Comunicado
El Poder Judicial del Estado participó en la primera Audiencia Penitenciaria 2023, que se realizó en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, donde aproximadamente 150 mujeres privadas de su libertad fueron atendidas y se les brindó información sobre sus procesos jurídicos, cuadernos de ejecución penal y posibilidades para agilizar los trámites pertinentes de acuerdo a la etapa de cada procedimiento.
Con la representación del magistrado presidente Eduardo Pinacho Sánchez, el juez de Control y del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, Sergio Eloy Cortés, intervino en la ceremonia de inauguración de las mesas de trabajo, donde destacó que un derecho humano de las personas privadas de su libertad, establecido en el artículo 18 de la Constitución Política, es la reinserción social.
Por ello, dijo, es responsabilidad de las autoridades y objetivo de estas audiencias penitenciarias, realizar la revisión de los expedientes para que se atiendan los planteamientos de quienes se encuentran en esta situación y se vigile que sus casos se apeguen a la garantía del debido proceso.
En presencia de la secretaria de las Mujeres de Oaxaca, Elisa Zapeda Lagunas, quien asistió con la representación del gobernador Salomón Jara Cruz; reiteró el compromiso de la institución responsable de administrar justicia de apoyar las acciones encaminadas a lograr la reinserción de este sector de la sociedad y garantizarles un mejor futuro.
Por parte del Poder Judicial del Estado intervinieron en las mesas de atención junto con el juez Sergio Eloy Cortés, la directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, Nidia Martínez Esteva, la visitadora Martha Elena Castillejos Sánchez y personal del Tribunal Superior de Justicia.
La primera Audiencia Penitenciaria contó también con la presencia del director de la Defensoría Pública del Estado, Marcelo Merino García, del subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Roberto Claudio Castillo, así como representantes de la Fiscalía General del Estado y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
