+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

El caso Kalimba, y la justicia de Televisa

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+ La tele, omnipotente de nuestro tiempo

No han pasado más de tres semanas desde que se reveló en los medios informativos de la capital del país, la exigencia de una investigación ministerial motivada por la acusación violación, que una menor de edad formuló en contra del cantante Kalimba. En unos cuántos días vimos una rara actuación eficaz de la justicia mexicana. Acostumbrados a ver la impunidad y la ineficiencia de las autoridades por todos lados, hace dos días nos fuimos a dormir con la noticia de que a menos de 24 horas de que se le libró una orden de aprehensión al también compositor, éste fue aprehendido a través de una “Ficha roja” de la Interpol, aún cuando se encontraba en territorio de otra nación. Tanta diligencia de la autoridad en medio de este México surrealista, no puede más que conducirnos a la sospecha.

Aunque en México dicen los principios constitucionales que todas las personas son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario; y que, asimismo, toda persona tiene derecho a ser oída y vencida en juicio formulado ante autoridad competente, lo cierto es que para el común de los mexicanos Kalimba es culpable desde el día en que el presentador de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola, lo confrontó, enjuició y sentenció pública y sumariamente, frente a millones de espectadores, a través de su noticiario matutino de televisión.

¿Qué ocurrió entonces? Que en un desesperado intento de defensa, Kalimba decidió no sólo enfrentarse a la justicia del Estado, sino también a los tribunales de la televisión. Aunque la acusación ministerial en su contra fue radicada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el asunto se convirtió en un escándalo nacional cuando las principales televisoras del país, (Televisa, en particular) decidió emprender una escalada de información previamente determinada para enjuiciar al cantante.

Así, los noticieros de televisión dieron amplísima cobertura al asunto. Luego de varios días de acusaciones continuas, el cantautor decidió dar la cara en el noticiario matutino de esa cadena televisiva. Ahí, Loret de Mola decidió erigirse en Agente del Ministerio Público, y Juez, para en un solo momento conocer la causa, obviar la presentación de cualquier otra prueba que no fuera una confesión, cerrar la instrucción del proceso, para luego juzgar y sentenciar a quien de antemano ya había sido señalado como culpable.

Este es, sin duda, el peor escenario. Aunque la justicia del Estado apenas comenzará a conocer formalmente del asunto (si nada extraordinario ocurre, hoy sábado Kalimba será presentado ante el juez quintanarroense para que rinda su declaración preparatoria, y de ahí se fijen las condiciones del auto de formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad que se le podría librar), para la gran mayoría el cantante ya es culpable.

En estas condiciones, es no sólo temerario, sino políticamente incorrecto e incluso desatinado, asegurar categóricamente —como aquí lo hacemos en este momento— que Kalimba es inocente. ¿Por qué ceñirse a una postura que parece de antemano perdida, que es también disparatada, y que incluso parece machacona y odiosa?

Porque lejos de los reflectores de la televisión, nosotros debíamos comenzar a ver con más detalle eso: que todos aquellos que son acusados de un delito deben ser considerados inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. En función de ello, la visión general debería ser menos inquisitiva y considerar que todas las probanzas y actuaciones deben hacerse ante las autoridades que corresponde, y que todo lo demás que diga la televisión no es más que abono para la tervigersación y utilización discrecional de la justicia.

Veamos si no.

 

EFICACIA SOSPECHOSA

El pasado martes se cumplieron 10 años de que Joaquín Guzmán Loera, alias “Chapo Guzmán”, se escapó del penal federal de (supuesta) máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Aunque nuestro sospechosismo es exacerbado y paranoico, resulta que justamente ese día, 18 de enero, el gobierno federal anunció la aprehensión de José Jorge Balderas Garza, alias “El JJ”, en un espectacular operativo realizado por la Policía Federal, y derivado de acciones de inteligencia encabezadas por agentes federales. Dos días después, Kalimba fue detenido.

Asegurar que esos tres hechos tienen una conexión causal, podría parecer hasta ofensivo de nuestra parte. Son simples casualidades de la vida, de las cuales no tiene control ni el gobierno federal, ni los grupos criminales, y mucho menos los presuntos atacantes sexuales de menores de edad, que también se dedican a la música, la composición y a ser estrellas juveniles.

Sin embargo, resulta que la fuga del Chapo Guzmán marcó el inicio de esta sangrienta guerra entre el gobierno federal y las bandas criminales, que no sólo ha teñido de sangre al país, sino que también ha acelerado el proceso de envenenamiento de millones de jóvenes mexicanos que hoy son adictos a alguna de las drogas comerciales.

El Chapo Guzmán, además, encabeza el cártel de la delincuencia organizada que más sangre derrama, que más muertos produce, y que tiene más impunidad no se sabe si por la incapacidad del gobierno para detenerlos, o por la existencia de algún acuerdo o complicidad. Todo esto inició, hace diez años cuando el Chapo se escapó de la prisión donde se encontraba, hace justamente una década.

Pues resulta que aunque nada de esto tiene conexiones causales formales, justo cuando la sociedad mexicana debía llegar a punto climax de cuestionamientos y recriminación al gobierno federal por esta evidente inacción para aprehender al capo de la droga, es detenido el JJ y Kalimba. Curiosamente, ambos tienen vínculos estrechos con el mundo de la farándula artística (y por tanto atraen mucha atención), pero son elementos irrelevantes para los verdaderos problemas de impunidad que tiene nuestro país.

Si el JJ no le hubiera disparado al futbolista Salvador Cabañas, y no tuviera un hijo con la famosa “Chiva”, hoy podría seguir operando libremente todos los negocios ilícitos en los que estaba involucrado; del mismo modo, si no hubiera sido Kalimba el acusado de violación, seguramente el presunto atacante de esa menor de edad estaría libre, cruzando cualquiera de las dos fronteras que tiene México.

 

¿ESO ES JUSTICIA?

Es lo que debíamos preguntarnos. Esta es una acción insignificante e intrascendente de la justicia: le dan pan y circo al pueblo para que crea que este es un país de leyes; pero los grandes criminales viven en la impunidad absoluta.

 

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