+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Guerra de guerrillas: ¿Ahora por crimen organizado?

Date:

+ México: 2009 fue el más violento… y lo que nos falta

 

Durante toda la última semana del agonizante 2009, hubo una doble tendencia en el tipo de información que manejaron los medios de comunicación en el país, respecto a la guerra contra el crimen: por un lado, establecieron que por las acciones policiacas y militares contra la criminalidad, el año que terminaba era el más violento de la década; y vaticinaron, según reportes extranjeros, que en 2010 podría acentuarse un cambio de estrategia en las acciones de defensa y ataque por parte del crimen organizado. Se vaticina una ola de terrorismo y de guerra de guerrillas. ¿Por qué?

En el primero de los aspectos, las propias cifras oficiales dejan ver el tamaño de la violencia que se ejerce alrededor de la criminalidad. Según el periódico El Universal, de la Ciudad de México, en 2009 se contabilizaron 7 mil 724 muertes relacionadas con enfrentamientos entre criminales y fuerzas federales, y en disputas entre los propios grupos delincuenciales antagónicos. En el recuento, el diario citadino apuntaba que “en 2005 se contabilizaron mil 573 muertos; en 2006 sumaron 2 mil 221; al siguiente año fueron 2 mil 673 homicidios, y 2008 cerró con 5 mil 630”. Esto es, que la violencia criminal se ha ejercido a ritmos sostenidos de crecimiento en los últimos años.

Toda esa violencia tiene una explicación: en cuatro años, ni la autoridad ha podido imponerse sobre los grupos criminales que existen en el país; pero que, tampoco, en sus pugnas internas, ninguna de las organizaciones delincuenciales ha podido imponerse sobre las demás; por eso, esta guerra genera enfrentamientos y ajustes de cuentas que sólo en 2009 generaron más de 21 muertes violentas por día, en alguna de las distintas regiones y entidades de la República mexicana.

En todo esto, es imposible subestimar el poder de fuego y la capacidad económica que, hoy día, continúan teniendo todos los grupos criminales del país. Durante los últimos años, el gobierno federal —a través de la Policía Federal, y las fuerzas castrenses y navales— han enfrentado a la criminalidad sólo en el ámbito de la acción policiaca y las disputas territoriales. El grado de violencia que se ha ejercido entre todos los involucrados, deja ver feroces intentos —mutuos— de desmoralización.

En todo esto, las cifras oficiales dejan ver que de 2005 a la fecha, en la sumatoria de ejecutados el crimen organizado ha tenido alrededor de 20 mil bajas, y que éste se sigue reabasteciendo de elementos humanos y capacidad de fuego, gracias al enorme potencial económico que continúa ostentando. Sin embargo, todos saben que sostener indefinidamente una guerra de esa naturaleza, tendría altos costos. Por eso hoy se habla de la búsqueda de “variaciones” en los frentes de guerra de los grupos criminales.

Esas variaciones, evidentemente, tienen que ver con la “sustitución” del enfrentamiento directo, por la emboscada, el terrorismo y la manipulación social para incrementar la reprobación ciudadanas a toda acción anticrimen emprendida por el Estado. Ahí es, justamente, donde se inscriben las “nuevas estrategias” que en los últimos han venido reportando los medios informativos del país.

 

CAMBIO DE ESTRATEGIA

En una definición sencilla, citada en Wikipedia, la guerra de guerrillas “es una táctica militar de conflictos armados, que consiste en hostigar al enemigo en su propio terreno con destacamentos irregulares y mediante ataques rápidos y sorpresivos, voladuras de instalaciones, puentes y caminos o secuestros de armas y provisiones”. Es justamente lo que en otros tiempos utilizaron los grupos políticos que optaron por la vía armada, para tratar de conseguir los cambios democráticos que exigían. En buena medida fue de esas estrategias que éstos fueron motejados como “guerrilla” o “guerrilleros”.

Sin embargo, es evidente que si el objetivo es hostigar y menguar a las fuerzas del Estado, una estrategia de esa naturaleza bien podría ser utilizada por otros grupos que, teniendo propósitos distintos al de las organizaciones clandestinas de finalidades políticas, adoptaran formas de lucha armada relacionadas con la guerra de guerrillas. Esa, por tanto, podría ser la nueva estrategia de los grupos criminales. Y la más clara muestra de todo ello, son las emboscadas y ataques sorpresivos con armas de alto poder, en los que recientemente han causado docenas de bajas a las fuerzas federales.

Junto a ello, los grupos criminales bien podrían estar optando por las estrategias relacionadas con formas de terrorismo. Eso era previsible desde antes de los eventos trágicos ocurridos en Morelia, Michoacán, la noche del 15 de septiembre de 2008, en los que emisarios de la criminalidad lanzaron tres granadas de fragmentación en contra de la población que se había congregado en la Plaza Melchor Ocampo para escuchar el tradicional Grito de Independencia. El saldo final de ese ataque, fue de 8 civiles muertos y más de 140 heridos.

Esos ataques fueron perpetrados para atemorizar a la población y para intimidar al gobierno. Fue una reacción “natural” del crimen organizado, ante el incremento de la violencia y el acoso gubernamental en su contra; pero además, todo eso constituye intentos claros por parte de la criminalidad, de hacer ver a la población que el Estado ha fallado en su tarea de protegerlos y erradicar la violencia, así como de combatir eficazmente a los criminales. Es decir, que todo esto es un intento clarísimo de desmoralización, para que la sociedad deje de respaldar la lucha anticrimen y, al contrario, asuma una posición de rechazo y condena por sus fracasos e ineficacia.

Todo esto es lo que podríamos ver en este año. El peligro inminente de todo esto, es que esas nuevas formas de violencia implicarían, ahora sí, de modo importante, a la población civil. Siendo realistas, este podría ser el riesgo más alto para este 2010, incluso por encima de cualquier levantamiento armado relacionado con sublevaciones o revoluciones.

 

EN FAMILIA

Cuando a finales del mes pasado fue anunciada la designación de Ricardo Ruiz Zaragoza como nuevo Consejero Jurídico del gobierno estatal, se establecieron como sus principales datos curriculares que éste es abogado por la UNAM, y que ha desempeñado varios cargos en la PGR y el Instituto de la Defensoría Pública Federal. Pero más allá de su experiencia profesional, éste es yerno del abogado Jorge Franco Jiménez. ¿Para su designación fue determinante la trayectoria o el parentesco? Es pregunta.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Share post:

spot_img

Popular

More like this
Related

CONTRAFUEGO || Nace un führer

Aurelio Ramos Méndez “Sobre advertencia, no hay engaño”, reza el...

Romper el silencio y decir el Derecho

Antonio Gutiérrez Los pueblos indígenas de México han creado espacios...

Esclavos del gobierno

Carlos R. Aguilar Jiménez Un esclavo como cualquier cautivo e...

Las demasiadas muertes

Renato Galicia Miguel En unos años, se han muerto demasiados...