+ ¿Por qué Federación asume control de los profesores?
Uno de los temas torales de la iniciativa fiscal que presentó el domingo el Gobierno de la República, radica en que la Federación pretende retomar el control del pago de salarios de todos los profesores del país. Esta es una medida mayor, que no sólo es un signo claro del fracaso de la llamada descentralización educativa emprendida por el gobierno federal a principios de la década de los noventas, sino que también podría ser un reflejo fiel del federalismo mexicano que es falso por partida doble: en primer término porque los estados han sido incapaces de cumplir con una atribución básica que les fue conferida; y en segundo plano porque la misma Federación falló, o que se resistió a cumplir con su deber de fortalecer a las entidades ante la facultad que les otorgó.
En efecto, para entender este tema es necesario ir por partes. Pues de entrada queda claro que este es un tema que está lejos de ser nuevo, o carente de un diagnóstico actualizado. Desde siempre se ha sabido que la descentralización educativa sirvió en mucho para que entidades como Oaxaca se convirtieran en rehenes de las secciones magisteriales que, bien organizadas, encontraron formas eficaces de presionar a los gobiernos estatales ya no para conseguir mejoras en el ámbito educativo, sino para adjudicarse victorias económicas o políticas que no fueron proporcionales a los bajos niveles de aprovechamiento educativo que han alcanzado en casi tres décadas.
Frente a esta realidad, una pregunta que nos hemos realizado en otros momentos (ver Al Margen 27.03.13), y que hoy encuentra respuesta con la propuesta del gobierno federal, es: ¿Qué debe hacer el Estado en su conjunto para reasumir su responsabilidad en el ámbito educativo? La respuesta ha sido clara desde siempre: volver a tomar el control de la educación para rectificar lo que se ha torcido, pero también para hacer que lo que dice la Constitución se cumpla.
Uno de los pasos fundamentales para hacer que la ley se cumpliera fue justamente el de elevar a rango constitucional ciertos criterios relacionados con la evaluación y con los estándares de calidad que deben cumplir todos aquellos que están parados frente a un grupo de alumnos, así como también el establecimiento de los mecanismos para normar correctamente la vida y la evaluación de los profesores. El paso político que se dio en concordancia con ello fue el descabezamiento del gordillismo, que estaba maniobrando para generar focos de resistencia contra la reforma. Sin embargo, aún frente a la reforma y el descabezamiento del gordillismo, eso no es suficiente.
¿Por qué? Porque si la reforma constitucional fue nacional, el cumplimiento de la norma debe ser asimismo en todo el territorio mexicano. En ese sentido, el gobierno de la República no puede desdecirse de lo que ya hizo, y aplicar el contenido de la reforma sólo en las entidades federativas donde no hay resistencia o donde los maestros están a favor de los nuevos estándares educativos. Particularmente, debe voltear los ojos a los estados que se han declarado en resistencia, y aplicar medidas efectivas en ellos. Esas medidas tendrían que ver, incluso, con la recentralización educativa que hoy se está poniendo de manifiesto con la propuesta de reforma fiscal, que incluye la desaparición del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (con lo que la Federación transfería a las entidades federativas los recursos para que éstos pagaran la nómina de sus maestros) y su reemplazo por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), a través del cual la Secretaría de Educación Pública sería la única responsable de operar un sistema de administración de nómina magisterial a nivel nacional.
La medida busca un solo fin: que la Federación reasuma el control económico de los asuntos magisteriales, y que a través de esto desaparezcan los chantajes magisteriales a gobiernos estatales, las dobles negociaciones y los privilegios y prebendas extraordinarias que han conseguido los profesores en los últimos años presionando a gobiernos estatales institucionalmente débiles o con poco margen para negociar con los profesores organizados.
DOBLE FRACASO
Esto, sin embargo, revela un doble fracaso: por un lado, queda claro que (aunque no se dice abiertamente) todo esto constituye un estruendoso fracaso de las entidades federativas, a las que hoy se propone que se les quiten facultades directamente relacionadas con la administración de recursos económicos, ante la incapacidad que han demostrado para afrontar los problemas relacionados con el magisterio, y para hacerse presentes como autoridad y no como rehén de las secciones magisteriales. Oaxaca es, quizá, el más visible de esos casos, pero está lejos de ser el único.
Empero, en el sentido contrario, queda claro que este fracaso no es sólo de las entidades federativas sino también de la Federación. Pues es evidente que el Pacto Federal está construido no sólo de la voluntad aislada de las entidades por construir una Federación y dotarla de facultades para su funcionamiento, o de ésta por materializarse únicamente para generar fortaleza equilibrada para todos los Estados que la conformaron. En realidad, es claro que el Pacto Federal está constituido de compromisos mutuos, solidarios y bilaterales, en los que es deber de todos los Estados cumplir con los fines comunes, pero es también responsabilidad de la Federación generar las condiciones de igualdad para que los estados puedan cumplir con los compromisos que son propios de ellos o que les fueron delegados.
En este momento, la medida es pragmática y apremiante. Es, quizá, una medida que busca corregir un problema actual con una solución práctica. Pero en el fondo, este es un nuevo llamado de atención respecto a lo cuestionable de nuestro modelo federal y a las demostraciones materiales de su mal funcionamiento. Jugamos en México a la Federación. Pero queda claro que en los temas torales terminamos ciñéndonos al centralismo que siempre ha estado como contraparte de nuestra democracia.
RECORTES
En el caso de Oaxaca, si la Federación retira las aportaciones del FAEB habrá un hueco enorme que materialmente deberá ver cómo se solventa en el IEEPO. Algo similar pasará si el gobierno federal cambia la aportación de recursos por la de productos en especie en el tema de la salud. ¿Ya se vio el tamaño del problema práctico? En el ámbito educativo son más de 15 mil millones. ¿Cómo se solventarán los huecos existentes?
