TSJE: contrastes del cambio y el autoritarismo

+ Lagunas: reforma a PJE, cuestionada de origen

Ayer fue electo formalmente como presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Alfredo Lagunas Rivera. Esto ocurre en el marco de un nuevo régimen de gobierno, que prometió cambios sustanciales en la praxis política para desmantelar el autoritarismo del pasado, pero que está atendiendo a los mismos principios de antaño. El sistema de impartición de justicia estatal tiene en puerta reformas y posibles avances sustanciales que, sin embargo, se verán empañados de origen con la forma y fondo de la elección del nuevo Titular del Poder Judicial del Estado.

Contrario a lo que se cree, la puesta en marcha de los llamados Juicios Orales no es suficiente para considerar que el Poder Judicial en Oaxaca es uno de los más modernos del país. Aunque es incuestionable que la puesta en marcha del sistema de justicia acusatorio adversarial significa un avance sustancial en la forma en que se imparte la justicia en la entidad, es evidente que a nivel global son más los resabios y los cuestionamientos que tiene el Poder Judicial, que los posibles puntos positivos que hasta ahora se hayan procurado a su favor. ¿Por qué?

Porque, en términos generales, tanto la integración como la organización interna del Poder Judicial continúan ajustándose a esquemas anquilosados, opacos, discrecionales y que privilegian los verticalismos del poder que, se supone, ya debían comenzar a desterrarse ante la llegada de un régimen de gobierno democrático, como el que se dice que ya se encuentra presente en nuestra entidad.

Por esa razón, de entrada resulta ser un contraste hondamente marcado, el hecho de que el gobernador Gabino Cué Monteagudo se haya comprometido a proponer al Congreso una reforma profunda al Poder Judicial del Estado para hacerlo más funcional, transparente, independiente y autónomo, pero que la primera decisión política que tomó en su régimen de gobierno respecto al sistema de impartición de justicia, sea el abierto pago a una cuota de poder al senador Ericel Gómez Nucamendi, con el nombramiento de su sobrino, el magistrado Lagunas Rivera, como presidente del TSJE.

Empero, parece claro que más allá del pago de cuotas políticas, el problema será mucho mayor para la credibilidad y legitimidad futura del Poder Judicial del Estado. Es claro que más allá de cualquier fobia o filia política, la estructura jurisdiccional de la entidad necesita ajustes institucionales que, esencialmente, tienen como común denominador la urgencia de dotarlos de publicidad, transparencia, legalidad y equilibrios; pero que, aún ocurriendo en los mejores términos, a partir de ahora tendrán un problema de legitimidad y credibilidad por la forma en que ya se determinó el nombramiento del nuevo Titular de ese Poder.

REFORMA URGENTE

En Oaxaca, el mecanismo constitucional para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, establece un poder predominante del Gobernador del Estado sobre el Congreso local e incluso sobre cualquier posible opinión del Poder Judicial.

Aquí, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución local, “todos los Magistrados serán nombrados por el Gobernador del Estado y ratificados dichos nombramientos dentro del plazo improrrogable de diez días por la Legislatura del Estado, si no resolviere dentro de dicho plazo, se tendrán por ratificados”. Incluso, el mismo numeral señala que “en el caso de que no los ratifique, el Gobernador hará nuevo nombramiento y si también se negare la ratificación, hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos inmediatamente a reserva de obtener la ratificación en el siguiente periodo ordinario de sesiones.”

Es decir, que contrario a los equilibrios que existen a nivel federal entre el Ejecutivo y Legislativo para la integración del Máximo Tribunal del Poder Judicial de la Federación, aquí la composición del Tribunal Superior de Justicia se encuentra omnímodamente en el Gobernador del Estado. Esa es una, acaso la más importante, de las reformas urgentes. ¿Por qué? Porque por un asunto básico de democracia y equilibrio entre poderes, no puede seguir siendo el Gobernador del Estado el único con capacidad de determinación sobre los Magistrados del Tribunal Superior.

Pero también es urgente el establecimiento de mecanismos e instancias que clarifiquen la composición interna de los órganos jurisdiccionales locales. Falta, cuando menos, un Consejo de la Judicatura, que fije reglas y procedimientos claros a través de los cuales se determine el nombramiento, permanencia e incluso separación del cargo de los funcionarios judiciales. Hoy, la función administrativa y escalafonaria del Poder Judicial del Estado no alcanza a tener la suficiente estructura como para demostrar que es confiable.

Incluso, en cuanto a la continuación en la puesta en marcha del sistema de justicia acusatorio adversarial en las regiones del Estado que faltan (que son las más), debe haber pasos firmes y no sólo buena voluntad, sino demostraciones fehacientes de disposición. Si Oaxaca de verdad pretende estar a la vanguardia en cuanto a la impartición de justicia, y tener un Poder Judicial verdaderamente confiable y dotado de certeza, tiene que emprender cuanto antes el camino de las reformas, la reorganización y —aunque parezca un término cargado de populismo judicial— la democratización de sus normas, estructuración y funcionamiento.

Por todo esto, el primer paso dado con el nombramiento del magistrado Lagunas Rivera como cabeza del Poder Judicial del Estado, no es una buena señal respecto a todas estas promesas de reordenamiento y democratización. Todas estas reformas tendrán un camino cuesta arriba respecto a su credibilidad, ante la primera decisión tomada conforme a las reglas del supuesto pasado político de la entidad, que más bien, y según los hechos tangibles, continúa siendo presente.

Más allá de lo que se diga, este es un simple y llano pago de cuotas, a través del ejercicio de una práctica vertical, en la cual la titularidad del Poder Judicial nuevamente se decidió en la oficina del Gobernador del Estado. Y es asimismo lamentable, que aún frente a estos pretendidos “nuevos tiempos”, la mayoría de los magistrados se haya plegado y, con sumisión, hayan tomado la decisión del Gobernador como una orden que simplemente cumplieron.

INVERSIÓN JUDICIAL

Por cierto, otro aspecto que dará pautas para el cambio o continuismo que se dé en el Poder Judicial, es el presupuestal. Todas esas reformas cuestan. Indagaremos.