+ Las sanciones a elementos estatales serán indispensables
Alejados de la confianza, de la justificación o minimización de los excesos policiacos e incluso de la absolución en boca propia, los funcionarios estatales encargados de la seguridad pública debieran estar tratando de aprender de sus errores, para aprovechar las oportunidades de reconsideración que el momento político les impone.
Es evidente que en prácticamente cualquier otro momento político de Oaxaca, hechos como el ocurrido el pasado 15 de febrero con integrantes de la Sección 22 del SNTE, y el más reciente en Textitlán, habrían sido claramente considerados, y repudiados, como actos de represión. Hoy, sorprendentemente, eso aún no ocurre. Sin embargo, eso no significa que la actuación de los cuerpos de seguridad sea limpia y correcta, y mucho menos que ésta no conlleve excesos, represión o brutalidad policiaca.
Este es un momento inmejorable para que tanto la Secretaría de Seguridad Pública, y la Policía Estatal, como instancias operativas, y la Oficina de la Gubernatura, la Secretaría General de Gobierno, como instancias de intervención política, ajusten sus criterios y formas de actuación. Queda claro que los errores cometidos hasta hoy en materia de seguridad, los están llevando a gastar indiscriminada, e innecesariamente, el bono democrático que la sociedad depositó en ellos, el cual es generoso, pero no es eterno y tampoco es inagotable.
Veamos si no. Aunque los directamente involucrados en los hechos del 15 de febrero, fueron elementos de la Policía Federal que resguardaban la visita al Palacio de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, es claro que éstos actuaron como último eslabón de una cadena de concertación política y estrategia que debió partir de instancias estatales tanto políticas como operativas.
En aquel momento, rápidamente quedó claro que, sin duda, los elementos federales sí cometieron ciertos excesos y errores en la contención de las protestas magisteriales; pero también quedó perfectamente establecido, que el grupo de profesores que llegó hasta donde estaban los efectivos federales para provocar el choque, lo hicieron como respuesta a la falta de interlocución y acuerdos efectivos entre las instancias políticas del gobierno estatal, y los grupos fácticos que en realidad determinan al sindicato magisterial de Oaxaca.
En aquel episodio, los golpes se los llevaron los elementos federales que fueron agredidos por los inconformes, pero el costo real de todo eso lo terminó pagando el Gobierno de Oaxaca. A nivel de agresión física, el titular de la SSPE sufrió en carne propia las consecuencias. Sin embargo, los yerros que en el fondo provocaron esa trifulca fueron pagados por el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo, que fue quien cargó con la acusación de represión no sólo frente al magisterio, sino también frente a la opinión pública estatal y nacional.
Ahora bien, el asunto que verdaderamente debía preocupar, y sacar del pasmo y la minimización, a todos los actores e instancias involucradas en el gobierno estatal, son los actos de brutalidad policiaca cometidos en Textitlán. Aunque tratan de ser catalogados como “hechos aislados” o “algunos elementos que actuaron excesivamente”, lo cierto es que eso mismo en otro escenario pudo haber puesto en riesgo a todo un gobierno. Veamos si no.
En otros momentos, cuando en Oaxaca ocurrían hechos más o menos similares, la ciudadanía y los grupos organizados se volcaban para repudiar tanto la violencia como los excesos cometidos por los elementos y mandos policiacos. Eso es lo que reiteradamente ocurría, frente a casi cualquier intervención policiaca en conflictos sociales existentes en Oaxaca, y en algunos casos ese estruendo —justificado o no— ha hecho tambalear a administraciones gubernamentales enteras.
Si hoy eso no ha ocurrido, entonces propios y extraños deberían de abrirse a la oportunidad de dejar a un lado la soberbia o el auto convencimiento, para tratar de aprovechar el momento y aprender de sus errores.
REALIDAD ESCONDIDA
En un encuentro sostenido por el gobernador Cué Monteagudo y autoridades de Textitlán, el pasado martes, éste prometió a iniciar “las indagatorias para deslindar responsabilidades de la fuerza pública en el operativo del día 28 prosiguen en el ámbito de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública a fin de castigar los excesos en que hayan incurrido integrantes de la Policía Estatal Preventiva”.
Sin embargo, sólo un día después fue el propio secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, quien anticipadamente exoneró de cualquier posibilidad de castigo a su comisionado de la Policía Estatal, Julio César Alfaro Cruz, al asegurar que “la responsabilidad es de los elementos que actúan, no de sus mandos, porque cada uno es responsable de sus actos.”
¿Qué se desprende de todo esto? Por un lado, que el Gobernador tiene una preocupación genuina por los alcances que podría llegar a tener este conflicto entre pueblos —que ahora está enmarcado en un acto de posible brutalidad policiaca—, y que por esa razón está asumiendo el asunto como prioritario, incluyendo la posibilidad de castigo a quienes se excedieron en el uso de la fuerza.
Y por el otro, que en los mandos policiacos continúa habiendo resistencia a la posibilidad de entrar en un proceso de reconsideración del trabajo que están realizando. Tal pareciera que el Titular de la SSPE está más preocupado por no someter a investigación a su Comisionado, que por llegar al verdadero fondo del asunto, y castigar a los abusivos antes de que sean otras instancias las que revelen lo que verdaderamente ocurrió, y obliguen al gobierno de Oaxaca —con el consiguiente costo político— a tomar cartas en el asunto.
El momento político para reencauzar las cosas, es inmejorable. De lo que no hay garantía, es que los funcionarios involucrados tengan la claridad para entenderlo antes de provocar un conflicto de consecuencias graves.
DENUNCIA
Ayer mismo, el diputado federal Jorge González Ilescas presentó una denuncia ante la CNDH por los hechos de Textitlán. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, se comprometió a indagar los hechos a través de una Comisión, a ponerlos en el contexto nacional, y a emitir una recomendación en breve término. A ver si pasando el asunto por ese tamiz, podemos conocer qué fue lo que realmente ocurrió la semana pasada en aquella comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca.
