+ Gobierno y Expertos buscaban utilizarse; y la verdad, relegada
Aunque estruendosa, a nadie debería sorprender el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues así como ellos se fueron denunciando el grosero intento del gobierno federal por utilizarlos para legitimar sus investigaciones, a estas alturas también queda claro que su participación en la investigación siempre tuvo un ánimo opositor, y no colaborativo, con la investigación. En esa circunstancia, es claro que como ambos intentaron utilizarse, lo más sano era pactar el retiro en las condiciones que ocurrieron… Salvo por el hecho de que el destino de los normalistas —lo más importante de todo— sigue siendo una incógnita.
En efecto, el domingo el GIEI entregó su informe final, en el que más que resultados y sugerencias a la investigación, lo que hubo fue un claro intento por seguir desvirtuando los resultados —parciales— de la investigación realizada hasta ahora por la Procuraduría General de la República. Insistieron, por ejemplo, en que se continúe la línea de investigación del llamado “quinto autobús”, o que se esclareciera por qué el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, estuvo en el sitio donde se encontraron restos óseos de los normalistas, un día antes de la fecha en que se consigna la primera diligencia en ese sitio, dentro del expediente ministerial.
Ese fue, de hecho, el último intento que parece haber hecho el GIEI para abonar al descrédito de la investigación. En ese marco, pareciera que sus conclusiones y sus recomendaciones a la investigación, no eran tan relevantes como el hecho de demostrar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está llevando a cabo una investigación deficiente, y que por tanto había que evidenciarla, descalificarla y, en general, exhibir al gobierno mexicano como encubridor de los verdaderos asesinos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Lo interesante —y grave— en este asunto, es que hay una contra cara muy evidente: meses después de ocurrida la detención-desaparición de los normalistas a manos de elementos de la Policía Municipal de Iguala y Cocula, en Guerrero, el gobierno federal sabía que a priori su investigación estaba descalificada, y que por eso estaba en la necesidad de buscar el apoyo de expertos internacionales que legitimaran su investigación.
Fue por eso que invitó, tanto al GIEI como al grupo de expertos argentinos en anatomía forense —que han sido reconocidos por haber llevado a cabo las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura militar en los años setentas y ochentas, en aquel país. En la credibilidad y el trabajo de ambos grupos, el gobierno federal pretendía soportar sus propias investigaciones para lograr que la sociedad mexicana le diera crédito a los resultados de sus indagatorias.
Lo que nunca se dijeron abiertamente —porque ambas fueron siempre intenciones aviesas— era que ambos buscaban otros objetivos, políticos, diversos de los estrictamente pactados en el convenio de colaboración que signaron para su participación en las indagatorias.
PRESIONES INTERNACIONALES
No es extraño, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos haya presionado tanto al gobierno mexicano para la aceptación de una jurisdicción internacional para investigar y sancionar ciertas prácticas. En otros momentos apuntamos en este espacio que, por ejemplo, había una presión internacional fuerte sobre el gobierno de México para que aceptara la conformación de una comisión investigadora de la ONU, coadyuvante del Ministerio Público y con autonomía para el ejercicio de la acción penal —similar a la que funciona en Guatemala— para indagar asuntos de corrupción. El tamaño de esa presión, y de la resistencia del gobierno mexicano, puede verse en el hecho de que en Guatemala, esa comisión anticorrupción de la ONU, fue la que llevó a prisión al presidente Otto Pérez Molina.
Por esa misma razón, parece poco exacto creer que en realidad el malo de la película —para el gobierno federal— en este asunto es el secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza. Quien quiso ver en él al supuesto artífice del empecinamiento del GIEI por oponerse a los resultados de la investigación del gobierno mexicano, en realidad le estaba dando una dimensión mucho mayor a lo que no deja de ser un chisme: que Álvarez Icaza es un conservador radical, que se fue de México enojado con el gobierno del presidente Peña Nieto, por haberle cerrado el camino en sus intenciones de ser presidente de la CNDH.
¿En dónde está el verdadero fondo? En el enojo del gobierno de Estados Unidos con el mexicano por su profunda incapacidad para combatir la corrupción y la impunidad. Esa molestia ya estaba antes de que ocurrieran las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, y por eso ha sido insistente en la necesidad de que ocurra una intervención internacional a ciertas áreas del gobierno —procuración de justicia, combate a la corrupción, abatimiento de la impunidad, violaciones a derechos humanos, por ejemplo— para abatir la inercia que hasta ahora persiste en esos temas.
¿Y LOS DESAPARECIDOS?
Por eso, si al final el gobierno pretendía utilizar al GIEI para sus intereses particulares —legitimar su investigación—, el GIEI venía buscando presionar al gobierno y no necesariamente coadyuvar con la investigación. Lo único que sigue pendiente —nada menos— es saber qué pasó con los normalistas.
