+ Federación y estados sólo rodean boquete financiero
Como si fuera una disposición nueva, o que verdaderamente resolviera tanto los problemas económicos tanto de la federación, como de las entidades federativas y de los particulares, hace dos días el presidente Felipe Calderón anunció el fin del pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, a partir del año 2012. Esta noticia, que sin duda es bienvenida por los contribuyentes, en realidad no equivale sino a otro más de los “reenvíos” que se hacen entre ámbitos de gobierno, de un problema mayor que en el fondo nadie se atreve a resolver.
¿Por qué decir que el anuncio presidencial sobre el fin del impuesto a la tenencia, es un acto claramente populista y demagógico? En primer término, porque la ley federal que soporta dicho impuesto está abrogada por el Congreso de la Unión desde el año 2007; aún con esto, su cobro continúa ocurriendo porque en uno de los artículos transitorios se establece que dicha abrogación se hará vigente a partir del 1 de enero de 2012.
Por esa razón inicial, el anuncio presidencial no es, en realidad, sino un mero recordatorio de una decisión que fue tomada hace cinco años no sólo por su gobierno, sino también por el Poder Legislativo. Incluso, cuando el año pasado diversas fracciones parlamentarias federales pretendieron impulsar un acuerdo para adelantar la abrogación de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, y poner fin al cobro de la contribución, fue el propio gobierno federal quien se opuso de manera tajante, y aseguró que éste se cobraba no sólo por la necesidad económica, sino que era también un “impuesto verde” para desalentar el uso del vehículo de motor, y la emisión de contaminantes.
Sin embargo, más allá de los “anuncios” que no son sino meros recordatorios, queda claro que esta decisión es demagógica por algunas otras razones, no sólo compartidas por el gobierno federal y los de las entidades federativas, sino también por la ciudadanía. Esto porque a la par de que los particulares siempre tenemos una resistencia natural al pago de más impuestos, tanto los gobiernos estatales como el federal se han negado —por el miedo a los costos políticos que implica una decisión de esa magnitud— a entrar a un proceso real para generar una reforma fiscal que solvente los faltantes que generan la desaparición de impuestos como este.
Actualmente, la Federación no parece tener mayores complicaciones para derogar dicho impuesto. Esto porque aún cuando el impuesto sobre la tenencia de vehículos es de carácter federal, desde hace años dichos ingresos dejaron de ser percibidos en las arcas federales, y pasaron a ser de beneficio para las entidades federativas. Por eso, junto con la desaparición de ese impuesto federal, los gobiernos estatales quedaron en posibilidad de reimplantarlo pero ahora como un gravamen de carácter local, o de simplemente desaparecerlo.
No obstante, más allá de los efectos políticos, y la alta rentabilidad electoral, que tiene la decisión de eliminar dicho impuesto, hoy sigue siendo una pregunta sin respuesta —sustentable— la relativa a qué ruta debe seguir un gobierno estatal para recuperar, a través de otros impuestos, los ingresos que deja de percibir por el cobro de la tenencia.
Queda claro que existen gobiernos estatales que tienen niveles importantes de captación de ingresos por impuestos propios, y que gracias a ello podrían tener menos dependencia de la captación de recursos económicos por impuestos vehiculares. Sólo que eso ni ocurre en todos los estados de la República, y mucho menos existe entidad alguna en México que pueda jactarse de no necesitar ese dinero, o de haber encontrado la fórmula para compensar la caída de su recaudación fiscal.
¿PIEDRA FILOSOFAL?
Frente a todo esto, el problema radica no sólo en que nadie haya podido encontrar una fórmula real para compensar la captación perdida por el fin de la tenencia —cual piedra filosofal, que permitiera fabricar oro a partir de metales comunes—, sino en que ni siquiera ha habido esfera de gobierno, grupo de poder, o gobernante, que haya decidido entrar formalmente a la búsqueda de esa posibilidad.
Hoy, los particulares podemos alegrarnos, relativamente, por el fin de la tenencia… aunque más allá de eso todos los problemas sigan tal y como siempre. El gobierno federal se lavó las manos del problema, porque en realidad el fin de la tenencia no lastima a éste, sino a los gobiernos de las entidades federativas.
Éstas, a su vez, —como en Oaxaca— pueden o cobrar un impuesto, que por ya no ser homogéneo en todo el país, ya no es práctico ni viable en su cobro coercible a la población; o dejar de hacerlo a costa de también dejar de percibir recursos frescos, y por tanto deprimir el nivel de los servicios públicos que presta —o de plano prescindir de los que ya no considere estrictamente indispensables para la población—, o incrementar paulatinamente sus niveles de endeudamiento para compensar el quebranto.
¿Qué hacer entonces? En cualquiera de los casos, en lo que todas las fuerzas, facciones y partidos debieran estar preocupados, es en generar un proceso de reforma fiscal que fuera más real y con posibilidades de ser consensados. El de la tenencia, es apenas un problema menor frente a otras contrariedades que enfrenta el país por los bajos niveles de captación de recursos por concepto de impuestos.
El problema, en todo esto, es que todos invierten más tiempo en resistirse, en buscar soluciones meramente dilatorias, o en torear un problema que es real, antes que en buscar verdaderas soluciones y consensos que pongan fin a estas contrariedades.
Todos, en general, deberíamos ir abandonando la proclividad a lo fácil y al cortoplacismo. En entidades como Oaxaca se debían idea formas prácticas de obtener recursos que compensen el cobro de la tenencia —porque ante las facilidades de otras entidades, cada vez menos personas la pagarán aquí—; y en otros estados se debía actuar con más responsabilidad para evitar el colapso de sus finanzas en un periodo relativamente corto de tiempo. Aunque esto más bien se asemeja a los llamados a misa, ¿algún día se preocuparán?
IEEPC, EN VILO
Hoy resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las impugnaciones presentadas por la elección de Consejeros del IEEPC. Todos se dicen ganadores, y respetuosos de la justicia federal. Ojalá que después del fallo, todos sigan diciendo lo mismo.
