+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

México está desbordado, pero la partidocracia sigue sorda

Date:

No hay productividad; sólo interesan las elecciones

Parece que los intereses nacionales corren en dos bandas paralelas, que no se tocan pero que sí se hacen daño. En una de las bandas se encuentran los partidos políticos, que continúan creyendo que en el país no pasa nada, y que la agenda pública está dominada por sus intereses partidistas. Sólo así puede entenderse su actuación actual en las cámaras legislativas, y su insistencia por continuar maquillando la honestidad con demagogia. Y en la otra banda se encuentra la sociedad, que está a punto de llegar al límite que no quieren ver los partidos políticos.
En efecto, al arrancar esta semana el PRI hizo dos anuncios que demuestran claramente que su agenda particular es la única que les importa. Por un lado, el dirigente nacional César Camacho Quiroz, anunció la publicación de las convocatorias para elegir a 244 candidatos a las diputaciones federales. De estos, explicó, 127 serán electos por el método de Convención de Delegados, y los 117 restantes serán postulados por designación directa del Comité Ejecutivo Nacional. Y junto a esto, el PRI anunció que todos sus aspirantes pasarán por el tamiz de la realización de un examen de conocimientos sobre sus documentos básicos partidistas, como requisito indispensable para ser postulados. Esta es una muestra más de frivolidad frente a la situación del país.
Hace apenas una semana, el PRI reventó el quórum en el Senado de la República como una forma silenciosa de resistencia a abordar las propuestas de creación del llamado sistema nacional anticorrupción, que anunció el presidente Enrique Peña Nieto orillado por los acontecimientos de los últimos dos meses pero que, según parece, nadie tiene voluntad real por llevar hasta sus últimas consecuencias. Pues si el sistema anticorrupción no fue parte de las reformas torales consensadas dentro del Pacto por México, hoy parece que el PRI y el gobierno siguen sin tener voluntad para impulsar el tema.
El asunto no es menor. Pues parece quedar claro que no sólo no hay interés, sino que sí hay una resistencia abierta a abordar un tema que fue puesto en la agenda nacional no por la venia de ningún dirigente político, sino por las revelaciones y evidencias de que la honestidad de los servidores públicos es una fantasía, y de que existe más corrupción y colusión en el sector público de la que podríamos imaginarnos.
Escándalos como el de José Luis Abarca (que era jefe criminal y autoridad municipal al mismo tiempo) o el de la llamada casa blanca de la esposa del Presidente, fueron las circunstancias que marcaron una urgencia por crear una comisión anticorrupción, a la que ni el gobierno federal ni el PRI están correspondiendo.
Es así porque el PRI fue uno de los partidos —junto con el PAN— que reventó el quórum en un periodo de sesiones que era crucial para dar respuesta a ese reclamo de los ciudadanos. No lo hizo. No le importó. Prefirió postergar, para quién sabe cuándo, una discusión y decisiones que son indispensables para la gobernabilidad y credibilidad de las instituciones frente a las evidencias de corrupción.
Y es también una evidente falta de correspondencia del gobierno federal, que no utilizó sus mecanismos de interlocución para conminar a las representaciones partidistas en el Congreso para que ese tema fuera abordado de manera preferencial —una especie de iniciativa preferente de facto— en este periodo en el que la ciudadanía ya no quiere discursos, sino decisiones trascendentes.
En el fondo podría preverse que los partidos postergaran esta discusión, si tomamos como punto de referencia que de septiembre a la fecha, y ante la crisis del país, el mismo Presidente ha evitado las decisiones trascendentes y ha preferido quedarle a deber a la ciudadanía —con el durísimo cuestionamiento que esto conlleva— antes que comenzar a desmantelar la red de intereses que ha protegido desde el inicio de su gobierno.
El problema está en que, a diferencia del Presidente, los partidos supuestamente son los agentes encargados de “promover la participación del pueblo en la vida democrática” y de contribuir a la integración de la representación nacional. Los partidos siguen muy interesados en esto último, aunque su finalidad de generar confianza entre los ciudadanos hoy esté pasando por uno de sus momentos más aciagos.

SÓLO DEMAGOGIA
En el marco del decálogo que presentó el Presidente hace un mes para enfrentar la crisis nacional derivada de los hechos de Iguala, anunció que dialogaría con los partidos políticos para establecer mecanismos de control de confianza en la postulación de sus candidatos. Si esto es de por sí risible (pues quienes podrían ser candidatos deben ser de antemano ciudadanos “con un modo honesto de vivir”), lo es mucho más la ridícula pose del PRI de someter a sus candidatos a un examen de conocimientos de sus documentos básicos, como si ello fuera un exorcismo contra la corrupción.
Pues según lo que se ha informado, a los priístas se les recordó “que no deben olvidar que son nacionalistas pero también son integrantes de la democracia social”, y según también se les “insistió” que para el proceso electoral “deben recordar que son garantes de la rectoría del estado, de una economía estable y sobretodo de los hidrocarburos”. Curiosamente, esta es la única evaluación que voluntariamente aplicará el PRI a sus posibles candidatos; y sobre ella ni se ha hablado sobre qué se abordó en esos cursos sobre la confiabilidad de quienes resulten candidatos, y tampoco si les realizarán otro tipo de exámenes para comprobar su honestidad.
Al final todo esto parece producto de una gran trama para evadir el asunto de fondo, que radica o en asumir cabalmente la honestidad y los buenos antecedentes, por encima del interés político, como el punto de referencia para elegir a quienes serán candidatos; o en decidir la aplicación de rigurosos exámenes de confianza —como los que le aplican a los policías, lo cual quizá sería útil pero al mismo tiempo el colmo— para verificar que sus abanderados son personas honorables y dignas de la confianza de la ciudadanía.

DESORIENTADOS
Por eso parece claro que hablamos de dos países distintos. Uno, que está indignado por todas las muestras de corrupción que abundan en el país —cada semana hay un caso nuevo que revela, cuando menos, conflicto de interés—; y el otro, que está decidido a mantener el estado de cosas a su favor, y que sigue simulando a la vista de todos, que está comprometido con una honestidad que en el fondo repudia.

Share post:

spot_img

Popular

More like this
Related

CONTRAFUEGO || Aniquilada oposición

Aurelio Ramos Méndez Atomizada, enclenque, con su militancia casi enteramente...

De macacos, racismos, funadas, Ley Telecom

Renato Galicia Miguel  Hay de todo en redes  sociales: exhibición y...

AL MARGEN || Adiós, órganos autónomos

Adrián Ortiz Romero Cuevas La visión de la 4T respecto...

Sandra Domínguez: impunidad y cinismo criminales 

Renato Galicia Miguel Qué eficientes son los policías de la...