Uno de los temas que aún en lo marginal, no deben dejarse de tomar en cuenta: en mayo pasado, el Gobierno del Estado presentó una propuesta de legislación secundaria a la reforma constitucional federal en materia educativa, a la que nadie le dio seguimiento. Hoy, cuando la legislación es un hecho, y el magisterio oaxaqueño se dice marginado de la misma, no está de más la pregunta: ¿qué hizo la Sección 22, más allá de la movilización y el discurso, para aportar algo a la discusión sobre las leyes que reglamentan el nuevo artículo tercero constitucional?
En efecto, la pregunta no es ociosa en la medida en que sí hubo propuestas alternativas a las iniciativas presidenciales que, prácticamente sin cambios, se convirtieron en ley, y a partir del hecho de que el magisterio democrático de Oaxaca se dice marginado de toda discusión relacionada con la nueva legislación en materia educativa.
En este sentido, es claro que la realidad está lejos de los discursos y las posturas. Si se recuerda, desde principios de año se estableció, como parte de los acuerdos entre la Sección 22 y el gobierno estatal, que juntos construirían una propuesta de legislación secundaria en materia educativa federal, que atendiera la visión y las necesidades del magisterio oaxaqueño frente a la reforma de los artículos 3 y 73 de la Constitución federal. En ese acuerdo se había definido que el Gobierno del Estado ponderaría los planteamientos del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), y que con ello reflejaría la visión del magisterio democrático para la construcción de la propuesta.
Aunque pocos lo recuerdan, ese acuerdo no quedó sólo en el documento. De hecho, un grupo de trabajo conjunto entre el gobierno estatal y la Sección 22 elaboró una iniciativa que sería presentada el 1 de abril en un acto conjunto entre el magisterio y el gobierno estatal. A decir de quienes tuvieron acceso a la propuesta, ésta tenía la cualidad de generar una propuesta incluyente de los propios planteamientos de la Sección 22 sin romper con el entonces recién reformado artículo 3 de la Constitución federal. El problema fue que como dicha propuesta no era exactamente lo que el magisterio establecía en el PTEO, éste finalmente decidió rechazar la propuesta.
Concretamente, el punto 9 de los acuerdos tomados en la Asamblea Estatal permanente del 30 de marzo, establecía el rechazo de la Sección 22 a la propuesta construida con el gobierno estatal, pero a su vez establecía un compromiso que hasta ahora todos han ignorado. A la letra, el acuerdo dice: “[La Asamblea Estatal] acuerda el rechazo al documento presentado por el Jurídico de la Sección XXII a la Reforma de la Ley General de Educación y se construya otro con las adecuaciones pertinentes al Proyecto de Reforma de Ley General de Educación por parte de una Comisión Jurídica integrada por con un grupo de Abogados Constitucionalistas y abogados de la CNTE, además del Investigador en Pedagogía Hugo Aboites, con la finalidad de ubicar los términos que reflejen la integración del PTEO al marco normativo Federal y Estatal, y posteriormente se baje a consideración de la Asamblea Estatal y las bases para finalmente ser remitida a las instancias correspondientes.”
¿Alguien sabe qué pasó con dicho compromiso magisterial? ¿Alguien sabe si a la propuesta realizada por el Ejecutivo estatal los diputados federales y senadores por Oaxaca le dieron algún seguimiento? Los propios hechos dicen que nada de esto ocurrió.
UN DESPERDICIO
Aunque en su momento la prensa lo reflejó poco, la propuesta de reforma a la Ley General de Educación llevada a la Ciudad de México por el gobernador Gabino Cué, fue reconocida ampliamente en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Legisladores oficialistas y opositores a la reforma constitucional federal, reconocieron de forma casi unánime que la propuesta llevada por el gobernador Cué era coherente con las nuevas necesidades de la educación en el país, y que además era conciliadora entre las posiciones del magisterio de la CNTE y la visión del gobierno federal. El problema fue que eso no pasó a más.
Frente a esto debemos primero preguntarnos: ¿Por qué los maestros de la Sección 22 decidieron no caminar con esa propuesta, construida sólidamente y reconocida por los actores más importantes del país? La respuesta está en que, en la Asamblea Estatal, los grupos radicales se impusieron sobre los moderados y decidieron –como es su costumbre- no aceptar cualquier otra visión que no fuera la propia, establecida en el PTEO. Ello les garantizaba los argumentos para la protesta, y los mantendría al margen de cualquier responsabilidad en la confección del nuevo marco legal, aun cuando ellos mismos se habían comprometido a construir una nueva propuesta que fuera acorde con el PTEO. A la luz de los hechos, no está de más reiterar la pregunta: ¿dónde quedó su propuesta?
Pero el asunto no se acaba ahí. Pues así como la Sección 22 mostró poco interés en contribuir a la formación del marco reglamentario al nuevo artículo tercero constitucional, también el propio gobierno estatal dejó de lado el tema. ¿Dónde quedó el interés del gobierno por continuar trabajando en las alternativas legales posibles para aminorar el impacto del problema magisterial que hoy representa la CNTE para Oaxaca y para el país?
Pues lo propio hubiera sido que no sólo construyera una propuesta de reforma a la Ley General de Educación, sino que en aras de refrendar su vocación propositiva, debió también hacer su propia propuesta de Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y lo que es más: debió hacer todo lo necesario para cabildear, por sí y a través de los invisibles diputados federales y senadores oaxaqueños, el contenido de sus propuestas para que éstas fuesen tomadas en cuenta en la nueva legislación federal, y el Gobierno de Oaxaca quedara no como un aliado de la Sección 22, sino como un aliado de la educación en un estado pobre y marginado como lo es Oaxaca. Nadie lo hizo. Ahí están las consecuencias.
¿RETENCIÓN O DESCUENTOS?
¿El gobierno estatal descontará los días no laborados por el magisterio, o sólo les retendrá sus salarios a los maestros hasta que regresen a clases? Hay una diferencia abismal, de justicia, entre una posibilidad y otra. Sería terrible que todo quedara en una retención, y posterior reintegro, como premio no a la lucha, sino a la indolencia de los maestros con su labor docente.
