+ ASE, IEAIP y demás: ¿nadie entiende la estabilidad?
La renuncia de la auditora Superior del Estado, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, tiene diversas lecturas que, independientemente del cargo vacante que deja y la posibilidad del régimen gobernante de impulsar para éste a un personaje acorde a sus intereses, sí debería provocar preocupación no sólo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Congreso del Estado, por los movimientos y decisiones que están tomando, y por la forma en que éstos fortalecen o debilitan el entramado democrático de la entidad.
Aunque no lo parezca, un acto de esta magnitud está revestido de diversas implicaciones que, en el fondo, no debían llegar a la posibilidad de revelar una nueva forma de chantaje, acuerdo político, presión o colonización de los órganos autónomos, impulsada tanto desde el régimen gobernante como desde las fuerzas de oposición.
Los órganos autónomos, como bien se sabe, son una de las expresiones más recientes de la democracia y la rendición de cuentas en el Poder Público. Por eso, instancias como las Auditorías Superiores (que no gozan de autonomía plena, pero juegan un papel fundamental para la democracia), los Institutos de Acceso a la Información, las Comisiones de Derechos Humanos, y demás, tienen como parte esencial de su naturaleza política y jurídica, el no estar sometidos a los poderes del Estado, justamente para no depender ni obrar en función o a favor de ellos.
En el caso particular de Oaxaca, y haciendo una lectura puramente política sobre las posibilidades de esta decisión, bien podría significar, primero, que —como se denunciaba desde hace tiempo—desde el gobierno estatal se buscó ejercer presión sobre los titulares de esos órganos, para que “voluntariamente” dejaran sus cargos, y dieran paso a personajes afines a los “nuevos tiempos” políticos, y el actual régimen gobernante en la entidad.
En una segunda lectura, una renuncia como la de la ahora ex auditora Caña Cadeza, bien podría ser parte de los “acuerdos” internos tomados entre las fracciones legislativas (oficialistas y opositoras) junto con el gobierno estatal, desde el momento en que se consensó la reforma constitucional que fue aprobada el pasado mes de abril.
Sólo que, en este caso, sería fundamental que la fracción priista en el Congreso del Estado, explicara detalladamente a cambio de qué habría pactado no oponerse a que los titulares de los órganos autónomos (impulsados por el régimen de gobierno del que también emanaron ellos) dejaran sus cargos voluntariamente o bajo presión, y qué beneficio traería esto no a ellos, al gobierno o a los grupos de poder, sino a la rendición de cuentas y a la reputación democrática de nuestro Estado.
Una tercer lectura, incluso, podría revelar la posibilidad de que pudiera haber existido ya un acuerdo de alto nivel entre cúpulas de poder (es decir, entre el actual régimen, y el anterior) para ceder mutuamente en ciertos temas (como ciertas órdenes de aprehensión que se preparan en contra de ex funcionarios, auditorías o cuestiones de ese tipo), a cambio de que aquellos “entregaran” ciertos espacios públicos que aún se encontraban en sus manos.
De ser correcta esta lectura, entonces tendrían coherencia, como hechos de algún modo concatenados, tanto la renuncia de la Auditora Superior del Estado (y la “filtración” de que próximamente se renovarán también las titularidades de otros órganos autónomos), como las aseveraciones hechas por funcionarios estatales, en el sentido de que no existen órdenes de aprehensión libradas, o de que las auditorías aún llevan poco avance y que tardarán aún tiempo en culminarse, cuando apenas dos días antes, filtraciones a la prensa aseguraban que se había ejercido ya acción penal contra varios funcionarios de la administración estatal anterior.
¿Y LA DEMOCRACIA?
En un escenario como el actual, caben y encajan perfectamente como posibles, todas las lecturas que puedan darse a un hecho como éste. Sin embargo, y más allá de los meros aspectos materiales, queda claro que esto también puede significar tanto un escollo, como una verdadera oportunidad para la democracia que, en una entidad como la nuestra, es urgente reforzar y dotar de credibilidad.
En este sentido, una de las características fundamentales de los órganos autónomos es que sus funcionarios deben gozar de ciertas garantías de estabilidad laboral. Es decir, actuar libremente acotando y fiscalizando al poder público, justamente por tener la certeza de que su periodo como empleado público no se encuentra sujeto a los vaivenes políticos, ni a la voluntad del gobernante, ni a las funciones de un régimen de gobierno.
Esa es una base esencial, que luego se refuerza con el hecho de que los periodos de trabajo de los funcionarios de los órganos autónomos, son generalmente distintos en lapsos de tiempo (un nombramiento de siete, nueve o quince años, por ejemplo), y nunca empatados a los cambios de gobierno.
Es decir, que siempre a un gobernante le corresponderá hacer la renovación parcial del órgano (es decir, de uno o varios de sus integrantes, pero no todos), pero de siempre, de todos modos, ese gobernante deberá coexistir cierto tiempo con esos integrantes de los órganos autónomos que fueron nombrados durante el tiempo de sus sucesores, independientemente de la procedencia de unos y otros.
Frente a todo esto, ¿qué justificación democrática puede tener, para los actuales Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, el hecho de que al arranque del gobierno los empleados de los órganos autónomos comiencen a renunciar “voluntariamente”, y que todo esto tenga como telón de fondo (y sospecha), la posibilidad de que hubieren sido presionados por el régimen gobernante para dejar sus cargos?
Frente a todo esto, la línea real de sostenimiento de la dignidad democrática del régimen gobernante, de la Legislatura, y de la democracia misma que se ejerce en Oaxaca, es muy delgada. Todos los actores políticos deben hallar las rutas correctas, y decorosas, para cumplir con sus fines sin dañar aún más, y provocar cuestionamientos más serios, a esta serie de movimientos que de por sí ya ponen en mal la vocación democrática de quienes nos gobiernan.
HERENCIA
¿Que en la ASE sólo operará el escalafón para sustituir a la auditora Caña? ¿Será que esto es posible? Debían revisarse con cierto detalle los parentescos entre los posibles beneficiarios, y quienes tomarán la decisión al respecto. Tal “acuerdo” podría agravar aún más toda esta abolladura a la democracia.
