Adrián Ortiz Romero Cuevas
La determinación de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de revocar la candidatura al Senado de la priista María del Carmen Ricárdez Vela, podría abrir una auténtica caja de pandora respecto a las imposturas en el cumplimiento de las acciones afirmativas en Oaxaca. No es el único caso, ni el primero, pero sí debiera ser el último. Frente a los acontecimientos, queda claro que más de uno —y de una— tendrá que poner sus barbas a remojar.
En efecto, la semana pasada se conoció que la Sala Xalapa había determinado la revocación de la candidatura al Senado de Ricárdez Vela, al corroborar que ésta había falseado sus declaraciones respecto a su pertenencia indígena. Los tribunales en materia electoral establecieron que la auto adscripción indígena no es suficiente como criterio para corroborar la inclusión de esta minoría en las candidaturas a cargos de elección popular, sino que esta cuestión debía pasar por un test de corroboración denominado adscripción indígena calificada.
Como lo apuntamos anteriormente, Ricárdez Vela no pudo cumplir con éste último criterio ya que la autoridad municipal indígena que le extendió una constancia de pertenencia reconoció que fue engañado para extender dicho documento, y dijo que la Candidata no era originaria de ahí, ni tenía ascendencia indígena, ni trabajo a favor de la comunidad, ni domicilio en la comunidad. Con ello, la Sala Regional corroboró que Ricárdez Vela intentó timar tanto a la autoridad administrativa como a la jurisdiccional en materia electoral. De ahí la decisión de revocarle la candidatura y ordenarle al CEN del PRI la sustitución de la persona candidata dentro de las 48 horas siguientes.
¿Es el de Ricárdez Vela el único caso? Parece que no. En 2018 la propia comunidad de diversidad sexual denunció que más de una docena de candidatos transgénero piratas que registraron partidos políticos en candidaturas de mujeres, violando los lineamientos de paridad. Sin embargo, también señalaron, éstos fueron avalados
por el IEEPCO. Posiblemente el más estruendoso de ellos, fue el del entonces edil de San Antonino Castillo Velasco Alejandro Javier García Jiménez, que fue registrado bajo esa acción afirmativa para reelegirse como Presidente Municipal sin realmente pertenecer, a decir de la propia comunidad, a la comunidad LGBT+.
De acuerdo con la periodista Flor Hernández, además de García Jiménez, en el proceso electoral de 2018 hubo por lo menos otros 17 candidatos que se registraron bajo la acción afirmativa de la diversidad sexual, entre los que se encontraban tres presidentes municipales con licencia que buscaban reelegirse: además de Alejandro
Javier García, en San Antonino Castillo Velasco (postulado por la alianza Al Frente por Oaxaca, integrada por el PAN, PRD y MC), estaba Emmanuel Martínez Palacios, en San Juan Cacahuatepec (por MC), y Carlos Quevedo Fabián, en Santa María Teopoxco (por la coalición Todos por Oaxaca, del PRI, PVEM y Nueva Alianza).
¿Qué podemos ver ahí? Que la mayoría de los partidos han incurrido en esa ominosa práctica de la mentira, para hacerse de candidaturas que deben ser parte de las acciones afirmativas. Éstas, como lo sabemos, fueron establecidas de forma temporal para equilibrar la presencia de todos los sectores sociales en los procesos democráticos. Por eso, tratar de engañar no sólo a la ciudadanía con supuestos indígenas que no lo son, o con personas con discapacidad cuando no padecen ninguna; o integrantes de las demás minorías sociales, resulta no sólo reprobable, sino que además perpetúa la discriminación hacia dichas minorías sociales.
Hoy en día, ¿cuántos candidatos están en vías de ser revisados por falsear su pertenencia a alguna minoría, sólo para hacerse de una candidatura? ¿De verdad Elvia Gabriela Pérez López es integrante calificada de una comunidad indígena,
dentro del distrito que aspira a representar? ¿De verdad Daniela Taurino, candidata a diputada local por Morena, que se inscribió en bajo la acción afirmativa de la comunidad LGBT+, pertenece a ella? La revisión de un caso obliga a la examinación de todas las demás.
¿A cuántos candidatos a diputados federales, diputados locales y presidentes municipales en Oaxaca, les podrían revocar su candidatura por mentir respecto a este tema de vital importancia en la búsqueda de una sociedad verdaderamente
democrática? Pronto lo veremos.
EPITAFIO
En el colmo de la mezquindad, ¿será cierto que, en algunas fuerzas políticas locales, el costo de mantener o perder una candidatura no rebasa los 30 mil pesos… y no necesariamente con sus dirigencias? Es pregunta.
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