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+ Aprehensiones: otro botón de muestra
La comparecencia del procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, tuvo como característica principal el desgano y el desinterés de los diputados sobre el tema. Contrario a cómo ocurrió con otras comparecencias, éste no recibió mayores cuestionamientos, y su exposición fue simplemente una perorata que transcurrió sin mayor contratiempo. ¿Ello significa que su actuación es aceptable, o que el silencio y la sorna de los legisladores es sinónimo de aprobación?
Evidentemente no. Y es así porque, en realidad, la gestión del procurador Martínez Ramírez ha estado enmarcada lo mismo por las ineficiencias que por los desengaños. En los casi dos años y medio que lleva al frente de la dependencia, el común denominador ha sido las justificaciones, el aval a las mañas existentes en la Procuraduría, e incluso la reproducción de las mismas. Todo esto, claro, enmarcado por la impunidad profesada, y por la negativa sistemática del Procurador —y su equipo de trabajo completo— a involucrarse en verdaderos temas de fondo relacionados con el cumplimiento exacto de su deber.
Vayamos a dos señalamientos específicos, que ilustran de buen modo el lamentable estado en que se encuentra la Procuraduría. El primero está relacionado con las funciones esenciales de la figura del Ministerio Público (MP); y el segundo con el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la persecución de delitos, la integración de averiguaciones previas, el establecimiento de las responsabilidades probables; y la captura y presentación de los señalados ante el órgano que imparte la justicia. Pero vayamos por partes.
Teóricamente, la Procuraduría de justicia es el órgano en el que se materializa el MP, como una figura indivisible. Como tal, el MP se erige como representante de la sociedad ante el Estado, para ejercer la acción penal. Entre sus funciones esenciales derivadas de esa representación, se encuentran las de investigar hechos que constituyan delitos, y establecer el grado de responsabilidad de quienes los cometieron. Es decir que, por ejemplo, ante un cadáver hallado en la vía pública, la PGJE debe determinar el tipo de delito que se cometió, así como el móvil y la identidad de quienes lo protagonizaron.
Todo eso, que en el ideal parece tan sencillo y hasta de la “romántica” acción de la justicia, es un imperativo que en Oaxaca no se cumple. Aquí, el Ministerio Público es, y ha sido, un ente obeso en el cual se encuentran pocas posibilidades de procurar la justicia, en las que las “investigaciones ministeriales” se limitan a la sola recopilación de datos, y a la realización de consignaciones basadas en los señalamientos directos, pero no en investigaciones reales, comprobables y concretas.
Los ejemplos están a la vista. Mientras la Procuraduría funge como un órgano de hostigamiento y de persecución a modo, que favorece a unos en detrimento de la mayoría, hay una lista larguísima de crímenes que no han tenido solución alguna. Éstos van desde los homicidios inexplicables que comúnmente ocurren en la capital y el interior del Estado —que malamente se consideran “irrelevantes” por no involucrar a personas o hechos de relevancia social o política—, hasta los “importantes” que se han cometido en contra de jefes policiacos activos y en el retiro, periodistas, dirigentes de zonas rurales y de mercados, como los ocurridos recientemente.
Un caso emblemático es el del camarógrafo norteamericano Bradley Rolland Will, cuya investigación fue entregada a la Procuraduría General de la República, ante la incapacidad del órgano de justicia estatal ya no de establecer una investigación exhaustiva, sino incluso de generar las certezas mínimas sobre su actuación.
ACTUACIÓN
DISCRECIONAL
Todo eso ha ocurrido mientras el procurador Martínez Ramírez justifica su ineficiencia, y la ineficacia de la institución que encabeza, con el argumento de que la tarea de procurar justicia “no es fácil”. Si la percepción de impunidad hoy es alta en Oaxaca, mucho tiene que ver que la población vea y corrobore reiteradamente que cualquiera es libre de cometer un delito —de la magnitud, en el sitio y a la hora que sea—, sin que exista la posibilidad de que se establezca su identidad y se le presente para que responda ante la justicia.
Mientras esto ocurre, sobre quienes encabezan la Procuraduría pesan señalamientos sobre su enriquecimiento aparentemente inexplicable; sobre los lujos y comodidades con las que viven desde que accedieron a sus respectivos cargos; y sobre la actitud de soberbia y desdén que tienen respecto al señalamiento popular de que ellos no están haciendo correcta y satisfactoriamente su trabajo. ¿Puede haber, además de esto, un señalamiento aún más grave?
Parece que sí. Porque nadie en Oaxaca ha tenido a bien cuestionar al procurador respecto al uso que le da a la única corporación policiaca que materialmente quedó bajo su mando. Esta es la llamada Fuerza Policial de Alto Rendimiento, que encabeza el comandante Pedro Hernández Hernández. Pareciera que la actuación de ese grupo pasa desapercibido. Pero cualquiera que tiene interés en que se ejecute una orden de aprehensión bajo circunstancias específicas, sabe que en esas siglas se encuentra la clave de todo.
En ese sentido, podría pensarse que ciertas prácticas policiacas excesivas, relacionadas con el cumplimiento de órdenes de aprehensión (tales como las detenciones violentas, el “sabadazo” y la “negociación” de esos mandamientos judiciales) habían quedado en el pasado. Tendría que revisarse con detenimiento qué tipo de órdenes ejecuta la AEI, y cuáles la FPAR. Dentro de las mismas corporaciones policiacas es bien sabido que ésta última se encarga de resolver los asuntos que directamente le interesan al Procurador, que tal corporación no se encuentra integrada al llamado “mando único” de la SSPE, y que por tanto no entrega cuentas a nadie más que no sea Martínez Ramírez.
¿SIN CUESTIONAMIENTOS?
Los diputados oaxaqueños manifestaron su desacuerdo con el Procurador de la peor forma: ignorándolo casi por completo. Hicieron mal. Parte de la responsabilidad por su arribo y permanencia a dicho cargo, es de ellos. Su ratificación fue determinante para que éste se terminara de acomodar en un cargo que, a todas luces, le queda grande. Lo peor, es que esas incapacidades se traducen en un riesgo real para la población, que no cuenta con suficientes garantías de seguridad y de que, en caso de necesitarlo, se le procure la justicia.
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