Adrián Ortiz Romero Cuevas
La violenta aprehensión del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, ocurrida este cinco de enero de 2023, revela varias de las grietas más profundas del Estado de Derecho en México, a saber:
- EL LLAMADO “CULIACANAZO” Y SU ANTERIOR LIBERACIÓN.
Aquel jueves 17 de octubre de 2019, se registró lo que hoy se conoce como el “culiacanazo”. Ese día fue aprehendido por primera ocasión Ovidio Guzmán López, hijo del tristemente célebre Joaquín Guzmán Loera. En medio de un caos —informativo, político y de violencia— se ordenó su liberación. En los días y semanas siguientes, el Presidente y el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dieron al menos tres versiones sobre tal decisión. De acuerdo con el diario El Universal, la primera versión fue ofrecida el mismo día, cuando Durazo dijo a Reuters que los elementos desplegados “tomaron la decisión de retirarse de la casa sin Guzmán para tratar de evitar más violencia en la zona y preservar la vida de nuestro personal”.
La segunda fue al día siguiente, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador precisamente desde Oaxaca: “La decisión la tomó el gabinete de seguridad, de manera conjunta, los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas”.
Y luego, ya cuando fue llamado a cuentas por el Senado, Alfonso Durazo dio una tercera versión declarando bajo protesta de decir verdad frente a los legisladores: “Nadie (en el gobierno federal) decidió liberar Ovidio. Nunca contamos con la orden de detención, porque en el momento en que ésta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán (Sinaloa) y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable. Y lo que nosotros hicimos fue ordenar el retiro del personal, que como se ha visto en diversos videos que no hemos tenido jamás la intención de ocultar y que con toda transparencia se hicieron de conocimiento público. Así es que los integrantes del gabinete de seguridad, mi almirante Ojeda; el general Sandoval; y un servidor tomamos la decisión de común acuerdo del repliegue de nuestro personal aún y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido”.
Ya después, al margen de las primeras tres versiones, el Presidente aceptó que él había dado la orden de liberarlo.
La impunidad, pues, aceptada y convalidada desde Palacio Nacional.
- LA NEGACIÓN DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN.
No es un asunto menor que tanto el Presidente como sus subordinados justificaran ese profundo quebranto al Estado de Derecho bajo el argumento de que no existían órdenes de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán. Intentando justificar su incapacidad y su responsabilidad, intentaron engañar con ese argumento: si bien las órdenes de aprehensión las libra un juez —un juez federal cuando se trata de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada—, se supone que quien debe ejecutarlas es el personal ministerial. El problema es que tanto en 2019 como ahora, quien ejecutó materialmente las detenciones fue personal de la Secretaría de Marina Armada de México. Éstos, a diferencia del juez y el personal ministerial, sí son subordinados del Titular del Ejecutivo. Así, decir que no había órdenes de aprehensión es tanto como involucrarse en una cadena de mentiras que no hacen sino revelar la veracidad de la versión relativa a que sin causa ni motivo legal decidieron primero liberarlo y ahora aprehenderlo.
- LA CADENA DE DISTURBIOS.
Quizá una de las muestras más graves de la crítica situación que se vive en el país, está en los abiertos disturbios que han ocurrido en el marco de la reaprehensión de Ovidio Guzmán. ¿Por qué? Porque se supone que en un Estado Constitucional de Derecho no hay más ley ni más violencia que la que se ejerce de forma legítima en nombre y por conveniencia del Estado mexicano. En la situación actual ese argumento ya suena a una tomadura de pelo. No es para menos, según información preliminar, luego de la aprehensión el grupo delictivo realizó 19 bloqueos, entre ellos en el aeropuerto y la zona militar No 10 en Culiacán, Sinaloa, y paralizaron prácticamente todas las actividades en varias ciudades del estado de Sinaloa, como Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, entre otras. Todo, evidentemente, sin que hubiera una respuesta concreta de la autoridad. Así, ¿cómo hablar de algún tipo de Estado de Derecho?
- LA INCAPACIDAD GUBERNAMENTAL FRENTE A PODERES CRIMINALES MAYORES.
Según el portal Infobae, uno de los episodios militares más negros en la historia contemporánea de México ocurrió el viernes 1 de mayo del 2015, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea con un lanzacohetes, acabando con la vida de ocho militares y un policía federal. Esto ocurrió cuando los elementos federales perseguían al líder de ese grupo criminal llamado Nemesio Oseguera González, el temido “Mencho”.
Desde aquella ocasión, que ocurrió a la mitad de la administración del presidente Peña Nieto, no se tienen noticias de que fuerzas federales hayan intentado aprehender a ese criminal. ¿Es temor, incapacidad o contubernio? Sea lo que sea, todo ello impacta en la realidad de que hay fuerzas superiores a las del Estado en México.
- LA RELACIÓN —TAMBIÉN NEGADA— CON ESTADOS UNIDOS.
Siempre que hay un encuentro importante en la relación México-Estados Unidos ocurre una detención importante. La más reciente, fue la de la reaprehensión del también narco Rafael Caro Quintero, quien fue aprehendido en julio del año pasado también en el marco de un encuentro entre los mandatarios mexicano y estadounidenses. El falso dilema de la soberanía nacional se cae a pedazos cada que los vecinos se encuentran y entonces cae un importante capo de la droga. Desde siempre los servicios de información e inteligencia norteamericanos han operado en México, y hoy quién sabe qué sea peor: negar la relación hasta que la realidad desmiente; o aceptarla pero en un marco de subordinación como también ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia reciente. Sea como sea, lo cierto es que en aras de mantener un falso y viejo dilema de soberanía, se sacrifica la seguridad y el cumplimiento eficaz de la ley en el lado mexicano de la frontera.
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