+ EPR: meses de silencio roto, por intervenir en el debate
Han pasado más de tres años desde que el gobierno que encabeza el presidente Felipe Calderón, decidió enviar al Ejército a encabezar la lucha contra el crimen organizado. De entonces a la fecha, el panorama nacional ha cambiado diametralmente, tanto en el grado de violencia como en la actuación misma de las fuerzas armadas. Hoy, uno de los debates centrales sobre la lucha anticrimen y la actuación de las fuerzas castrenses, recae en un tema trascendental: ¿Debe reforzarse el fuero de guerra o, por el contrario, los miembros del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, deben someterse a los tribunales civiles por su actuación en las calles y frente a los civiles?
Este asunto ni es ocioso ni es menor: por una decisión presidencial, se quebrantó el principio constitucional de que en tiempos de paz, las fuerzas armadas deben permanecer en sus cuarteles. Además, esa decisión fue tomada por el gobierno federal sin tomar en cuenta que, tal como se encuentra ahora, el marco legal de las fuerzas armadas no les otorga las atribuciones y facultades suficientes como para realizar labores de seguridad pública y persecución de delitos. Y, sobre todo, que en una campaña militar como la que ahora ocurre en el país, la interacción directa del Ejército se da directamente con civiles, y no con otros grupos similares a ellos. Esta situación, en conjunto, implica una serie de problemas importantes no sólo para el presente, sino para la imagen y sustento futuro de las fuerzas castrenses mexicanas. Veamos el asunto a detalle.
Es claro, en primer término, que lo que formalmente ocurre en México no es una guerra, sino un asunto grave de inseguridad pública. Al enviar al Ejército a las calles, el propio gobierno federal fue quien tomó la determinación de calificar esta serie de acciones como “guerra contra el crimen organizado”. Una guerra, para todos los efectos legales y políticos, se declara entre dos entes que tienen la misma categoría, y se enfrenta con sus respectivas fuerzas armadas, que tienen un mismo grado de legitimidad y respaldo en sus acciones. Si esto se observa como un asunto de fuerza, fue el propio Estado quien le dio el carácter de similar, y legitimidad, a un grupo amorfo e ilegal, como el del crimen organizado.
Sin embargo, más allá de la fuerza, el imprimir el calificativo de “guerra” a un asunto que no es tal, tiene otras implicaciones: existen diferencias sustanciales entre la actuación de las fuerzas de seguridad pública (es decir, las corporaciones policiacas) y lo que realizan los militares. Los primeros se encargan preservar la seguridad y el orden, y los segundos de defender a la nación ante invasión exterior, agresión por potencia extranjera o trastorno interior. Y, por estas razones, el Ejército no está preparado para realizar labores relativas a la seguridad pública.
¿Por qué es importante esto? Porque, en los últimos tres años, ha habido una incidencia constante de excesos y agresiones, por parte de miembros del Ejército, a civiles. Se han violado gravemente los derechos humanos de muchos mexicanos y, actualmente, éstos no tienen la posibilidad de que un militar se someta al fuero civil, y reciba de éste un castigo por sus acciones indebidas.
Hoy, subsiste el fuero militar, con el que todo miembro de las fuerzas armadas que comete delitos o faltas en su actuación, es sometido a la jurisdicción de los tribunales castrenses, para ser procesado, enjuiciado y castigado. ¿Por qué eso no es suficiente? Porque de acuerdo con la propia Constitución, y con la legislación internacional, las fuerzas armadas deben tener una regulación específica en sus actuaciones; y porque, en todo caso, cuando existen civiles involucrados en faltas cometidas por militares, éstos deben ser sometidos a la jurisdicción civil y no a la militar, como ocurre ahora.
PRONUNCIAMIENTOS
¿Por qué es eso trascendental? Porque, pase lo que pase, las normas no tienen efectos retroactivos. Y, de cualquier manera —es decir, se den o no las reformas a la legislación castrense para ampliar el fuero civil o reforzar la jurisdicción militar—, prevalecerá la posibilidad de que, en el futuro, el presidente Calderón, y los actuales mandos militares, puedan ser llevados a juicio ante tribunales internacionales, acusados de la comisión de delitos de lesa humanidad.
Esto es lo que, como puede verse, hace trascendental la discusión, las medidas y las propuestas que hoy en día se ventilan públicamente en el ámbito nacional. En el gobierno federal ha habido importantes resistencias a aceptar la ampliación de la jurisdicción civil para los militares; al contrario, se busca reforzar el marco legal y constitucional para asegurar que éstos sigan respondiendo ante su propia jurisdicción por las faltas cometidas.
Sólo que tienen en su contra a la legislación internacional que también es exigible para México y, sobre todo, la exigencia ciudadana de que los militares sean más responsables en sus actuaciones en contra del crimen organizado, que como una medida importante para afianzar su prudencia se permita a los tribunales civiles juzgar su actuación.
Así, importantes grupos han comenzado a pronunciarse. Uno de ellos, que llama la atención, es el Ejército Popular Revolucionario, quien por más de una década ha buscado castigo a los crímenes que, en su visión, ha cometido el Ejército y que han quedado impunes por la negativa del Estado a revisar su actuación.
VOZ EPERRISTA
Este grupo, rompiendo el periodo de silencio más prolongado desde su fundación, apuntó en un comunicado, fechado el 20 de abril, que “se debe exigir juicio y castigo a los militares y su respectiva cúpula por tribunales civiles nacionales e internacionales porque en nuestro país no existe la justicia, ésta se vende al mejor postor y está al servicio de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. La exigencia de ‘garantías jurídicas’ y la demanda de mantener el fuero militar es una pretensión anticonstitucional y retrógrada que busca plena impunidad, así como borrar de la memoria colectiva los derechos constitucionales y las conquistas sociales…”. Esta es una más de las voces que se unen por el fuero civil a los militares. Finalmente, la responsabilidad de fondo recaerá en el comandante supremo de las fuerzas armadas. Es decir, en el presidente Calderón.
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