El gobierno federal ahora sí ahoga a la Sección 22

Aciel

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La detención de Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de la Sección 22 del SNTE, tiene una importancia particular porque con ello el gobierno federal busca desmovilizar a la base radical del magisterio democrático cortándole sus fuentes periféricas de financiamiento. Si en junio del año pasado, la SEP anunció que le había congelado a la 22 las cuentas en las que se les depositaban las cuotas de los trabajadores, con la detención de este individuo buscan profundizar el golpe financiero para luego endurecer las acciones relacionadas con la aplicación de una segunda evaluación a los docentes.

En efecto, la semana pasada se anunció la detención de Sibaja Mendoza, acusado de la comisión de delitos relacionados con el manejo de varias cuentas bancarias personales, pero que guardaban relación con la Sección 22 del SNTE, además de otros delitos del orden común como tentativa de homicidio, robo y daños, todos relacionados con diversas manifestaciones sindicales que terminaron en disturbios. Aunque éstas últimas acusaciones revisten cierta importancia por dar la apariencia de que el gobierno estatal por fin le están fincando responsabilidades a los trabajadores de la educación por sus excesos, en realidad las que tienen mucho fondo son las relacionadas con el manejo de sus cuentas bancarias. ¿Por qué?

Porque, de entrada, todo lo que tiene que ver con cuestiones fiscales, es del orden federal y ahí el gobierno de la República tiene amplia ventaja prácticamente frente a cualquier persona física o moral. En ese sentido, a Sibaja Mendoza se le acusó de recibir ilegalmente recursos que le transferían varias empresas que tenían convenio con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para venderle a los trabajadores de la educación electrodomésticos y otros productos a crédito, además de otras que les ofrecían préstamos con descuentos vía nómina.

Lo que utilizó el gobierno federal como mecanismo de acusación política son los supuestos porcentajes (o “moches”) que dichas empresas le entregaban a la Sección 22 como supuesto beneficio extraordinario por sus gestiones, pero que también podría ser algún tipo de equiparación al cobro del “derecho de piso” por permitirles hacer negocios con sus trabajadores. Lo interesante es que junto a la exhibida que el gobierno federal intentó hacer de los negocios de la 22 a costillas de sus trabajadores, se encuentra la maniobra de congelamiento no sólo de esas cuentas, sino también de la inmovilización de quien podría ser el titular de otras cuentas a través de las cuales el sindicato magisterial podría seguirse nutriendo de recursos, una vez que el gobierno federal le requisó las cuentas de las cuotas de los trabajadores.

En esa lógica, nada podría ser más simple: al haber millonarios ingresos no soportados por ningún mecanismo fiscal, el gobierno federal vía el SAT le habría fincado a Sibaja Mendoza delitos especiales como el de defraudación fiscal, pero además otros como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de los que tienen relación de la llamada ley contra el lavado de dinero. ¿La razón? En todos los casos, recibir recursos cuya procedencia no se declara, para luego realizar con esos recursos operaciones “sensibles” que despiertan la atención de las autoridades tributarias para fincar nuevas responsabilidades penales.

DESMOVILIZAR

Evidentemente, todo parece tener una razón: ahogar a la Sección 22. En junio del año pasado les cortaron su fuente de financiamiento formal, y a la par de ello le congelaron su salario a todos los trabajadores que se encuentran comisionados a labores sindicales. Si ese fue el primer paso, el siguiente era cortarle las fuentes de recursos extraordinarios para que la dirigencia tuviera menos capacidad de movilización.

Por ello resultaba neurálgico ir en contra del encargado de las finanzas de la Sección 22, porque a través de ello le generarían un nuevo foco de presión a la dirigencia sindical y le cambiarían, una vez más, sus exigencias al gobierno estatal y federal, y sus eventuales variables de negociación en el caso de que lograran entablar algún tipo de mesa de diálogo con cualquiera de los dos ámbitos de gobierno.

En el fondo, todo esto parece el preámbulo para una medida de la que aún se ha hablado poco pero que ya no tarda mucho en anunciarse: la implementación de una nueva jornada de evaluación a trabajadores de la educación en la entidad. En otras entidades, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tratado de implementar medidas de boicot a las evaluaciones. Pero en el caso de Oaxaca, intentan que los maestros aún identificados con las causas de la Sección 22 sigan desgastándose en la exigencia de otras cuestiones, y que además sigan resintiendo los efectos del ahogamiento de sus más importantes fuentes de financiamiento.

IEEPO ¿COMPLEMENTO?

Finalmente esa parece ser la lógica de todas estas acciones que no tienen nada de fortuitas. El IEEPO ha fungido como complemento a las acciones que ha emprendido la SEP, aunque no de la forma esperada. Por ejemplo, ha seguido sin pronunciarse respecto a cuestiones como la existencia y validez de la Sección 59, y otras cuestiones que le interesaban sobremanera a la Sección 22. Parece que al privilegiar el bajo perfil, el IEEPO está renunciando a la posibilidad de seguir defendiendo la importancia de lo que le queda como parte de la autoridad educativa, para sólo reducirse a ser una abultada oficialía de partes.