Gobierno, ¿por golpes mediáticos o justicia?
En septiembre de 2007, en esta columna dimos a conocer muchos de los pormenores —jamás desmentidos—, de cómo simultáneamente se operó desde el Gobierno del Estado, tanto la construcción de Ciudad Administrativa, como uno de los negocios más grandes y cuantiosos que hayan hecho funcionarios y personajes ligados al poder, de que se tenga memoria en Oaxaca.
Todo ese entramado de operaciones que, sin duda constituyen uno de los quebrantos más importantes y prolongados al erario, aún esperan a ser indagados y castigados por las instancias estatales, que ahora mismo prefieren los golpes mediáticos espectaculares (e inciertos) sobre el hallazgo de faltantes, que la investigación seria de los verdaderos desfalcos que sí se cometieron, a la vista de todos, a las arcas estatales.
Desde hace casi cuatro años, se sabe que Ciudad Administrativa nació siendo un proyecto noble y útil para la administración pública estatal. Se sabe que a un inicio, se tenía proyectado edificar el complejo gracias a un préstamo de Banobras. Se tiene conocimiento que el gobierno de Ulises Ruiz desechó la posibilidad, inmediatamente después de darse cuenta que podría participar de las ganancias de la construcción de la obra, a través de la implementación del esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).
Y que fue ahí donde todo se desvirtuó, y se dio paso a una voracidad sin límites, que luego se replicó en la construcción de Ciudad Judicial, y que dejó al mismo tiempo ganancias millonarias para ellos (y sus socios hasta ahora fantasmales de instituciones bancarias, constructoras y demás), que la obligación a las arcas públicas de pagar, durante un lapso de al menos quince años, una cantidad anual cercana a los 500 millones de pesos.
Hoy, tanto Ciudad Administrativa, como Ciudad Judicial, constituyen dos de las más visibles obras de la pasada administración estatal, que además constituyen sendos monumentos tanto a la ostentación, como a la falta de claridad en su edificación, e incluso a los contrastes respecto a las necesidades reales y de fondo que tiene la mayoría de la población, y las obras que se hicieron para satisfacer el interés de unos cuántos.
En ese sentido, e independientemente de los argumentos que se puedan tener a favor de los complejos administrativos (por sus adelantos tecnológicos, capacidad de aglutinamiento del sector público, e incluso capacidad y previsión de futuro), lo cierto es que tales obras son un reflejo de todo lo que no necesitaba Oaxaca, y que fue hecho no sólo en contra de las necesidades de la mayoría de la población (que requiere atención y servicios básicos, antes que oficinas lujosas), sino también en contra de la lógica de los gobiernos sensibles, que verdaderamente “mandan obedeciendo”.
Hoy, todos aquellos que han exigido una explicación clara respecto al costo real de tales obras; a cómo y por quién fueron verdaderamente construidas; respecto a si realmente la implementación del esquema PPS fue el camino idóneo y menos costoso para las arcas públicas. Y sobre todo, quiénes fueron los beneficiarios últimos (ex funcionarios o no, socios o no del antiguo grupo gobernante) de esas decisiones que hoy cuestan, y seguirán costando por al menos una década más, cientos de millones de pesos anuales a todos los contribuyentes.
LO MEDIÁTICO
FRENTE A LO REAL
Hace unos días, la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, dio a conocer los nombres de 32 ex funcionarios de la anterior administración, que presuntamente habrían cometido irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Buscando la atención de los medios y la ciudadanía hambrienta de justicia, la secretaria Woolrich confundió deliberadamente los términos: trató que todos dieran como válido que la existencia de “irregularidades” es sinónimo de robo; que los montos observados corresponden en realidad a dinero saqueado; y que los ex servidores públicos señalados, son los rateros que Oaxaca desea ver en prisión.
Nadie duda que, posiblemente, en más de un caso finalmente haya razón fundada para procesar judicialmente a quien sí pudo haber incurrido en quebrantos. Sin embargo, en la situación actual, y en rigor jurídico, irregularidad no equivale necesariamente a robo, sino a necesidad de aclarar; los montos observados son aquellos totales sobre los cuales se detectó alguna irregularidad, incluso mínima, pero no significa que tales sean las cantidades que fueron “saqueadas”. Y los ex funcionarios hoy sometidos a procedimientos administrativos, deben tener primero la posibilidad de defenderse y solventar lo que esté en sus posibilidades y sea real, antes de ser estigmatizados y señalados como “ladrones”.
Los contrastes, hoy, son evidentes. Con toda seguridad, se puede asegurar que realmente serán muy pocos los ex funcionarios, de la lista de 32 mencionada hace unos días por la contralora Woolrich, que en rigor jurídico sean procesados administrativa y judicialmente por desfalcos. Muchos de ellos —si es que se les respetan sus derechos y se les hacen valer tal y como lo marca la ley—, podrán solventar mucho del “saqueo” que irresponsablemente acusó la funcionaria.
Pero mientras, dos de las obras —y sus constructores, creadores y beneficiarios— que constituyen uno de los mayores quebrantos a las arcas públicas, y uno de los mayores contrastes entre la pobreza y la ostentosidad, que existe en Oaxaca, continuarán durmiendo el sueño de los injustos.
¿Tendrá verdaderamente voluntad la contralora Woolrich Fernández de indagar cómo fueron realmente construidos los complejos, y quiénes fueron sus beneficiarios? Ahí sí, con toda seguridad, tendría la oportunidad de capturar a más de un “pez gordo” de la pasada administración, para dejar de entretenerse con los charales que hoy está ofreciendo para alimentar a los sectores de la sociedad que confusamente exigen venganza, aparentando justicia. ¿Investigarán eso? ¿O es que esas sociedades oscuras ya abrieron su poderoso manto, para cobijar a los fiscales, sabuesos y mandamases actuales?
CIFRA ESCONDIDA
Por cierto, sospechosamente, el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2011 ya no establece, en su artículo 19, el monto que el Gobierno del Estado debe pagar anualmente por los contratos de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. ¿Por qué eliminar una cifra que antes sí se contenía en dicho ordenamiento? ¿Algo esconden? Es pregunta.
