Deber y desdén institucional afectan a Oaxaca
Los poderes Ejecutivo y Legislativo reiteran su promesa de que antes de que inicie el ciclo escolar 2014-2015 –es decir, el 18 de agosto próximo– Oaxaca tendrá una nueva Ley Estatal de Educación. Según lo que han declarado los representantes de los dos poderes, esa norma conseguirá el doble objetivo, de cumplir con los requerimientos de armonización que estableció la legislación constitucional y ordinaria federal en la materia, y también de atender los reclamos de la Sección 22 del SNTE. Al margen de que esto parezca una tarea imposible, hoy en día también debemos preguntarnos ¿qué están haciendo, en la vía política, los poderes del Estado para conseguir este posible arreglo?
En efecto, ninguna de las dos cuestiones es menor. Pues en el primero de los temas parece que los poderes estatales se encuentran en el dilema de tratar de actuar en contra de aquel tantas veces mencionado principio de la contradicción, que establece que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Es evidente que la pretendida ley educativa cumple con ese requisito de la contradicción. ¿Por qué?
Porque por un lado es claro que la reforma educativa tiene una clara intención de normar la vida laboral y las cuestiones administrativas de los maestros del país. Y porque, por el otro, los profesores de la CNTE, en realidad no quieren ni pluriculturalidad ni el cumplimiento de demandas sociales: lo que ellos quieren es que no se les norme en su vida laboral, ni sean sujetos de sanciones administrativas, ni tengan contrapesos en el establecimiento de las normas que rigen sus actividades como docentes.
Ese es un primer problema que no parece sencillo de superar. Y uno de los indicadores que habla de esa primera vicisitud que no saben cómo resolver (ni en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y tampoco en la Sección 22 del SNTE que se prestó al juego contradictorio de los foros educativos y de la construcción conjunta de una reforma), radica en el hecho de que hasta hoy no existe un solo lineamiento concreto a partir del cual alguien pueda explicar, en Oaxaca, cómo se va a llevar a cabo la construcción de la ley educativa, o cómo se va a llevar a cabo esa curiosa armonización no sólo entre lo que dice la norma federal y lo que debe decir la ley estatal, sino también lo que deba ocurrir en la combinación de esos dos lineamientos legales frente a los planteamientos del magisterio, que hasta ahora sólo los ha esbozado en algunos documentos, pero que tampoco ha tenido la capacidad de establecer líneas concretas que refieran que en esa armonización ellos podrían ceder algunas de sus posiciones en aras de conseguir otras.
Esto va a generar, irremediablemente, un “atorón”, si es que en realidad existe una remota posibilidad de que el Estado tenga la intención de cumplir con sus deberes antes que plegarse a los intereses del magisterio oaxaqueño. Ese “atorón” ocurrirá en el momento en que la Ley Estatal de Educación tenga algún supuesto con el que no está de acuerdo el magisterio democrático. Éstos, hasta ahora, han demostrado que su posición no es precisamente la de negociar. Y por esa razón sólo ocurrirán dos cuestiones posibles: una, que el Estado se vaya de largo aprobando una legislación que después tendrá problemas para aplicar. O, dos, que apruebe una ley de la mano del magisterio, que después termine derruida por una nueva controversia constitucional.
Por eso, también vale la pena saber qué están haciendo en los gobiernos estatal y federal para poder hacer posible no sólo la nueva Ley Estatal de Educación, sino también la reforma constitucional federal en materia educativa, que hasta ahora en Oaxaca sigue esperando el momento adecuado para comenzar a implementarse.
¿Y LA OPERACIÓN POLÍTICA?
Hace unos días, el diario Reforma dio a conocer el acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Gobernación y la CNTE, donde la dependencia federal concede que ningún trabajador podrá ser removido de las funciones que realizaba antes del 11 de septiembre de 2013, fecha en que entró en vigor la Ley General del Servicio Profesional Docente. Este ofrecimiento implicaba seguir la ruta imposible que señalábamos en líneas anteriores, de que el gobierno cediera en algunas de sus posiciones, en aras de que también el magisterio hiciera lo mismo.
Eso no ocurrió. La Sección 22 del SNTE –principal eje de la Coordinadora en el país– decidió que ese ofrecimiento era también insuficiente para los fines que ellos buscan, y reiteraron que su exigencia se sigue centrando en la derogación del contenido de la reforma constitucional en la materia, la abrogación de las normas federales secundarias, y la aprobación y reconocimiento de su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, como norma educativa que rija su labor.
Frente a todo eso, lo preocupante no es que los profesores oaxaqueños hayan rechazado esta primera oferta, sino que en el panorama no parece haber otro intento (uno solo, aparte de este) de conseguir un acuerdo de distensión con el magisterio. El panorama no es fácil, porque la dirigencia magisterial continúa reiterando que su posición es de conseguir todo, o de no negociar nada. Sin embargo, la labor del gobierno –el federal y el estatal– tendría que ser la de plantear tantas posibilidades de solución como fueran posibles, en aras de tratar de hacer algo más de la posición pasiva que se ha asumido hasta este momento.
Por eso, en las condiciones actuales parece claro que será irrelevante si la ley es o no aprobada, y también es irrelevante si llegan a plantearse posibilidades de acuerdo entre el gobierno y la Sección 22. Lo único que se ve en este escenario, es que mientras el Estado siga teniendo ese nivel de debilidad institucional que tiene hasta ahora, de todos modos la ley no se aplicará independientemente de su contenido. Y también es claro la falta de operación política, y el desdén mostrado por el gobierno frente a las posibilidades de solución, están condenando a Oaxaca a continuar indefinidamente viviendo en el caos magisterial que creímos que se iba a frenar con la aprobación de la reforma educativa.
COTZOCÓN
Al margen de las razones que determinan la grave situación política de San Juan Cotzocón, la SSPE y su titular, Alberto Esteva Salinas, deberían comenzar por explicar la razón por la que elementos de la Policía Estatal fueron a ejecutar una orden de aprehensión, cuando esa es una tarea que, en la generalidad, debe realizar la Agencia Estatal de Investigaciones.
