Los diputados deben “tomar nota” de todo lo que hicieron mal

SCJN

+ Ministros, en muy pocas palabras resumieron pifias legislativas


Si hubiera más sentido de responsabilidad, los diputados de la LXII Legislatura deberían estar pugnando hoy en día por un mejor trabajo legislativo, y por una administración civilizada de sus recursos económicos. Es una locura que hoy en día el Congreso local atraviese por una gran crisis debido, por un lado, a la deficiencia del trabajo técnico legislativo que realizan; y por el otro, por la incapacidad de las fracciones parlamentarias por hacer el trabajo político que se supone que legitima su existencia. Esta situación los evidencia como improvisados y no como los profesionales de la vida política y parlamentaria que debieran ser.

En efecto, esta semana la Suprema Corte le “tumbó” a la Legislatura local un conjunto importantísimo de reformas en materia político-electoral, debido en gran medida a que los diputados no pudieron hacer un trabajo legislativo que cumpliera con los parámetros exigidos por la Constitución y la democracia en nuestro país. Casi al mismo tiempo, un grupo importante de diputados denunció también esta semana que en el Congreso habría un problema importante con la administración del presupuesto asignado para el presente año al Poder Legislativo. Ninguno de los dos temas es menor, y vale la pena resaltarlo.

Pues en el primero de los asuntos, los diputados debieran releer, repensar, y analizar, las razones por las que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso declarar inconstitucional toda la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, las cuales fueron aceptadas por el pleno de la Corte para superar la votación de ocho votos que, según el artículo 105 constitucional, era necesaria para “expulsar” del orden jurídico nacional todo el contenido de la norma referida.

Al exponer el proyecto de resolución, el ministro Gutiérrez dijo: “se sostiene que, haciendo una valoración integral y en conjunto de todo el trabajo legislativo, se actualiza una trasgresión a los principios de legalidad y democracia deliberativa. Primero, no hay constancia de las respectivas convocatorias a la sesión extraordinaria de la sesión de nueve de julio; segundo, tampoco existen constancias de que se haya repartido el dictamen del proyecto de ley a los integrantes del Congreso del Estado, previo a la sesión o durante la misma; tercero, ante la inconformidad de un grupo de diputados por la falta de entrega de dictamen y el desorden generalizado en el interior del recinto legislativo, se decidió́ cambiar el lugar para llevar a cabo la sesión en una sala de juntas de un partido político de manera inmediata; cuarto, sin solventar la inconformidad de un grupo de diputados y sin entregar el dictamen, se dio inicio a la sesión en la sala de juntas del partido con la presencia de sólo veintitrés diputados de los cuarenta y uno que antes se encontraban en el Salón de Plenos del Congreso.

“Consecuentemente —continuó el Ministro en la sesión del lunes pasado—, de todas estas violaciones se advierte que la Mesa Directiva canceló todas las causas que permiten tanto a las mayorías como a las minorías expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública en consideraciones de libertad e igualdad, lo cual provoca una violación directa a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal; por lo tanto, se propone declarar inconstitucional la totalidad del decreto reclamado” (Versión taquigráfica de la sesión de pleno de la SCJN. 5 de octubre de 2015, págs. 51 y 52).

Todas esas son cuestiones que desde el primer momento fueron señaladas como errores y deficiencias en la conducción de la sesión en la que fue aprobada dicha ley. Incluso, puede decirse que no se necesitaba ser Ministro de la Corte para distinguir lo que ahí había ocurrido, y cómo los vicios del procedimiento habían sido tan profundos y tan visibles que el contenido de esa atropellada sesión se hacía insostenible.

Los propios diputados lo supieron siempre pero prefirieron el circo legislativo, y la soberbia de sostener sus decisiones a costa de todo, antes que reconocer sus pifias y enmendarlas. Por eso, el resultado final fue la Corte echó por tierra la norma sin siquiera entrar a su análisis. Y por eso mismo —por esa derrota “por default” — si hubiera conciencia, los diputados tendrían que repensar sobre su actuación y los resultados que le están entregando a Oaxaca.

LA JUCOPO, UN DESASTRE

Es hasta romántica la naturaleza jurídica de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En su artículo 39 ésta señala: “La Junta de Coordinación Política, es la expresión de la pluralidad del Congreso; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”.

Según el artículo siguiente (el 40), es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno del Congreso la designación del Oficial Mayor, el Tesorero y el Contralor Interno (fracción XV). Y según los artículos 45 y 46 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la Tesorería recibirá́ de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, previo acuerdo de la Comisión de Hacienda, el Presupuesto correspondiente para los gastos que origina el Congreso del Estado; y el Tesorero hará́ los pagos de dietas, gastos y sueldos de los Ciudadanos Diputados, Funcionarios y Empleados del Congreso, los días designados para este efecto.

¿Por qué traer a colación todo esto? Porque resulta inverosímil, y hasta indigno, que diputados de varias filiaciones políticas le pidan cuentas públicamente al Tesorero, como si éste fuera un empleado superior a ellos, o como si éstos no tuvieran la potestad de solicitarle cuentas no sólo a él, sino también a la Comisión de Hacienda, por la forma en cómo se ha ejercido su presupuesto.

INCÓGNITAS

Esto se acentúa aún más, cuando fue esta misma Legislatura quien aprobó una reforma constitucional para hacer “irreductible” su presupuesto ante la tentación del Ejecutivo de reducirlo. Hoy en día, y a la luz de esos hechos, los diputados debieran explicar para qué querían un presupuesto anual ascendente, y para qué pelearon tanto por sostener su reparto partidista de las posiciones administrativas en el Congreso local, si hoy sus subordinados están más empoderados que ellos, y parece que no pueden controlarlos.