artículo establecía que la reglamentación de esa figura estaría contenida en la Ley Orgánica Municipal. Sólo que, deliberadamente, los legisladores locales metieron esa figura en la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (LIPPEO) que en octubre de 2015 fue declarada inconstitucional por la Corte. Luego de esto, la Legislatura local reformó la Ley Orgánica Municipal para establecer ahí la terminación anticipada de mandato.

¿Qué decía el texto de la LIPPEO? El artículo 282 establecía que para la terminación anticipada del mandato de un ayuntamiento indígena había que recorrer un largo e intrincado camino legal, y cumplir un conjunto complejo de requisitos ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE), únicamente para que éste autorizara la celebración de la asamblea en la cual se decidiría, mediante votación de las dos terceras partes del total del padrón de ciudadanos del municipio o comunidad, si se declaraba la terminación anticipada del mandato de sus autoridades. El resultado de dicha asamblea debía ser revisado por el TEE, quien resolvería la procedencia de la determinación y, en caso de tratarse de municipios, lo remitiría al Congreso.

Únicamente en este punto, el Congreso conservaría la facultad de continuar nombrando a los administradores municipales y autorizando la celebración de nuevos comicios. Pero básicamente perdía todo el control respecto al manejo político de los conflictos municipales, entregándolo al TEE, cuyos integrantes ya no serán designados por el Poder Judicial del Estado, sino por el Senado, y por ende ya no responderían a los intereses del régimen o los diputados en turno, y tampoco estarían sujetos a sus conocidas medidas de presión o chantaje.

FALLO TRASCENDENTE

Esta resolución es trascendente, a pesar de que los ministros ni siquiera entraron a la revisión del fondo del asunto. ¿Qué regula el artículo 65 bis, que fue declarado inconstitucional? Dicho numeral, establece que la terminación anticipada procederá únicamente cuando lo solicite el 30 por ciento del número de integrantes de la Asamblea que eligió a las autoridades, y no el 20 por ciento del total de la ciudadanía reconocida conforme al sistema normativo del municipio.

Es decir, que el Congreso redujo drásticamente el número de personas que se necesitan para pedir la revocación, para establecer que se necesita únicamente un porcentaje del número de personas que participaron en la Asamblea, independientemente de que éstas hubieran participado o no en la asamblea electiva.

Otra diferencia notable es que eliminaron completamente la participación del TEE, para remitirla al IEEPCO. Ahora será éste, y no el Tribunal y su nueva autonomía, quienes substanciarán el procedimiento y declarar su procedencia para que se realice la Asamblea.

Todo ese procedimiento, sin embargo, no sirve para decidir la terminación anticipada. Ésta únicamente ocurrirá cuando el Congreso determine, por mayoría simple, emita un decreto declarando la terminación anticipada. Y entonces sí, el Congreso nombrará al administrador municipal y —cosa que no ocurre hoy en día— “autorizará” al IEEPCO a que convoque a la Asamblea para elegir a sus nuevas autoridades.

EL CONGRESO, DE NUEVO EXHIBIDO

Es una pena que esta Legislatura esté teniendo tantos desencuentros con la Suprema Corte. En lo que va de la LXII Legislatura, el Alto Tribunal les declaró inconstitucional la reforma sobre la residencia mínima para ser candidato a Gobernador; sacó del orden jurídico prácticamente toda la legislación secundaria de la reforma electoral; declaró también inconstitucional la Ley del Consejo de Sistemas Electorales Indígenas; y ahora ocurre esta nueva declaratoria. Lo más alarmante es que nadie en el Congreso asume su responsabilidad. Ni quienes tienen el deber técnico de cuidar la constitucionalidad de lo que legislan, y ya ni pensar en quienes tienen algún tipo de responsabilidad política. Vergonzante.

Es histórica, por esquiva, la decisión de la Corte sobre la mariguana

SCJN-Mariguana

+ Fallo inhibe federalismo y reprueba callejón sin salida del partidismo


La decisión tomada ayer por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es histórica y trascendental para el país, no sólo por el efecto lineal de abrir la primera puerta hacia la legalización de la mariguana, sino también porque demuestra que lo que en otros países resuelve la democracia y la capacidad de determinación de la ciudadanía y los órganos de representación popular, en México se resuelve con fallos judiciales. Es fundamental analizar todos los efectos y las implicaciones que tiene este fallo.

En efecto, ayer la Primera Sala de la Corte validó el uso “lúdico” de la mariguana, su siembra y consumo para consumo personal, sin incluir su comercio, suministro o distribución. En sesión privada, los ministros se pronunciaron a favor del dictamen de Arturo Zaldívar que amparó a cuatro personas para que la Cofepris les conceda el permiso para producir y consumir la hierba. Más tarde la resolución fue confirmada en sesión pública.

Básicamente, la sentencia respaldada por cuatro de los cinco ministros que integran la Primera Sala, declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones “para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar) exclusivamente el estupefaciente cannabis (su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico THC que en conjunto son conocidos como mariguana”.

Esto generó una primera expectativa entre muchas personas, que de entrada imaginaron que dicho fallo constituía la legalización total de la mariguana como un producto de consumo y venta libre, como los cigarrillos de tabaco, u otras drogas consideradas legales. Sin embargo, la resolución señala claramente que “en ningún caso supone la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiere a la enajenación y/o distribución de las sustancias aludidas”.

Asimismo, el fallo deja también en claro que los únicos “beneficiarios” de este fallo son Josefina Ricaño Bandala, Armando Santa Cruz González, José Pablo Girault Ruiz y Juan Francisco Torres Landa Ruffo, que interpusieron el amparo. La resolución no protege a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante A.C, que formó inicialmente parte de la demanda. No obstante, la importancia del fallo específicamente en torno a la mariguana, radica en que otras personas que legalmente deseen sembrar, cultivar, cosechar o poseer, para consumo personal, podrán hacerlo presentando amparos similares que se funden en argumentos y razonamientos a los que la Corte ya consideró como válidos en esta sentencia.

Así, lo que es de esperarse es que quienes se encuentren en este supuesto, opten por la misma ruta que siguieron las parejas del mismo sexo que desean contraer matrimonio, pero que las leyes de las entidades donde radican no permiten dicha figura: el amparo.

En el caso de las parejas homoparentales que deseaban contraer matrimonio, un grupo de abogados ganó diversos amparos y, con esos precedentes, todas aquellas personas del mismo sexo que desean casarse en cualquier parte del país, acuden a un amparo para que sea la justicia de la unión sea quien ordene que se realice el contrato de matrimonio, aún cuando la mayoría de las leyes civiles del país sigan diciendo que el matrimonio es un contrato que se celebra entre un solo hombre, y una sola mujer.

En este caso, quien desee poseer mariguana legalmente acudirá a un amparo basado en el derecho a la libre determinación de la personalidad de cada individuo, que la Corte reconoció como predominante para declarar inconstitucionales los citados artículos de la Ley General de Salud, y abrir una primera puerta hacia el reconocimiento legal del uso de la mariguana con fines lúdicos o recreativos, e inercialmente esto avance hacia los usos medicinales, y otros.

OTROS IMPACTOS

No obstante, dicha resolución tiene otros efectos sociales y políticos. Uno de ellos, trascendente es que, de nuevo, una decisión de la Suprema Corte sirve para bordear las incapacidades de la democracia representativa. ¿De qué hablamos? De que como los Ministros generalmente no tienen una militancia política definida, ni deciden en base a cálculos electorales, y no pagan costos políticos en los comicios siguientes, entonces son ellos quienes sí tienen la capacidad de tomar este tipo de decisiones.

Pensemos: ¿qué habría pasado si la invalidación de los citados artículos de la Ley General de Salud se hubiera intentado en el Congreso y no en la Corte? Sin temor a equivocarnos, para decidir los partidos habrían primero visto el cálculo político, el impacto electoral, y sus atavismos y prejuicios, para tomar la decisión. No obstante, la Corte asumió que este era un asunto de derechos, y resolvió en base a ellos, y no a intenciones políticas. ¿Cuál es la lección? Que en México es más fácil judicializar un asunto como éste, que esperar que la democracia representativa, sea la que decida el futuro de un tema tan polémico, trascendente y sensible como el reconocimiento legal del uso —así sea aislado— de la mariguana.

Lo más curioso del asunto es que este fallo no sólo demuestra implícitamente la ineficacia de la democracia representativa, sino también de la participativa, y confirma la existencia sólo aparente del federalismo mexicano. ¿Por qué? Porque justamente este fin de semana en Estados Unidos un asunto similar a éste se resolvió a través de un referéndum (es decir, del voto de la ciudadanía a favor o en contra de la decisión), y ésta ha sido la vía para legalizar o rechazar el consumo de la mariguana con fines lúdicos o medicinales, en diversos estados de la Unión Americana en los que dicha medida ha sido sometida a votación de la ciudadanía, y no a la decisión de un tribunal.

MENORES DE EDAD

Al final, si en México hubiera convicción por el federalismo, este asunto tendría que estar pasando (al menos parcialmente) por la decisión de la ciudadanía, y no quedarse sólo en la cancha de los administradores de justicia. Pero esta realidad demuestra la persistencia de la minoría de edad entre la ciudadanía, y la incapacidad de nuestro costoso y engorroso sistema político para resolver asuntos de tanta trascendencia como éste.

La SCJN ahora, tira por completo Ley de Sistemas Electorales Indígenas

Usos y Costumbres

+ La corte reprueba el agandalle del Congreso local sobre pueblos indígenas


El lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expulsó del orden jurídico estatal la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca. En su resolución, el más alto tribunal de justicia en el país decidió no entrar al estudio del contenido de la norma impugnada e interpretando de forma extensiva uno de los conceptos de invalidez presentado por el Partido Social Demócrata de Oaxaca en una acción de inconstitucionalidad, la Corte censuró abiertamente el agandalle que la LXII Legislatura intentó consolidar a través de esta norma.

En efecto, en su sesión del lunes la Corte dio cuenta de tres acciones de inconstitucionalidad, acumuladas para su resolución, que fueron promovidas por los partidos Acción Nacional, Unidad Popular y Social Demócrata sobre la Ley de Sistemas Electorales Indígenas. Aunque los ministros habrían podido entrar al estudio de la norma, para verificar si su contenido se apegaba a la Constitución, al final decidieron invalidarla completamente a partir de un argumento que ellos mismos perfeccionaron. Ello, para el Congreso local, constituye un revés igual de trascendente que el relacionado con la Ley de Instituciones y Partidos Políticos del Estado de Oaxaca, que fue también expulsada del orden jurídico por la Corte el 5 de octubre pasado.

Es necesario repasar algunos argumentos vertidos por los integrantes de la Suprema Corte el pasado lunes. Pues como lo apuntó el ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, en este caso la Corte tomó una decisión trascendente al invalidar toda la Ley de Sistemas Electorales Indígenas, al considerar que el Congreso local quebrantó un principio establecido en el artículo 2 de la Constitución federal. Dicho principio —relacionado con el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas— fue medianamente esgrimido por el PSD en su demanda, pero fue particularmente ampliado por los Ministros para permitir una invalidación total de la norma sin siquiera entrar al estudio de su contenido.

En su demanda, el PSD señaló como concepto de invalidez lo siguiente: “Asimismo, por disposición expresa del artículo 2o —constitucional— el Estado debe establecer instituciones necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, además, dichas instituciones deberán ser diseñadas y operadas en conjunto con dichos pueblos, por lo tanto, la designación o elección de los consejeros que integran el Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, así como las normas que rigen su integración y forma de elección, contravienen estas disposiciones constitucionales, ya que no toma en cuenta a los pueblos indígenas con las esfericidades (sic) que le deben ser garantizadas”.

UN NUEVO REVÉS DE LA CORTE

No siempre ocurre, pero en este caso los ministros decidieron anclarse a ese concepto de invalidez para ampliarlo, y concluir en la invalidación total de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas. En su exposición, el ministro Pardo Rebolledo estableció como argumentos centrales los siguientes:

“En este asunto se impugna la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, en donde se pretende generar una serie de disposiciones y de instituciones que tienden, desde luego, a proteger los derechos de estos grupos indígenas relacionados con aspectos electorales, pero que de las constancias que fueron remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas al proceso legislativo que antecedió́ a la expedición de esta norma no se advierte de ninguna de ellas que se hubiera dado participación a los pueblos indígenas en relacion con la expedición de estas normas.

Si retomáramos estos precedentes y consideráramos que en este caso hay violación al artículo 2o constitucional, tomando, desde luego. la causa de pedir porque —insisto— no hay un argumento explícito o concreto sobre el punto de esta participación o esta consulta a los pueblos indígenas, sino sólo de violación al 2o constitucional, me parece que, conforme a la causa de pedir y habiéndose señalado como violado el 2o constitucional pudiéramos tomar en cuenta este argumento para llegar a la conclusión de que al no haber evidencia de que se hubiera dado participación a los pueblos indígenas para la expedición de esta ley, ese solo motivo traería como consecuencia la invalidez de la ley en su integridad, en su totalidad”.

Con estos argumentos centrales, nueve de los diez Ministros respaldaron plenamente la propuesta, y ésta se convirtió en la segunda ley emitida por la LXII Legislatura de Oaxaca, que en menos de un mes es expulsada del orden jurídico estatal, por los vicios y violaciones constitucionales en que incurrió al momento de emitir esta norma, que en este caso consistieron en no considerar el derecho a la consulta que tienen las comunidades indígenas cuando se pretende emitir normas que incidan en su vida económica, social o política.

Esto era previsible. En nuestra entrega del pasado 24 de agosto, apuntamos que sobre este conjunto de determinaciones [la emisión de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas, y el nombramiento de los integrantes del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Internos, que adscribieron al IEEPCO pero que quedó de hecho sometido al Congreso local] “vendrá un aluvión de acciones de defensa por parte de las comunidades indígenas de Oaxaca. Estas reformas sucesivas, de entrada son inconvencionales porque incidirán profundamente en la organización política de las comunidades indígenas, y porque para su aprobación no se realizó ningún tipo de consulta a los pueblos que intenta regular. Por si esto no fuera poco, este conjunto de determinaciones del Congreso local también generan una fuerte fricción con principios establecidos en la Constitución de la República para las comunidades indígenas relacionados con su autonomía y libre determinación”.

CONGRESO REPROBADO

Ya vimos cómo, finalmente, tomando como base estas mismas razones, la Corte terminó invalidando esta norma, e implícitamente reprobando de manera hasta escandalosa la actitud oprobiosa de la LXII Legislatura de creer que su soberanía era total, y que podía emitir normas a placer y a su conveniencia, y sin considerar el marco constitucional federal al que —les guste o no— se encuentran también sometidos como una más de las partes integrantes de la federación mexicana.

Los diputados deben “tomar nota” de todo lo que hicieron mal

SCJN

+ Ministros, en muy pocas palabras resumieron pifias legislativas


Si hubiera más sentido de responsabilidad, los diputados de la LXII Legislatura deberían estar pugnando hoy en día por un mejor trabajo legislativo, y por una administración civilizada de sus recursos económicos. Es una locura que hoy en día el Congreso local atraviese por una gran crisis debido, por un lado, a la deficiencia del trabajo técnico legislativo que realizan; y por el otro, por la incapacidad de las fracciones parlamentarias por hacer el trabajo político que se supone que legitima su existencia. Esta situación los evidencia como improvisados y no como los profesionales de la vida política y parlamentaria que debieran ser.

En efecto, esta semana la Suprema Corte le “tumbó” a la Legislatura local un conjunto importantísimo de reformas en materia político-electoral, debido en gran medida a que los diputados no pudieron hacer un trabajo legislativo que cumpliera con los parámetros exigidos por la Constitución y la democracia en nuestro país. Casi al mismo tiempo, un grupo importante de diputados denunció también esta semana que en el Congreso habría un problema importante con la administración del presupuesto asignado para el presente año al Poder Legislativo. Ninguno de los dos temas es menor, y vale la pena resaltarlo.

Pues en el primero de los asuntos, los diputados debieran releer, repensar, y analizar, las razones por las que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso declarar inconstitucional toda la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, las cuales fueron aceptadas por el pleno de la Corte para superar la votación de ocho votos que, según el artículo 105 constitucional, era necesaria para “expulsar” del orden jurídico nacional todo el contenido de la norma referida.

Al exponer el proyecto de resolución, el ministro Gutiérrez dijo: “se sostiene que, haciendo una valoración integral y en conjunto de todo el trabajo legislativo, se actualiza una trasgresión a los principios de legalidad y democracia deliberativa. Primero, no hay constancia de las respectivas convocatorias a la sesión extraordinaria de la sesión de nueve de julio; segundo, tampoco existen constancias de que se haya repartido el dictamen del proyecto de ley a los integrantes del Congreso del Estado, previo a la sesión o durante la misma; tercero, ante la inconformidad de un grupo de diputados por la falta de entrega de dictamen y el desorden generalizado en el interior del recinto legislativo, se decidió́ cambiar el lugar para llevar a cabo la sesión en una sala de juntas de un partido político de manera inmediata; cuarto, sin solventar la inconformidad de un grupo de diputados y sin entregar el dictamen, se dio inicio a la sesión en la sala de juntas del partido con la presencia de sólo veintitrés diputados de los cuarenta y uno que antes se encontraban en el Salón de Plenos del Congreso.

“Consecuentemente —continuó el Ministro en la sesión del lunes pasado—, de todas estas violaciones se advierte que la Mesa Directiva canceló todas las causas que permiten tanto a las mayorías como a las minorías expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública en consideraciones de libertad e igualdad, lo cual provoca una violación directa a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal; por lo tanto, se propone declarar inconstitucional la totalidad del decreto reclamado” (Versión taquigráfica de la sesión de pleno de la SCJN. 5 de octubre de 2015, págs. 51 y 52).

Todas esas son cuestiones que desde el primer momento fueron señaladas como errores y deficiencias en la conducción de la sesión en la que fue aprobada dicha ley. Incluso, puede decirse que no se necesitaba ser Ministro de la Corte para distinguir lo que ahí había ocurrido, y cómo los vicios del procedimiento habían sido tan profundos y tan visibles que el contenido de esa atropellada sesión se hacía insostenible.

Los propios diputados lo supieron siempre pero prefirieron el circo legislativo, y la soberbia de sostener sus decisiones a costa de todo, antes que reconocer sus pifias y enmendarlas. Por eso, el resultado final fue la Corte echó por tierra la norma sin siquiera entrar a su análisis. Y por eso mismo —por esa derrota “por default” — si hubiera conciencia, los diputados tendrían que repensar sobre su actuación y los resultados que le están entregando a Oaxaca.

LA JUCOPO, UN DESASTRE

Es hasta romántica la naturaleza jurídica de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En su artículo 39 ésta señala: “La Junta de Coordinación Política, es la expresión de la pluralidad del Congreso; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”.

Según el artículo siguiente (el 40), es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno del Congreso la designación del Oficial Mayor, el Tesorero y el Contralor Interno (fracción XV). Y según los artículos 45 y 46 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la Tesorería recibirá́ de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, previo acuerdo de la Comisión de Hacienda, el Presupuesto correspondiente para los gastos que origina el Congreso del Estado; y el Tesorero hará́ los pagos de dietas, gastos y sueldos de los Ciudadanos Diputados, Funcionarios y Empleados del Congreso, los días designados para este efecto.

¿Por qué traer a colación todo esto? Porque resulta inverosímil, y hasta indigno, que diputados de varias filiaciones políticas le pidan cuentas públicamente al Tesorero, como si éste fuera un empleado superior a ellos, o como si éstos no tuvieran la potestad de solicitarle cuentas no sólo a él, sino también a la Comisión de Hacienda, por la forma en cómo se ha ejercido su presupuesto.

INCÓGNITAS

Esto se acentúa aún más, cuando fue esta misma Legislatura quien aprobó una reforma constitucional para hacer “irreductible” su presupuesto ante la tentación del Ejecutivo de reducirlo. Hoy en día, y a la luz de esos hechos, los diputados debieran explicar para qué querían un presupuesto anual ascendente, y para qué pelearon tanto por sostener su reparto partidista de las posiciones administrativas en el Congreso local, si hoy sus subordinados están más empoderados que ellos, y parece que no pueden controlarlos.