+ No hipotecan al Estado sino a los municipios, a través de su Ramo 33
Ayer el Congreso del Estado sesionó para aprobar reformas a la Ley de Deuda Pública, no como un favor al gobernador Gabino Cué sino, implícitamente —y a cambio de la millonaria inversión prometida para las instalaciones donde se imparte educación básica en la entidad— para dar su anuencia a los afanes electorales del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Esto cobra sentido cuando se analiza la naturaleza de los certificados de infraestructura educativa prometidos por el gobierno federal en el marco de la reforma educativa, así como la urgencia de comenzar a realizar dicha inversión.
En efecto, hace dos meses, en el mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un paquete de medidas encaminadas a fortalecer el Estado de derecho, impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualdad. Entre estas medidas destacó la creación de nuevos “vehículos de inversión” que según los dichos del Mandatario, “permitan impulsar el desarrollo de infraestructura a partir de la conjunción de capital público y privado”.
Dichos instrumentos fueron los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), que días después anunció el Titular de la SEP, y que en su momento presentó con la apariencia de una inversión federal. Sólo que conforme ha transcurrido el tiempo, y ha venido avanzando el proceso de implementación de dichos mecanismos, se ha ido descubriendo la verdadera naturaleza de los mismos. Y básicamente, resulta que no se trata de una inversión federal extraordinaria, sino de “adelantos” bursatilizados, a través de los cuales el gobierno federal está inyectando recursos para la rehabilitación de instalaciones escolares en el país, pero a cambio de descontarlos, a largo plazo, de uno de los fondos que reciben los municipios directamente de la federación.
Y es que, como lo explica la investigadora del Die-Cinvestav, Alma Maldonado (http://educacion.nexos.com.mx/?p=20), en el 2009 se modificó la normatividad para permitir la existencia de Certificados de capital de desarrollo (CKDs) o de los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibras). En el caso de la infraestructura educativa el instrumento propuesto sería un “Certificado Bursátil Fiduciario (Cebure) cuya fuente de pago es el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Ramo 33) de las entidades federativas” (Salgado, 2005). En otros términos, apunta la investigadora, estos bonos funcionarían como una especie de hipoteca en donde los recursos que de todas maneras se recibirían (vía Ramo 33-FAM) para infraestructura educativa se concentrarán en un fondo que lanzará bonos a la venta en la Bolsa Mexicana de Valores. Con ello, el gobierno federal y los estados dispondrán de una gran cantidad de recursos inmediatos para invertirlos en este sector. Las interrogantes sobre estos certificados deben considerar al menos a tres actores diferentes: los futuros inversionistas, los usuarios de los servicios educativos y los involucrados en la política educativa.
Nada menos que de esto se tratan los CIEN, anunciados por el secretario Aurelio Nuño Mayer, y por lo que las Legislaturas de todo el país están modificando sus legislaciones domésticas para poder acceder a dicha modalidad de recursos, que aunque formalmente no constituye deuda pública, sí es una forma disfrazada de hipotecar los recursos que reciben los municipios a través de uno de los fondos que integra el Ramo 33 a que tienen derecho todas las municipalidades del país.
AFANES POLÍTICOS
En las últimas semanas, se ha insistido en que el presidente Peña Nieto “le metió en la bolsa 50 mil millones de pesos a Aurelio Nuño” para hacerlo crecer electoralmente, como uno de sus posibles prospectos presidenciales para 2018. El problema que hoy está surgiendo es que ese dinero en realidad no es una dádiva ni una estrategia federal, sino un préstamo a través del cual un funcionario federal podrá hacer campaña a costa de las entidades federativas y los municipios del país. A pesar de que ello no constituye un esquilmo, sí es una forma poco decorosa de hacer política con sombrero ajeno.
¿Por qué? Porque evidentemente, dicha inversión, distribuida en las 32 entidades del país, permitirá al Titular de la SEP tener una amplia presencia en prácticamente todo el territorio nacional, eliminando aquella vieja idea de que desde la SEP no era posible hacer política con fines electorales, y que tampoco era un espacio propicio para tener contacto directo con la ciudadanía.
Al estar Nuño en la posibilidad de prometer —y cumplir— inversiones en centros educativos, le pega a un tema sensible de prácticamente todas las comunidades apartadas o con algún grado de marginación —que no son pocas en el territorio nacional— que tienen escuelas en ruinas o en el abandono. Sólo que el “sombrero ajeno” con el que hará caravanas por todo el país, radica en el hecho de que en realidad esa no es una inversión federal sino eminentemente municipal, que silenciosamente se irá pagando en los lustros siguientes.
Además, esta situación margina todo cuestionamiento de cómo se financiará el mantenimiento que, en las décadas por venir, se le deberá dar a esa infraestructura educativa que en los meses siguientes será rehabilitada, si los recursos económicos con los que podría hacerse estarán destinados a solventar el proceso de bursatilización de esos instrumentos de inversión, con los que además Aurelio Nuño buscará hacer política y ser conocido en todo el país con una intención eminentemente electoral. Así pues, esta es la forma en cómo debemos ir entendiendo los instrumentos que sí tienen un fin loable, que es el rescate de las escuelas del país, pero que también tienen la intención de Aurelio Nuño tenga mecanismos para ubicarse en la ya próxima carrera presidencial de 2018.
BURSATILIZACIÓN
Para que entendamos mejor eso de la bursatilización: como ejemplo, el gobierno estatal bursatilizó en 2009 los ingresos producto de los impuestos vehiculares estatales por los siguientes 20 años, para tener dinero fresco dizque para inversión productiva. No hay claridad de qué destino tuvo esos recursos que obtuvieron al vender certificados en la bolsa de valores. Lo que sí sabemos es que por eso en Oaxaca es técnicamente imposible eliminar el impuesto a la tenencia y uso de vehículos, ya que lo que se recauda sirve para pagar ese “adelanto” que hicieron de esos impuestos futuros, los tenedores de esos certificados. Algo así.
