+ Sin diálogos de sordos, pueden generar avances
Los atrasos e insuficiencias del Poder Judicial del Estado no sólo son problema de ellos: es una cuestión que hoy, con responsabilidad, los Tres Poderes del Estado debieran asumir como propio, y tomar las medidas correspondientes para hacer de él el instrumento jurisdiccional funcional y de vanguardia que merecemos los oaxaqueños en estos tiempos que pretenden ser de transición. Queda claro que independientemente de las grillas cotidianas, ese no es un poder aislado, y por tanto sus mismos integrantes, y los pares del Ejecutivo y Legislativo, deben promover cambios a fondo y no sólo modificaciones que se quedan en el papel y en el discurso.
Es evidente que si en Oaxaca había un Poder atrasado y olvidado en todos los sentidos, ese era el Poder Judicial. Hasta antes de la reforma constitucional del pasado mes de abril, las normas que regían el funcionamiento e integración del poder juzgador databan de hace más de medio siglo.
En ellas, era evidente la predominancia del Poder Ejecutivo como factor decisivo en la integración del Judicial, y por tanto, era también claro que éste quedaba materialmente subordinado a las decisiones y necesidades del Gobernador en turno.
¿Qué decía la Constitución hasta entonces? Decía, en términos sencillos, que era facultad del Ejecutivo hacer la designación de los Magistrados del Poder Judicial que hicieran falta, y que el Legislativo sólo tenía participación en la ratificación de la decisión ya tomada por el Gobernador, y que si el Congreso no se pronunciaba respecto al nombramiento en un plazo determinado de tiempo, entonces se tenía automáticamente por ratificado.
Además de esto, no existían mecanismos claros y transparentes para el nombramiento, la permanencia y, en su caso, la destitución no sólo de los magistrados, sino de todos los integrantes del Poder Judicial, como jueces, secretarios judiciales y empleados administrativos.
Es decir, que en esas circunstancias, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia concentraba casi la totalidad de las facultades, y por esa sola razón el Poder Judicial perdía autonomía, porque las decisiones jurisdiccionales de jueces y magistrados quedaban supeditadas a las necesidades del Magistrado Presidente, y éste a su vez tenía dependencia del Gobernador del Estado, que era a quien políticamente le debía el cargo.
La reforma constitucional de abril pasado trató de equilibrar esta situación, y por esa razón se establecieron nuevos criterios para la designación de Magistrados, se creó un Consejo de la Judicatura, para hacerse cargo de todo lo relativo a la permanencia, ascensos, sanciones, acceso y destitución de los funcionarios de ese poder; se creó una Sala Constitucional para que conociera de asuntos de esa naturaleza, respecto a los cuales hasta entonces estaba impedido. Y con todo ello se trató de decir que también el Poder Judicial ya se había transformado y que, por eso mismo, se materializaba la transición democrática que el actual régimen dice estar cimentando en Oaxaca.
Aunque nada de eso es incorrecto y, al contrario, sí abona a una verdadera evolución de los tribunales de justicia locales, lo cierto es que nada de eso es suficiente, porque todo existe sólo en los documentos y en las intenciones. De ahí que sea necesario que el Poder Judicial sea integrado al debate público, y sus necesidades e insuficiencias sean ventiladas de cara a la sociedad, justamente para estimular la necesidad de cambios que se requiere con urgencia.
MÁS ATENCIÓN
Oaxaca fue una entidad pionera a nivel nacional en la implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial, y sin embargo este proceso quedó inconcluso. La falta de consistencia en el proceso de aplicación de las reformas en materia de justicia, la desatención del Ejecutivo hacia los proyectos del Judicial, e incluso el silencio y la resignación de éste frente a la arbitraria decisión administrativa de regatear los recursos y de no seguir invirtiendo en el nuevo modelo de impartición de justicia, aún hacen palidecer cualquier avance que se diga que se promueve para el Tribunal de Justicia.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por eso, deben no sólo hablar de buenas intenciones, de proyectos y de visiones de largo plazo, sino que fundamentalmente deben pensar en los resultados y en las inversiones de dinero que se requieren para que las reformas se hagan efectivas, y por tanto se puedan entregar mejores cuentas a la sociedad oaxaqueña.
En ese sentido, es necesario que los tres poderes hagan lo necesario para hacer efectiva la reforma al sistema de justicia y puedan continuar el calendario de implementación del sistema acusatorio adversarial. Lo peor que pueden hacer en estos momentos, es mantener ese tema en el olvido, porque ni siquiera está completado, y tampoco está lo suficientemente revisado y perfeccionado como para asegurar que ya es un sistema concluido. Por sola prelación de tiempo y de utilidad práctica, ninguna otra cuestión debiera ser tan prioritaria para el Poder Judicial como eso.
No obstante lo anterior, también deben “hablar en plata” para materializar las reformas constitucionales de abril pasado. Esto por la sencilla razón de que cada una de las modificaciones constitucionales tienen un costo económico, que no sabemos si se ha contemplado en el gasto proyectado, y del cual tampoco existe certeza de que pueda ser modificado una vez que los diputados locales conozcan del presupuesto de egresos para el próximo año, y puedan reasignar partidas para hacer funcionales las reformas que atañen al Poder Judicial.
AMPLIO DEBATE
Finalmente, más allá del solo discurso, es fundamental que este poder sea más eficaz y funcione con mejores estándares. Los señores magistrados, no por el hecho de tener esa calidad, son infalibles o ajenos a las críticas, al perfeccionamiento de sus perspectivas o al análisis relacionado con su labor. Por esa razón, sería fundamental que ellos mismos dejaran la actitud de que “la ropa sucia se lava en casa”, y promovieran amplios debates respecto a la viabilidad de las reformas y proyectos que son indispensables para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Queda claro que continuar en el silencio, en la obediencia y el disimulo —como lo siguen haciendo hasta ahora, bajo los designios de un Magistrado Presidente materialmente nombrado por el Gobernador—, no los llevará a nada provechoso.
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