+ Elección a ciegas; legisladores no explican su decisión
Ayer, sin ningún aviso previo, y sin cumplir con el principio de máxima publicidad que debe regir un proceso legislativo que involucra a la ciudadanía, el Congreso del Estado eligió a los integrantes de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Más allá de los nombres y los antecedentes de los recién electos, la elección de ayer debiera marcar un parteaguas sobre la forma en cómo los diputados toman, procesan y consolidan sus decisiones. Las formas actuales no deben convertirse en práctica común.
En efecto, la elección de Comisionados ocurrida ayer, fue intempestiva. De hecho, hasta antes de las primeras horas de la tarde, todo se reducía a rumores y especulaciones. Fuera de los diputados, ni siquiera en el mismo recinto legislativo tenían conocimiento claro de que pudiera ocurrir la votación integradora del organismo de transparencia. Finalmente, la votación fue decidida y llevada a cabo en unos cuántos minutos, para asombro de todos aquellos que esperaban que por lo menos las ternas de aspirantes fuesen publicadas, y se anunciara, con fecha y hora, la sesión en la que se llevaría a cabo la elección.
Eso era lo menos que se esperaba, luego de la forma tan poco clara en la que los diputados decidieran que la sesión de elección se pospusiera por veinte días más. Si ya desde entonces había serias dudas sobre la integridad del proceso, lo menos que se esperaba es que los diputados decidieran terminarlo, ahora sí, de cara a una ciudadanía que, aún con las desilusiones recurrentes por la forma abiertamente partidizada y sectaria de integración de los demás órganos autónomos, de todos modos confió en la Legislatura y decidió inscribirse libremente para este proceso.
El problema es que, de nuevo, los diputados decidieron hacer todo a oscuras. Y es que el problema no necesariamente radica en el fondo de sus decisiones, como sí en la forma. En este caso, quedó claro que las bancadas siempre tuvieron candidatos específicos, que fueron subiendo y bajando de posibilidades de ser electos no según sus méritos reales y sus potencialidades profesionales o académicas, sino en función de negociaciones e intereses que hasta ahora nadie conoce.
Esta elección se determinó lo mismo por recomendaciones de ex diputados federales, pasado por el pago a débitos por elecciones anteriores, e incluso por el hecho mismo de que la bancada perredista pretendió impulsar, de la forma más desarreglada posible —usando recursos, propaganda en medios y apoyos de supuesta “buena fe”— a un grupo de individuos que simplemente pretendieron atraer reflectores para generar una percepción engañosa de idoneidad que, en realidad, no poseen.
A todo eso se suma el hecho de que los legisladores no cuidaron las formas mínimas para consolidar esta decisión, propia de la partidocracia. Aunque los órganos autónomos deben estar integrados por personas ajenas a intereses partidistas, políticos o de poder, y su integración debe ser consecuencia del mandato constitucional de la realización de una consulta amplia a la sociedad, lo cierto es que todo se resumió en la realización de un proceso simulado en el que no hubo ponderación de perfiles, ni consulta amplia, ni apertura a la sociedad, y mucho menos alguna explicación de por qué los diputados eligieron a cada uno de los personajes ayer votados, y por qué no a otros.
ELECCIONES DÉBILES
Decíamos en nuestra entrega del pasado 15 de noviembre, a propósito de la elección de integrantes de instituciones autónomas como la electoral, de transparencia y derechos humanos, que si se supone que toda democracia busca tener órganos autónomos fuertes para hacer contrapeso al poder del Ejecutivo, en Oaxaca el Congreso ha designado a personajes débiles, sin probidad, sin capacidades profesionales y académicas comprobables, y que por tanto carecen de la posibilidad de conformar los órganos fuertes que se supone que debían existir en una entidad que se dice inmersa en la democracia y en la pluralidad de fuerzas.
El problema en esos casos, decíamos, radica en buena medida en que los diputados tienen un amplísimo marco de acción, que no está regulado por nada. Nadie sabe, por ejemplo, por qué razón fue electo Alberto Alonso Criollo como consejero presidente del IEEPC; exactamente lo mismo puede decirse de Carlos Altamirano Toledo en la ASE, y qué decir del impresentable Arturo Peimbert, que aún con todos sus antecedentes e insuficiencias, y en una competencia en la que había varios personajes de calidad moral, preparación académica y antecedentes intachables, fue electo quién sabe por qué por unos diputados que sólo votaron sin explicar (como sí debería ocurrir en la “democracia” en la que según vivimos) por qué lo hicieron en ese sentido, y sin permitir que hubiera claridad respecto a la forma en cómo negociaron, qué acordaron con cada uno de los designados, y qué recibieron a cambio de su voto.
Hoy, además de eso, vemos que los diputados deciden sin respetar las formas mínimas de una elección democrática. No vayamos en este momento a la revisión de si los personajes ayer electos son los mejor preparados o los que garantizan mejor funcionamiento del órgano de transparencia. Sólo detengámonos en el hecho de que los diputados lo hicieron sin previo aviso, de nuevo sin informar a la ciudadanía (cada diputado, cada bancada, o la Legislatura completa) por qué votó en la forma en que lo hizo, qué elementos tomó en consideración para determinar su decisión, qué garantías ofrece respecto al funcionamiento de la Comisión de Transparencia, y cuál es la corresponsabilidad que ellos reconocen en la forma en que actúen los hombres y mujeres que ayer fueron electos para el Consejo General de esa Comisión.
RESPONSABILIDAD, INELUDIBLE
No hay camino alterno posible. Los diputados de la LXI Legislatura son corresponsables ineludibles del correcto o mal desempeño que tengan los Comisionados de Acceso a la Información, como también lo son de los integrantes del IEEPC, de la Defensoría de Derechos Humanos y de los demás personajes que han designado para las instituciones en las que ellos deciden. Tratar de escabullirse de esa responsabilidad, o simplemente guardar silencio ante las aberraciones que varias de esas personas han cometido en el ejercicio de sus funciones, es tanto como negar que ellos los eligieron, que ellos negociaron y que ellos menguaron profundamente la transición democrática, al hacer esas elecciones de las que no quieren hacerse responsables.
