+ ¿El mismo camino seguirán IEE, ASE y el IEAIP?
Como si fuera un simple asunto de reparto de cuotas de poder, y no una prioridad en el reforzamiento de la credibilidad y la legitimidad de las instituciones del Estado, las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD decidieron, en base a sus intereses, la nueva integración del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. Para conformarlo no importaron los conocimientos, la preparación o la experiencia de los aspirantes: únicamente contó la venia, las bendiciones y los intereses de los tres grupos mayoritarios de poder que existen en el Poder Legislativo del Estado. Ello constituye, desde todos los flancos, una clara regresión al sistema democrático que supuestamente nos rige, y que en estos “nuevos tiempos” los partidos prometieron apuntalar en Oaxaca.
Prácticamente desde el día siguiente a la jornada comicial, se tuvo la certeza de que todos los órganos relacionados con los procesos electorales serían renovados por completo, apenas asumieran sus cargos el Gobernador del Estado y los nuevos diputados. El triunfo de Gabino Cué Monteagudo claramente ocurrió no gracias a las garantías de imparcialidad y equilibrio, sino más bien a pesar de la conformación de las instancias respectivas, que siempre habían sido cuestionadas por su proclividad al poder, y por las supuestas relaciones indebidas que tenían con servidores públicos emanados del Partido Revolucionario Institucional.
En ese sentido, temas como el del “pendientito” entre el consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y el entonces gobernador Ulises Ruiz —dado a conocer a través de una reveladora grabación telefónica que, sin embargo, fue obtenida ilegalmente—, o la decisión del Tribunal Estatal especializado en la materia, de forzar la entrega de una diputación local al Partido Verde Ecologista de México —a pesar de la resolución en contrario del IEE, e incluso tratando de convencer de sus dichos a la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—, marcaron sendos puntos sin retorno para sus integrantes. Llegado el momento serían separados de sus cargos amparados en esos cuestionamientos. Pero lo que prometieron los integrantes de la LXI Legislatura del Estado, es que ahora sí se apegarían a los criterios democráticos que marca la Constitución para elegir a sus sucesores.
¿A qué se refiere ese espíritu democrático? En términos sencillos, éste se refiere al hecho de que la Constitución del Estado establece que los integrantes de los órganos autónomos en general (como el Instituto y el Tribunal Electoral, la Auditoría Superior, el Instituto de Acceso a la Información, y demás entidades plena o parcialmente autónomas) deben ser individuos que gocen no sólo de independencia y una reputación intachable, sino también experiencia y conocimientos técnicos especializados en los asuntos que conoce el órgano respectivo. Por si fuera poco, en general la Ley Fundamental establece que debe ser estrictamente en base a esos criterios, que la Legislatura del Estado es como debe elegir a los servidores públicos respectivos.
Se supone, pues, que los legisladores debían ponderar todos esos requisitos objetivos por encima de cualquier otro, e incluso privilegiar a aquellos aspirantes que manifestaran y demostraran de mejor modo su trayectoria y también su independencia al poder. Es decir, que fueran ciudadanos comprometidos con la sociedad, y no con facciones o fuerzas políticas determinadas. Todo esto, se supone, garantizaría que las decisiones que se tomaran en esos órganos (que nacieron específicamente para controlar al poder) fueran lo más imparciales, autónomas y legítimas posibles.
Todo eso, sin embargo, les importó un comino a las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, que hicieron ésta elección de los integrantes del Tribunal Electoral, no como un auténtico ejercicio democrático acorde a los supuestos “nuevos tiempos” y “equilibrios” que ellos tanto presumen, sino como un grosero reparto de cuotas de poder.
CIUDADANIZACIÓN,
AL CESTO DE BASURA
Seguramente los diputados locales oaxaqueños lo ignoran —porque ese es el común denominador en el poco civilizado ámbito político estatal—, pero hace apenas hace muy pocas décadas otros hombres y mujeres lucharon fuerte en el país porque las instancias electorales gozaran de credibilidad y legitimidad, y dejaran de estar en manos de quienes ejercían en el poder, para pasar al ámbito de los ciudadanos. Esa fue una auténtica visión democrática, que a nivel federal se ha tergiversado, y que lejos de ser enmendada desde las entidades federativas, aquí comienza a reproducirse.
¿De qué hablamos? De que hace muy poco tiempo, cuando el ejercicio del poder era unipersonal y vertical, todas las decisiones “democráticas” las tomaba un solo individuo denominado Gobernador del Estado, y todos los demás entes obedecían el mandato y dotaban a esas determinaciones de las formas legales y democráticas que pudieran esconder ese ejercicio plagado de autoritarismo.
Ahora, cuando el Titular del Poder Ejecutivo emanó de un conjunto de fuerzas que ondearon como principal bandera la del cambio democrático, y cuando la capacidad de decisión quedó dividida en tres fuerzas en el Congreso del Estado, podría suponerse que las cosas podrían cambiar. Pero no. Lejos de democratizar el poder, unos y otros se están repartiendo, de la forma más vil, se están repartiendo su ejercicio y las parcelas que el autoritarismo dejó vacantes.
Sólo de ahí se explica que aún antes de que se conocieran formalmente las ternas para integrar el Tribunal Electoral, ya se sabía que los electos serían Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar y, eventualmente, Roberto López Sánchez. La primera, independientemente de sus conocimientos o experiencia, era quien tenía a favor la línea y la bendición del gobernador Gabino Cué; el segundo, la venia del PAN; y el tercero, el respaldo priista, que ayer mismo decidía si lo impulsaba a él o a otro personaje.
¿DEMOCRACIA?
¿Eso es democracia? Para cualquiera con más de tres dedos de frente, eso es un simple arreglo político que luego se dota de formas democráticas. ¿Se decidió por los mejores aspirantes? No. Todo esto fue según las conveniencias de los grupos, y fue una decisión tomada desde la simple lógica del poder. Y lo peor, es que ese rumbo seguirá la integración de los demás órganos autónomos de Oaxaca.
