+ Cambio de régimen: una oportunidad paradójica
Ayer, el Ejército Popular Revolucionario emitió un comunicado en el que agradece las gestiones realizadas por la Comisión de Mediación respecto a sus dos militantes desaparecidos, y da a entender que la tregua que decretaron hace tres años llegó a su fin. Las afirmaciones que hace el grupo armado respecto a Oaxaca, son determinantes para terminar de entender el complejo contexto en que ocurrió el conflicto magisterial hace seis años. Y el momento en que se termina la tregua parece asimismo calculado para darle una nueva dimensión a sus exigencias justo en el momento en que se acerca el cambio de administración en el gobierno de la República.
Vayamos por partes. Pues por un lado, pecan de ingenuos, o de timadores, aquellos que afirman que el movimiento magisterial y popular tuvo sus bases en grupos de espontáneos que organizadamente intentaron llevar a cabo acciones hostiles para tratar de generar la percepción de que en Oaxaca se vivía un estado de ingobernabilidad. En realidad, el conflicto magisterial tuvo respaldo en organizaciones con otro tipo de experiencias y entrenamiento, para poder llevar a dimensiones superiores la protesta social, que si hubiera sido por los solos maestros y “pueblo solidario” no habría pasado de las marchas y de los plantones.
En ese contexto se inscribe la presencia del EPR en el conflicto magisterial de Oaxaca. Cuando en mayo de 2006 inició el conflicto magisterial, éste se reducía a una escalada de acciones del magisterio, que ciertamente estaban ya radicalizados pero que no superaban las acciones que ellos históricamente habían llevado a cabo para poner contra la pared al gobierno y obligarlo a negociar. Fue el desalojo de maestros, el 14 de junio de ese año, cuando la situación adquirió proporciones superiores, pues de la protesta pasaron al enfrentamiento, y luego a las hostilidades mutuas, en las que de entrada los maestros se encontraban en una situación de inferioridad, ante los ataques policiacos del Gobierno del Estado.
Esa situación fue la que abrió la puerta a “colaboraciones” con el magisterio, por parte de grupos que, además, no eran ajenos o lejanos a ellos. En diversos momentos, la guerrilla eperrista ha aceptado públicamente, en sus comunicados, que muchos de sus integrantes se apersonaron en Oaxaca durante el conflicto magisterial “en su calidad de luchadores sociales”.
Sólo así puede entenderse que, aparentemente de forma espontánea, el llamado “pueblo de Oaxaca” —es decir, los grupos inconformes— pudieran defenderse con barricadas, con sistemas de comunicación a ras de tierra (a través de cohetones o campanadas, por ejemplo), con la toma de estaciones radiofónicas para difundir sus comunicados y mensajes, y con la puesta en marcha de auténticas estrategias de defensa ante los ataques de las fuerzas policiales, que no sólo se redujeron a escaramuzas con elementos estatales, sino con diversos encuentros en los que lograron replegar a la Policía Federal Preventiva, que intentaba hacerlos retroceder y recuperar los espacios que mantenían ocupados. Esas acciones, pues, eran todo menos casualidad.
Con ese contexto, pueden entenderse claramente la aceptación que hace el EPR de su participación en el conflicto de Oaxaca, cuando inician el comunicado emitido la tarde de ayer asegurando que “la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, se da en un contexto de auge del movimiento popular magisterial y la escalada represiva del gobierno estatal y el federal, encabezado por el PRI y el PAN respectivamente. Crimen de lesa humanidad y de Estado que vino a desenmascarar a nivel nacional e internacional la sistemática e ininterrumpida práctica terrorista del Estado mexicano desde los años 60.
“Debemos recordar que su presencia en esos momentos en Oaxaca fue coadyuvar en el desarrollo del movimiento de masas, ya que el deber moral de cada miembro del partido es jamás abandonar al pueblo en sus luchas a pesar de los riesgos que corramos. A nadie se le debe olvidar que en Oaxaca siempre hemos estado presentes dentro de las luchas populares, hombro a hombro con ese pueblo que siempre ha tenido conciencia y voluntad de combatir. Aunque muchos en su carrera oportunista quieran omitirlo.”
MOMENTO DETERMINANTE
Luego de hacer una larga reflexión sobre la situación que prevalece en torno a la desaparición forzada de personas en nuestro país, y de reconocer la labor de la Comisión de Mediación, el EPR lanza una advertencia: “Del curso que tomen los acontecimientos, el único responsable es el Estado mexicano y sus administradores en turno.” ¿A qué se refieren con lo anterior?
Esto tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad del reinicio de las hostilidades y los actos de sabotaje. Recordemos que en la segunda mitad de 2007, el EPR perpetró una serie de acciones en contra de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, como una forma de protestar en contra de las desapariciones forzadas de sus compañeros, y también como una forma de que el gobierno de la República los presentara con vida o dispusiera lo necesario para la realización de las investigaciones.
Hoy están tratando de construir un escenario similar al habido cuando ocurrieron esos actos de sabotaje. Si bien recordamos, luego de que se supo de las desapariciones, hubo una especie de “pase de lista” de todas las células regionales del EPR en el interior de la República. En los últimos meses, todas las comandancias de zona (Oaxaca, Estado de México, Valle de México, Michoacán, Guanajuato, Veracruz), excepto Puebla y Guerrero, han hecho manifestaciones públicas, emitiendo todas el mensaje de que están listas para cuando se giren indicaciones relativas al reinicio de las acciones armadas relacionadas con sus desaparecidos.
CAMBIO DE RÉGIMEN
Ha quedado claro que la lucha eperrista en los últimos años ha sido fundamentalmente política. Por eso ellos mismos solicitaron la conformación de la Comisión de Mediación y luego decretaron la tregua. Esa es la misma razón por la que han elevado a todos los niveles posibles la denuncia sobre las desapariciones forzadas que han ocurrido en el país y las acciones que el Estado ha tomado contra los luchadores sociales. Lo que intentan es fijar su tema, a través del amague, en la agenda de la nueva administración federal. Con el fin de la tregua, no tendrán problema en conseguirlo.
