+ Propuesta educativa vs delegaciones federales
Han ocurrido tantas cosas en Oaxaca en menos de una semana, que es importante no dejar que se escapen las que podrían considerarse como poco importantes. En cuatro días, el gobierno de la República comenzó a integrar las delegaciones de las Secretarías y Direcciones federales, ocupando una lógica particularmente distinta a la que ha tenido en otras entidades federativas, en un momento tan específico como el de la crisis por las protestas de los profesores que se oponen a la reforma educativa.
En efecto, es necesario no dejar de ver estas dos cuestiones dentro de un mismo contexto. Pues ni es usual, ni es casual, lo que está ocurriendo en el escenario local, toda vez que casi al mismo tiempo quedó de manifiesto el acuerdo tácito entre el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 para impulsar una polémica iniciativa alterna a la que pretende el gobierno federal con la Ley General de Educación; así como también la decisión del gobierno federal de comenzar a colocar en sus delegaciones en la entidad —decisión que había dilatado más de cuatro meses en tomar—, a un cúmulo de personajes que, en gran medida, representan un regreso al pasado.
Vayamos al primero de los casos. Pues por presión de la Sección 22 y de varios de los grupos afines al régimen, el gobierno estatal tomó desde el primer momento las banderas en contra de la reforma educativa. En esa lógica se entiende que el gobierno haya decidido nunca romper con el magisterio democrático, además de aceptar la dinámica de la elaboración de una propuesta alternativa a la reforma constitucional, de formar una comisión ex profeso (gobierno-Sección 22) que con recursos públicos se encargara de la elaboración de la iniciativa de ley; y —quizá la señal más emblemática– el freno total a cualquier posibilidad de que el Congreso del Estado discutiera la postura de Oaxaca frente a la modificación al artículo tercero constitucional, y menos que tomara una postura de aceptación, expresa o tácita, de la reforma educativa.
Todo eso selló la alianza entre el gobierno de Oaxaca y la Sección 22. Seguramente, en un inicio no parecía que esto pudiera llegar a tener una repercusión nacional, debido a que independientemente de la beligerancia magisterial y de su cercanía con el gobierno local, no parecía posible que hubiera un mayor condicionamiento de recursos económicos, o una acción política de gran calado como respuesta del gobierno federal a esta alianza que, en estricto sentido, es en contra de su reforma educativa.
Sólo que ante el crecimiento de la protesta, y la combinación de la inconformidad del profesorado oaxaqueño con el de otras entidades federativas, el gobierno federal comenzó a enviar señales de molestia. Las más claras ocurrieron el mismo día en que, en un intento por tomar distancia del conflicto, de los maestros e incluso de la iniciativa, el Gobernador del Estado fue hasta la capital del país a presentar, como iniciativa de ley y a través de los diputados federales de Oaxaca, el documento que conjuntamente había construido con la Sección 22. Ésta misma ya se había deslindado de su contenido.
Y en su presentación, el Mandatario matizó el contenido, evitó el choque o la confrontación con las autoridades federales, e incluso habló de un proceso de “tropicalización” (que en el ámbito académico es un término ampliamente aceptado cuando se trata de adaptar una norma o concepto a una realidad distinta a la en que ésta fue acuñada) de la reforma educativa para adaptarla los procesos de evaluación a los maestros a las particulares condiciones sociales que prevalece en las entidades de sureste de la República Mexicana.
El problema es que, a pesar de todo eso, la respuesta federal ha sido clara: ha evitado inmiscuirse en cualquier asunto relacionado con Oaxaca; el único tema que ocupó al Presidente sobre la inconformidad de los maestros democráticos, fue sólo para reiterar que no permitirá que nadie ponga en entredicho la reforma educativa; y finalmente, y casi al mismo tiempo, respondió a estas maniobras tomando la distancia suficiente respecto al nombramiento de los funcionarios federales en la entidad.
MUCHA DISTANCIA
En otras entidades del país, el consenso entre el gobierno federal y el local ha sido claro para determinar el nombramiento de los titulares de las delegaciones federales. Eso ha correspondido no sólo al regreso de una “cortesía” política y administrativa que se perdió en las administraciones federales de extracción panista, sino también a las muestras de voluntad que en varias entidades del país ha tenido el gobierno federal para trabajar en conjunto —y más allá de las diferencias políticas— con los gobiernos estatales en temas específicos.
En Oaxaca esa operación se había retrasado justamente por la existencia de apretados canales de comunicación entre ambos gobiernos. Parecía que, en ese escenario, la salida salomónica consistía en que el gobierno evitaría el consenso con el gobierno local, pero también evitaría nombrar a personajes de ascendencia priista en la entidad, y así darle solución a un problema que, además, se había entrampado por las ruidosas exigencias de ex diputados federales, y ex funcionarios de la administración del gobernador Ulises Ruiz, por ser designados (en una especie de “premio”… quién sabe a qué) como delegados federales por el solo hecho de ser “priistas de ascendencia”.
Sin embargo, es claro que en la combinación de circunstancias terminó dándose el peor escenario: el nombramiento de varios de los personajes a los que el gobierno de Cué desearía haber visto lejos de Oaxaca… o en prisión. Esta definición no parece casual, y tampoco parece corresponder a los antecedentes de cómo el gobierno federal ha nombrado en las principales delegaciones a personajes que cuentan al menos con el no-veto del gobierno estatal.
Esto ocurre en tiempos electorales. Algunos de los nombrados son auténticos adversarios del régimen. Y todo esto, al final, no hace sino constatar la difícil relación que no deja de haber (a pesar del cambio de partidos gobernantes en los dos ámbitos) entre Oaxaca y el gobierno federal.
MUY GRAVE
La violencia y los disparos ocurridos durante la convención para elegir a Joel Castillo como candidato del distrito 22 por el PRI. Este es un reflejo de la crisis interna que genera la voluntad por mantener, desde la oficina de Alejandro Avilés, los dados cargados, la comercialización de candidaturas, y los favoritismos interesados en varios distritos. Esto pudo haber terminado en tragedia. Aguas.
