+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Oaxaca: ¿dónde está la ciudadanía?

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+ Que el cambio sea más que palabras

 

En Oaxaca sólo ha cambiado la trinchera de donde emerge la queja, pero ésta sigue siendo exactamente la misma de siempre. Lo mismo ocurre con la justificación de quienes detentan las responsabilidades gubernamentales. El problema es que en medio de esos lamentos y excusas, no parece existir una verdadera ciudadanía con capacidad para conminar a que, unos y otros, lleven a cabo las tareas que les corresponden en pro de un auténtico bien común que va más allá de los intereses partidistas o políticos, que son los que dicen representarnos.

Hoy tendríamos que hacernos una pregunta aparentemente redundante, pero que adquiere actualidad a cada momento: ¿Nos hemos acostumbrado los oaxaqueños a vivir padeciendo exactamente los mismos problemas, independientemente del partido o grupo que se encuentre en el gobierno? La respuesta esperada será un rotundo “no”. Sin embargo, escarbando apenas un poco nos encontraremos con otras respuestas, a las que aún oponiendo resistencia, no podemos evadirnos.

Tal parece que, contrario a lo que creemos, los oaxaqueños sí nos hemos acostumbrado a vivir con los mismos problemas de siempre. Es decir, que también nos hemos acostumbrado a tolerar el desdén o la incapacidad de la autoridad para hacer el trabajo que le corresponde. Nos hemos acostumbrado, pues, al conformismo, a la resignación y a las molestias que provoca seguir lidiando con problemas tan cotidianos que, se supone, ya deberían estar resueltos. Veamos si no.

El año pasado, en esta misma temporada de lluvias, los oaxaqueños nos quejábamos amargamente por la incapacidad y el desdén mostrado por el gobierno respecto los problemas por baches y hoyancos en prácticamente todas las calles de la capital y los municipios conurbados. Aunque nos molestaba, y los daños que eso ocasionaba a nuestros vehículos nos costaban dinero, algunos tratábamos de entender.

Aunque nos asumíamos como inconformes, en el fondo pensábamos, por ejemplo, que era “comprensible” que la autoridad municipal y estatal y no hiciera nada para hacer labores de bacheo y repavimentación en las calles necesarias, porque como había perdido las elecciones el partido gobernante, y como ya era el fin de la gestión, entonces a éste no le interesaba más la opinión que tuviera de él la ciudadanía, ni haría más por “retribuir” en algo a un electorado ingrato que no les había dado su voto.

Aunque ninguna de esas es justificación (comenzando por el hecho de que el mandato popular les confirió una responsabilidad, y el electorado los favoreció cuando fueron electos, no al tratar de que volvieran a ganar sus correligionarios), muchos oaxaqueños decidimos armarnos de tolerancia para esperar un mejor momento. Al fin que el cambio prometido, traería más y mejores soluciones de las que hasta entonces teníamos a la mano.

El problema es que nada de lo verdaderamente importante parece haber cambiado. Sí, es cierto, cambió el partido en el poder, los poderes se renovaron, y hasta inició una cacería de ex funcionarios corruptos. Pero lo cierto es que el problema de los baches hoy, en Oaxaca, sigue siendo exactamente el mismo (y quizá agravado por la continuación del desdén de los gobiernos estatal y municipal), y nosotros como ciudadanos hemos de nuevo tomado una actitud que, por la razón que sea, pretende justificar esas fallas e incumplimientos que no afectan a nadie más que a nosotros. ¿A poco no?

Hoy escuchamos, en el discurso oficial, los “esfuerzos” que se hacen por terminar con los problemas; somos testigos de las justificaciones dadas, respecto al desastre administrativo que éstos hallaron de sus predecesores, y que eso imposibilita cumplir la palabra empeñada a los electores; escuchamos que “estamos a punto de lograrlo”, o que ya se está trabajando. El problema es que la respuesta que queremos, la efectiva que impacte en el cumplimiento, simplemente no llega. Y los ciudadanos, lejos de exigir, seguimos justificando.

 

CONFLICTOS ¿ETERNOS?

¿Cuánto tiempo más pasará antes de que vuelva a hacer crisis el eterno conflicto entre los concesionarios del transporte público? ¿Será sólo cuestión de tiempo esperar al final de la temporada de lluvias, para volver a ser testigos del severo estiaje que azota a la ciudad? ¿Cuánto tiempo más pasará antes de que los verbeneros, los tianguistas, los chachacuales y/o los vendedores ambulantes, vuelvan a asolar a la capital oaxaqueña con sus negocios irregulares?

Del mismo modo, ¿tendremos que esperar mucho antes de volver a ver una nueva problemática relacionada con el tiradero de basura, y que por causa de ello la otrora Verde Antequera vuelva a convertirse en un auténtico museo de bolsas de basura que despiden olores nauseabundos? ¿En cuánto tiempo más veremos a las organizaciones sociales marchando para exigir recursos, en auténticos chantajes al gobierno estatal? ¿Cuántos días pasarán antes de que un nuevo conflicto agrario incremente la cifra de muertos y damnificados? ¿Es irremediable que los maestros hagan un nuevo paro y plantón en el mayo próximo?

Todos esos, además de muchos otros asuntos, constituyen una agenda de riesgos que en realidad nadie (ni la sociedad, ni el gobierno, ni los directamente involucrados) pretende asumir con responsabilidad. El asunto no es menor: la ciudadanía parece estar acostumbrada a sobrellevar siempre los mismos problemas, sin exigir que éstos sean solucionados. Por eso mismo, el gobierno siempre ofrece soluciones dilatorias (cuando verdaderamente tienen las características de ser remedio), o simplemente se encarga de “administrar” los conflictos hasta que llega el momento de heredárselos a sus sucesores en el cargo.

¿De verdad podemos creer que eso sea el reflejo real de un gobierno? Teóricamente no (pues estaríamos frente a la definición de una sociedad pre-estatal, en la que su gobierno no cuenta con un grupo especializado de funcionarios, que tiene la capacidad de cumplir eficazmente con las tareas que se encomiendan); pero en el fondo, eso es lo que tenemos. Y eso es muy grave, para un gobierno y un Estado, como el nuestro, que se dice democrático, pero que tiene serios problemas para constatarlo frente a sus ciudadanos.

 

TODOS, OMISOS

¿Por qué los gobiernos nunca piensan en eso? ¿Y por qué nosotros los ciudadanos estamos en esa misma situación? Tal parece que porque nadie quiere asumir la parte de responsabilidad que le corresponde. Y por eso mismo, seguiremos padeciendo los mismos problemas. Siempre.

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