Aurelio Ramos Méndez
El muy probable triunfo electoral de Donald Trump en cuerpo ajeno en Brasil, dentro de dos semanas, y la predictibilidad de los cambios institucionales que su alter ego Flávio Bolsonaro buscaría consumar desde la presidencia del gigante sudamericano, aconsejan proteger con el blindaje más alto y resistente la “nueva Constitución” de la que se enorgullece la presidenta Sheinbaum.
La derecha internacional, tiene razón la mandataria, trata de intervenir en nuestro país en busca de un cambio de gobierno. Mejor dicho, la injerencia ya está en marcha –se antoja ingenuo no percatarse de ello—por la vía de una patente conspiración operada por el embajador Ronald Johnson.
Colaboran alborozados en esta acometida por lo menos dos gobiernos estatales, los de Maru Campos, en Chihuahua –apuntalado por una pandilla de panistas de dimensión nacional–, y Mauricio Kuri, en Querétaro, además de ya no sólo periodistas en lo individual sino empresas mediáticas resentidas porque la 4T les alzó la canasta.
En Brasil la intromisión gringa ha sido clara. La contienda electoral allá no se libra entre el vástago del condenado a 27 años de prisión por golpista, Jair Bolsonaro, y Luiz Inácio Lula da Silva, sino entre éste y un Trump empecinado en consumar el pretendido destino manifiesto de América para los estadunidenses.
La campaña del brasileño –pudo verlo el mundo entero– fue lanzada el 26 de mayo pasado mediante una foto en la Casa Blanca, en la cual aparecían Trump y los hermanos Flávio y Eduardo Bolsonaro, y ha merecido vigoroso respaldo del gobernante gringo.
De concretarse los pronósticos de triunfo derechista el próximo 25, sólo quedarían México y Canadá como naciones grandes en resistencia para evitar la concreción del denominado corolario de Trump a la doctrina Monroe.
Si bien Bolsonaro, como presidente, no conseguiría convertir a su extenso país en protectorado norteamericano, por la sencilla razón de que la realidad –en especial la economía– se impone, esto no sería obstáculo para que intentase borrar la impronta de Lula, meterles reversa a los cambios sociales y económicos instaurados por la izquierda.
Brasil está lejos de ser el paraíso, pero de acuerdo con economistas incluso del FMI y del Banco Mundial, tiene gran estabilidad, enormes reservas en el Banco Central, moneda vigorosa, alrededor de 77 mil millones de dólares en inversión extranjera el último año, y notables avances en inclusión social y combate a la pobreza.
El desempleo se halla en el nivel más bajo (5.3 por ciento) en décadas, y la economía en crecimiento (3,4% en 2024 y 2,3% en 2025), con inflación a la baja.
No se necesita bola de cristal para anticipar que si por gajes de la democracia, tendencia política regional o intervencionismo trumpista sobreviniese en nuestros lares un cambio de régimen, el desmonte de las reformas enfocadas a devolverle su orientación social a la Carta Magna sería prioridad del prianato redivivo.
Tal cambio de rumbo nada tendría que ver con el desempeño de los gobiernos cuatroteístas, que sin ser prodigioso ha sido aceptable. De ahí la necesidad de blindaje táctico nivel 10.
Nuestra derecha renacida emprendería la vuelta atrás de estas transformaciones y aceleraría la reinstauración del “estado de derecho”, que al cabo de tres décadas en el poder dejó inacabado en 2018 y el obradorismo lanzó en gran parte al cesto de la basura.
Todavía resuenan los ruegos de José Antonio González Anaya, a la sazón secretario de Hacienda, exdirector de Pemex y exdirector del IMSS, quien a sólo semanas de las elecciones de aquel año expresó ante un grupo de periodistas encabezados por el recién fallecido, don Jorge Kahwagi Gastine: “¡Ojalá que no gane López Obrador!”.
Con la actitud de quien les reza a todos los santos por la continuidad del prianato, el funcionario explicó el motivo de su desasosiego:
“Ya falta muy muy poco para la culminación y consolidación del estado de derecho, y con ello la imposibilidad de revertir los cambios realizados”.
Se refería, obviamente, al entramado jurídico e institucional, los cambios estructurales que el viejo régimen no consiguió completar conforme a sus deseos; la carta de navegación que llevó al país al desastroso punto en que se hallaba a la llegada de la 4T.
La injerencia de Trump por la tierra de la samba se da con disimulo tanto por la dimensión geográfica, demográfica, económica y aún militar de ese país, como por su intensa relación económica con China, verdadera némesis del Tío Sam.
Y por la adscripción al grupo político y económico BRIC, formado por Brasil, Rusia, India y China, lo cual inhibe mínimamente los desafueros del ocupante de la Casa Blanca, insolente y grosero con quien puede no con quien quiere.
Bien visto el asunto, señalan los internacionalistas más ecuánimes, de salir airosa la derecha en la nación de la bandera verde-amarela ni siquiera habría ganado el presidente de EU, sino que habría perdido el oficialismo. Lo cual –sostienen–, estaría acorde con la tendencia observada en América Latina desde hace una década.
De 2018 a la fecha en la región se han realizado 20 elecciones presidenciales, en 17 de las cuales el oficialismo –de izquierda o de derecha– ha sido derrotado; las excepciones, Paraguay en 2018 y 2023, y Ecuador 2025.
Quienes sostienen que la izquierda se está desmoronando, deberían recordar que en 2022 el oficialismo de derecha perdió incluso en Colombia, el país más conservador del vecindario, donde por primera vez en la historia la izquierda accedió al poder con Gustavo Petro.
¿A qué se deben las derrotas electorales, democráticas, de los gobiernos, con independencia de su signo ideológico? ¿Podría ocurrir en México 2030?
Con ayuda de EU para imponer un gobierno títere, desde luego que sí podría reeditarse esta tendencia.
Y, en cuanto a las causas, no se requiere perspicacia para apuntar a la incapacidad de la democracia para resolver el cúmulo de problemas nacionales reales, a cual más acuciante, gran parte de estos derivados de la aplastante hegemonía estadunidense.
Ejemplo –uno entre muchos—, el narcotráfico. Cáncer cuya existencia se debe a la ilegalidad de las drogas decretada por EU como pretexto intervencionista, el cual durante seis décadas ha obstruido el desarrollo del subcontinente.
Agréguense la expoliación de las riquezas naturales, la asimetría económica, los chantajes comerciales –con el gas por estos días–; castigos arancelarios, acoso y condicionamientos políticos…
La Presidenta ha dado señales de que le tiene bien tomado el pulso a la coyuntura.
“Nuestro principal aliado es el pueblo de México. Mientras estemos cerca del pueblo, representando al pueblo y gobernando por el pueblo y para el pueblo, no va a haber problemas. Ninguno. Ese es nuestro gran aliado, el pueblo. Y vamos a seguir trabajando por el pueblo”, dijo.
De acuerdo. Pero no estaría de más el blindaje de grosor extremo.
BRASAS
Mal se vio la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, al exhortar a quienes no militan en Morena abstenerse de usar la imagen del expresidente López Obrador “con fines electorales” rumbo al 2027.
Pero peor se vio el exmandatario al “autorizar” sólo a Morena y a nadie más el uso político-electoral de su nombre, imagen, siglas y hasta mote, debidamente registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
La decisión del tabasqueño plasmada en su libro Pueblo, como diría el clásico, puede ser legal pero es también inhibitoria de la libertad de expresión e inconveniente para su partido.
El sólo hecho de que tales signos de identidad hayan sido registrados oficialmente exhibe rasgos de megalomanía, que ofrecen abundantes insumos para la crítica a quienes lo han acusado de mesiánico.
¿Qué de malo tiene el que militantes del Verde, el PT o cualesquiera otras fuerzas coreen su nombre o porten pancartas con su efigie, si son aliados electorales o simpatizantes del guinda?
¿Esperaba el Peje no tener que resentir perjuicio alguno cuando, necesitado de votos, “autorizó” hacerles a aquellos partidos la propuesta indecorosa de amancebarse?
El llamado de Ariadna no califica jurídicamente como ataque a la libertad de expresión, pues la ley ampara al expresidente; pero políticamente constituye un esparadrapo en la boca, un golpe innecesario y hasta humillante a sus coequiperos.
La limitación, por añadidura, es absolutamente impráctica.
¿Qué sucedería si un grupo de petistas, verdes o panistas y priistas, decidiese emigrar a Morena y acudiera en marcha multitudinaria a matricularse, coreando las siglas AMLO y portando pancartas con su efigie?
¿Permitiría el Peje semejante transgresión a los derechos protegidos por el IMPI? O, en caso contrario, ¿quién o quiénes, y cómo lo impedirían?
El exmandatario, para bien o para mal, ya cumplió su responsabilidad como jefe del Estado. Se decía –con razón o sin ella– conductor de la cuarta transformación. ¿Habrá imaginado alguna vez si Morelos, Juárez o Madero hubieran procurado la protección del IMPI para su imagen?
Y, si por voluntad propia pasó a retiro, ¿no lo razonable es permitir que la historia haga su parte, y si hay quienes quieren aclamarlo, que lo aclamen, y si otros optan por deturparlo debería tomarlo como gajes de la democracia?
RESCOLDOS
El dirigente panista Jorge Romero no sólo traicionó su compromiso de hacer que el PAN compita solitario en las elecciones, sino que ahora implora alianzas. Para colmo, busca coligarse con lo más maloliente del barrizal para competir en Chihuahua, el PRI de AlitoMoreno. Pobre.
aurelio.contrafuego@gmail.com
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