No hay productividad; sólo interesan las elecciones
Parece que los intereses nacionales corren en dos bandas paralelas, que no se tocan pero que sí se hacen daño. En una de las bandas se encuentran los partidos políticos, que continúan creyendo que en el país no pasa nada, y que la agenda pública está dominada por sus intereses partidistas. Sólo así puede entenderse su actuación actual en las cámaras legislativas, y su insistencia por continuar maquillando la honestidad con demagogia. Y en la otra banda se encuentra la sociedad, que está a punto de llegar al límite que no quieren ver los partidos políticos.
En efecto, al arrancar esta semana el PRI hizo dos anuncios que demuestran claramente que su agenda particular es la única que les importa. Por un lado, el dirigente nacional César Camacho Quiroz, anunció la publicación de las convocatorias para elegir a 244 candidatos a las diputaciones federales. De estos, explicó, 127 serán electos por el método de Convención de Delegados, y los 117 restantes serán postulados por designación directa del Comité Ejecutivo Nacional. Y junto a esto, el PRI anunció que todos sus aspirantes pasarán por el tamiz de la realización de un examen de conocimientos sobre sus documentos básicos partidistas, como requisito indispensable para ser postulados. Esta es una muestra más de frivolidad frente a la situación del país.
Hace apenas una semana, el PRI reventó el quórum en el Senado de la República como una forma silenciosa de resistencia a abordar las propuestas de creación del llamado sistema nacional anticorrupción, que anunció el presidente Enrique Peña Nieto orillado por los acontecimientos de los últimos dos meses pero que, según parece, nadie tiene voluntad real por llevar hasta sus últimas consecuencias. Pues si el sistema anticorrupción no fue parte de las reformas torales consensadas dentro del Pacto por México, hoy parece que el PRI y el gobierno siguen sin tener voluntad para impulsar el tema.
El asunto no es menor. Pues parece quedar claro que no sólo no hay interés, sino que sí hay una resistencia abierta a abordar un tema que fue puesto en la agenda nacional no por la venia de ningún dirigente político, sino por las revelaciones y evidencias de que la honestidad de los servidores públicos es una fantasía, y de que existe más corrupción y colusión en el sector público de la que podríamos imaginarnos.
Escándalos como el de José Luis Abarca (que era jefe criminal y autoridad municipal al mismo tiempo) o el de la llamada casa blanca de la esposa del Presidente, fueron las circunstancias que marcaron una urgencia por crear una comisión anticorrupción, a la que ni el gobierno federal ni el PRI están correspondiendo.
Es así porque el PRI fue uno de los partidos —junto con el PAN— que reventó el quórum en un periodo de sesiones que era crucial para dar respuesta a ese reclamo de los ciudadanos. No lo hizo. No le importó. Prefirió postergar, para quién sabe cuándo, una discusión y decisiones que son indispensables para la gobernabilidad y credibilidad de las instituciones frente a las evidencias de corrupción.
Y es también una evidente falta de correspondencia del gobierno federal, que no utilizó sus mecanismos de interlocución para conminar a las representaciones partidistas en el Congreso para que ese tema fuera abordado de manera preferencial —una especie de iniciativa preferente de facto— en este periodo en el que la ciudadanía ya no quiere discursos, sino decisiones trascendentes.
En el fondo podría preverse que los partidos postergaran esta discusión, si tomamos como punto de referencia que de septiembre a la fecha, y ante la crisis del país, el mismo Presidente ha evitado las decisiones trascendentes y ha preferido quedarle a deber a la ciudadanía —con el durísimo cuestionamiento que esto conlleva— antes que comenzar a desmantelar la red de intereses que ha protegido desde el inicio de su gobierno.
El problema está en que, a diferencia del Presidente, los partidos supuestamente son los agentes encargados de “promover la participación del pueblo en la vida democrática” y de contribuir a la integración de la representación nacional. Los partidos siguen muy interesados en esto último, aunque su finalidad de generar confianza entre los ciudadanos hoy esté pasando por uno de sus momentos más aciagos.
SÓLO DEMAGOGIA
En el marco del decálogo que presentó el Presidente hace un mes para enfrentar la crisis nacional derivada de los hechos de Iguala, anunció que dialogaría con los partidos políticos para establecer mecanismos de control de confianza en la postulación de sus candidatos. Si esto es de por sí risible (pues quienes podrían ser candidatos deben ser de antemano ciudadanos “con un modo honesto de vivir”), lo es mucho más la ridícula pose del PRI de someter a sus candidatos a un examen de conocimientos de sus documentos básicos, como si ello fuera un exorcismo contra la corrupción.
Pues según lo que se ha informado, a los priístas se les recordó “que no deben olvidar que son nacionalistas pero también son integrantes de la democracia social”, y según también se les “insistió” que para el proceso electoral “deben recordar que son garantes de la rectoría del estado, de una economía estable y sobretodo de los hidrocarburos”. Curiosamente, esta es la única evaluación que voluntariamente aplicará el PRI a sus posibles candidatos; y sobre ella ni se ha hablado sobre qué se abordó en esos cursos sobre la confiabilidad de quienes resulten candidatos, y tampoco si les realizarán otro tipo de exámenes para comprobar su honestidad.
Al final todo esto parece producto de una gran trama para evadir el asunto de fondo, que radica o en asumir cabalmente la honestidad y los buenos antecedentes, por encima del interés político, como el punto de referencia para elegir a quienes serán candidatos; o en decidir la aplicación de rigurosos exámenes de confianza —como los que le aplican a los policías, lo cual quizá sería útil pero al mismo tiempo el colmo— para verificar que sus abanderados son personas honorables y dignas de la confianza de la ciudadanía.
DESORIENTADOS
Por eso parece claro que hablamos de dos países distintos. Uno, que está indignado por todas las muestras de corrupción que abundan en el país —cada semana hay un caso nuevo que revela, cuando menos, conflicto de interés—; y el otro, que está decidido a mantener el estado de cosas a su favor, y que sigue simulando a la vista de todos, que está comprometido con una honestidad que en el fondo repudia.
