+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Derechos Humanos: garantía, no activismo

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+ Defensa: todos la pregonan, nadie la realiza

 

Uno de los temas favoritos de la agenda común de Oaxaca es el relativo a los derechos humanos. Autoridades, organizaciones de la sociedad civil y grupos de lucha social hablan de ellos como si esta fuera una de las monedas comunes más valiosas de la vida pública. Lamentablemente, ese cúmulo de menciones y posiciones está lejos de conseguir una defensa efectiva de ellos. Y los mencionan tanto que, paradójicamente, parece que en Oaxaca los derechos humanos ya perdieron todos sus significados posibles.

¿Qué son derechos humanos? –podríamos preguntarnos. Y, tratando de ceñirnos a una definición formal, podríamos decir que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. No obstante, parece que aquí, en nuestro entorno, la definición material es mucho menos elevada, y por eso su trascendencia se torna no sólo cuestionable, sino incluso impráctica. ¿Por qué?

Porque en la entidad los derechos humanos tienen una clara inclinación hacia la lucha social y hacia la justificación de diversas conductas que no sólo están alejadas del sentido real de los derechos fundamentales, sino que peligrosamente se acercan a la justificación de conductas inaceptables o de poses políticas que no tienen ninguna trascendencia. Aquí parece haber un claro ánimo por explotar los derechos humanos únicamente a partir de intereses o agendas políticas.

Si vemos, por ejemplo, lo que hacen los grupos de defensa de los derechos humanos a los que el Gobierno del Estado ha dado importancia y relevancia, fácilmente podremos comprobar que éstos únicamente están encaminados a obtener beneficios políticos o económicos de sus planteamientos. Otros, buscan generar impunidad o provechos para los grupos de personas a los que representan. Ninguno, en realidad, parece estar decidido a promover realmente los derechos fundamentales, o a trazar rutas efectivas para defenderlos. Vayamos a ejemplos concretos para corroborarlo.

¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil existen en Oaxaca para dizque defender los derechos humanos? Podemos contarlas y enumerar decenas, o quizá cientos que reciben fondos por parte del Estado, y que también son objeto de atención y negociación por parte del gobierno, del cual obtienen algún provecho. Sin embargo, ahora debemos preguntarnos, cuántas de esas asociaciones buscan dividendos políticos, y cuántas están encaminadas a hacer una defensa trascendental de los derechos fundamentales. La respuesta será que prácticamente ninguna puede demostrar que su defensa de los derechos humanos es efectiva.

Esto es así porque, por ejemplo, ninguna organización no gubernamental en Oaxaca había tenido la decisión para emprender una batalla jurídica como la que hace una semana ganó un grupo de personas, no constituidas en una Asociación Civil de las tradicionales de “defensa de los derechos humanos”, logró una declaración del más alto Tribunal Jurisdiccional del país (La Suprema Corte de Justicia de la Nación) respecto a uno de los paradigmas más polémicos y controvertidos de nuestros tiempos en materia de derechos fundamentales, como lo es el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Ese tema en particular puede parecernos o no correcto. Sin embargo, lo que hizo ese grupo de abogados (que ganó un amparo en revisión, en el que la Corte se pronunció de manera definitiva sobre la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la ley civil local, y ordenó casar civilmente a dos mujeres) fue simplemente articular una defensa adecuada a un tema que involucra de manera sensible a los derechos humanos.

La finalidad pudo haber sido el matrimonio entre personas del mismo sexo, o el aborto, o un conjunto enorme de temas que en Oaxaca simplemente duermen el sueño de los injustos, porque los grupos tradicionales de defensa de los derechos humanos están demasiado ocupados tratando de obtener provechos políticos o beneficios económicos, y olvidan que su existencia podría justificarse si al menos demostraran que pueden hacer algo más que empujar negociaciones, agitar a sectores de la población, o “defender” a personas para que lo que obtengan sea dinero, y no la restitución real de sus derechos quebrantados, y los de las demás personas que potencialmente podrían estar en esa situación.

 

GOBIERNO DE POSES

Un día como el internacional de los derechos humanos, es el ideal para alimentar las poses. Esto es lo que hace el gobierno local que asimismo se asume como garante de derechos, aunque en realidad tiene graves deficiencias para entender su trascendencia real.

Si la administración estatal se dice garante de los derechos, ¿cuántas iniciativas ha iniciado para revisar el marco jurídico local en esa materia, o para verdaderamente consolidar el Estado de Derecho en esa materia? ¿De verdad tiene cero recomendaciones, como para decir que aquí los derechos se cumplen a cabalidad? ¿Si está tan seguro de sus aseveraciones, entonces por qué contribuyó, junto con el Legislativo, a postrar el órgano garante de los derechos humanos hasta el grado de la inoperancia total?

Incluso, en estos tiempos los derechos humanos frente al Estado van mucho más allá del simple imperativo de “no hacer” para la autoridad. Ésta, hoy, tiene el deber de velar por hacer que los derechos se cumplan, por cumplirlos, por no quebrantarlos, y también porque otros no los quebranten. ¿Esto último es real? Tal parece que no. Porque aunque propios y extraños dicen que Oaxaca es “punta de lanza” en materia de derechos humanos, aquí es donde más se violan y donde más se medra alrededor de ellos. Qué tristeza que todos hablen de los derechos fundamentales, pero que nadie entienda que hoy, por ubicarlos en el ámbito de la agitación y de la lucha social, están menos tutelados que nunca.

 

¿QUÉ ES “RESPETAR”?

¿Respetar los derechos humanos es equivalencia a permitir la arbitrariedad y los daños de quienes se enmascaran en la lucha social para ser violentos? ¿Respetarlos significa siempre querer que la ley sea selectiva y las autoridades blandas? ¿Respetarlos significa que el Estado haga nada frente a cualquier conducta? Esos son algunos de los sinsentidos de los “derechos humanos” en Oaxaca.

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