+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Poder Legislativo: sus excesos son incontenibles

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+ Diputados “soberanos”: no hay frenos ni control

Ofenden, pero no sorprenden, los excesos en que incurren los diputados de la LXI Legislatura en Oaxaca. Hasta hoy, los señores legisladores han tratado de hacer todo por controlar y evaluar a los demás, pero ellos se han resistido a cualquier intento de poner orden en su misma casa. Por eso todos ganan mucho, todos producen proporcionalmente menos de lo que ganan. Y por eso mismo, nadie quiere dar paso a un verdadero esquema de evaluación de su trabajo. Ven siempre, pues, la paja en el ojo ajeno pero no ven la viga en el propio.
Los datos dados a conocer por TIEMPO en su edición de ayer, son elocuentes: un diputado gana alrededor de doscientos mil pesos al mes, al sumar su dieta con las ayudas diversas que recibe para el desempeño de sus funciones. Eso es lo que, en términos llanos, percibe un legislador local, en el estado más pobre y marginado del país. Ante tal desproporción de cara a la realidad social de Oaxaca, debemos preguntarnos de dónde surgen esos excesos. Y sin duda, la respuesta no gusta a muchos.
Pareciera, en un primer momento, que ese es el costo de la “soberanía” y la “democracia” del Poder Legislativo. Soberanía porque los diputados están más allá de cualquier evaluación. Y democracia, porque independientemente de que sea mucho o poco el dinero que perciben y que gastan en el desempeño de sus funciones, los montos, las asignaciones y la comprobación de esos recursos, es consecuencia de una serie de consensos, arreglos y contraprestaciones, que no siempre están apegadas ni a la ley, y mucho menos a la responsabilidad que, se supone, debía ser un valor fundamental entre ellos.
Esos doscientos mil pesos que mensualmente percibe un legislador, es consecuencia, además de una “democrática pluralidad” en la que existen repartos consensados de los recursos económicos, y en los que cada fracción parlamentaria recibe lo acordó para gastarlo libremente como mejor le parezca. El acuerdo tácito, en ese sentido, parece radicar en el hecho de que todas las fracciones disponen libremente, y a cambio de esa disposición libre nadie le pide ni le rinde cuentas a nadie. Por lo que todas pueden hacer lo que les venga en gana con sus recursos.
Todo esto entraña dos problemas fundamentales. El primero de ellos, es que proporcionalmente los diputados nos cuestan muchísimo dinero, tanto en relación a su desempeño como a sus resultados; y el segundo, radica en el hecho de que no existe mecanismo alguno para que nosotros, los ciudadanos, podamos hacer una evaluación más o menos clara de esos personajes que, justamente, tienen como su mejor pasatiempo el de cuestionar y remarcar los errores y las deficiencias de todos los integrantes de los poderes públicos.
Si vemos ese asunto en perspectiva, podremos darnos cuenta no sólo que, en ámbito estrictamente material, los diputados no tienen freno ni contrapeso en su relación con la ciudadanía; y que tampoco existe forma de que sus excesos sean contenidos a través de mecanismos democráticos. Se aprovechan del desinterés ciudadano para hacer lo que les venga en gana. Y lo hacen, además, porque no existe forma alguna de que alguien pueda exigirles conductas distintas o apego a los principios políticos que debieran guardar todos los representantes de una fuerza política.

SOBERANÍA TORCIDA
Los legisladores tienen entera libertad para determinar su salario y prestaciones, así como el gasto público en general que tenga disponible el Poder Legislativo. Además, una vez electos, sobre los diputados no pesa mecanismo alguno para premiarlos o castigarlos por su desempeño. Y durante éste, los mismos legisladores se han resistido a establecer indicadores claros para medir su actuación, sus resultados y su eficacia en el cumplimiento de las metas que propusieron a la sociedad. Es decir, que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran y, además, si quieren. Y si no, no pasa nada.
En ese sentido, es lamentable que en Oaxaca no haya permeado aún la inconformidad ciudadana por los excesos del Poder Legislativo. Es lamentable que, en ese sentido, los diputados sigan ganando mucho y teniendo infinidad de privilegios, y que al ciudadano eso no le importe. Y es justamente ese desdén el que alimenta la acumulación de privilegios excesivos, y la resistencia a revisar y eliminar algunos de ellos no sólo en aras de ahorrar, sino también de no ofender a los cientos de miles de oaxaqueños que sobreviven en condiciones excepcionales de marginación y pobreza.
Pero además, ese tipo de excesos por parte de los diputados, prueba otra cosa: que no le tienen miedo al castigo ciudadano. Y no le temen a eso, simplemente porque nosotros los ciudadanos no tenemos forma de reprocharle a nuestro legislador por sus conductas o desempeño. Porque una vez que fue electo y asume su cargo, lo que recibe es una suerte de cheque en blanco, en el que queda bajo su responsabilidad si desea ser un diputado productivo, o ser un vegetal que sólo asista a las sesiones pero que nunca proponga ni incida en nada. A partir de entonces, el ciudadano se vuelve un actor pasivo que sólo puede observar, pero sin hacer algo más para exigir resultados a quien eligió como su representante popular.
Quizá por eso mismo, los diputados se resisten a establecer mecanismos claros y actuales de evaluación. Hoy, lo que acostumbran ofrecernos es una serie de cifras sobre reuniones, puntos de acuerdo e iniciativas presentadas, pero nunca nos permiten saber si esa actividad tiene alguna incidencia real sobre las condiciones de vida de sus representados, si alguna de sus propuestas mejoró de forma efectiva alguna situación en específico; o si realmente sus intereses como legislador son concordantes con las necesidades que la ciudadanía pretende que sean discutidas y resueltas por los legisladores.

VOCACIÓN LEGISLATIVA
Por todo ello, sería ideal que los diputados trabajaran más y tuvieran menos privilegios. No se trata de que los poderes legislativos se reduzcan, sino que su actividad sea más proporcional con sus ingresos, y sus ingresos más proporcionales con su efectividad y desempeño. Los excesos actuales son consecuencia de la falta de mecanismos de contención, y de la forma en cómo ellos mismos han confundido y desnaturalizado las facultades soberanas que tiene el Poder Legislativo. Por eso, aunque ofende, no sorprende que los diputados ganen tanto y retribuyan tan poco a la democracia en Oaxaca.

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