SNTE

AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad.

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes.

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales.

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados.

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22.

TOMAN DISTANCIA

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello.

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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Elba Esther: su extraña conexión con Oaxaca

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La boda de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, vino a revivir varios fantasmas que históricamente la han conectado con Oaxaca. Ella, que fue referente del viejo corporativismo priista, y que luego tejió alianzas con los gobiernos de la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República, ha tenido una larga aversión con algunos de los factores políticos oaxaqueños determinantes, que durante varios lustros la colocaron —según ellos— en la posición de ‘persona non grata’ en la entidad. A contrapelo de ello, la semana pasada vino a casarse a Oaxaca, y con ello a corroborar que aunque esos fantasmas siguen ahí, hoy no son más que reminiscencias de un pasado que, según parece, ya no la persigue.

En efecto, la semana pasada la maestra Gordillo contrajo matrimonio en la capital oaxaqueña con un joven abogado originario del vecino estado de Guerrero. Desde semanas antes se supo que la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación planeaba realizar aquí su boda, y desde días antes se supieron detalles de dónde se realizaría la recepción, quiénes serían algunos de los invitados, e incluso circularon imágenes de la invitación y los requerimientos sanitarios que se solicitaron a las personas que asistirían a dicho evento.

Llamaba la atención, desde el primer momento, que la maestra Gordillo hubiera elegido Oaxaca para un evento de esa naturaleza. Pues si bien es cierto que por su majestuosidad y tradiciones la capital oaxaqueña es uno de los llamados destinos de boda predilectos de las élites sociales en México, y que es también un lugar muy solicitado por extranjeros para venir a realizar eventos de esa naturaleza, también es claro que para alguien como la ex lideresa magisterial en otro tiempo este no habría sido su primera opción para un evento social. Las razones, evidentemente, no habrían sido sociales ni económicas, sino claramente políticas. ¿Por qué?

Porque la maestra ha tenido adversarios históricos relacionados con Oaxaca. Uno de ellos es la Sección 22, históricamente cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —corriente política disidente al SNTE que ella encabezó por más de dos décadas—, que en la región sureste del país se colocó como la principal facción opositora al corporativismo sindical que primero ejerció la maestra Gordillo a favor del PRI, y que luego también rechazó los acuerdos cupulares que desde el SNTE se tejieron con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón para impulsar proyectos como la Alianza por la Calidad en la Educación, que fueron los primeros intentos por establecer mecanismos de evaluación a los trabajadores de la educación en México.

De hecho, durante décadas la profesora Gordillo fue repudiada en Oaxaca por la Sección 22, que la acusaba de ser la representación del llamado charrismo sindical y la principal orquestadora de los actos de hostigamiento en contra del llamado “magisterio democrático” oaxaqueño. Y, de hecho, uno de los catalizadores del conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca fue sembrado directamente desde la dirigencia nacional del SNTE, con la creación deliberada e intencionada de la ahora prácticamente extinta Sección 59 no sólo para plantarse frente a la Sección 22, sino también a los adversarios históricos priistas de la profesora Gordillo, también asentados en Oaxaca.

LA BODA, SIN CONTRATIEMPOS

La profesora Gordillo se casó el pasado sábado en Oaxaca sin contratiempos. Una pequeña facción de la Sección 22 fue a salvar el honor del magisterio democrático, y realizaron una jornada de lucha pactada y actuada. Un puñado de personas, al que la misma Sección 22 no puede identificar como sus agremiados, fue a causar destrozos a un pequeño espacio del Jardín Etnobotánico del ex Convento de Santo Domingo de Guzmán donde aparentemente se realizaría el enlace matrimonial de la profesora Gordillo. No hubo protestas ni boicot antes o después del evento. Así, la manifestación fue una pequeña lavada de cara para el magisterio frente a lo que en realidad le permitieron a la maestra Gordillo.

Ella, en el fondo, se rio en la cara de la Sección 22. Dos días después de realizar su fiesta, la maestra Gordillo le dijo al periodista Ciro Gómez Leyva “…tratamos de ser lo más cuidadosos en cuanto a los invitados y llegaron a hacer esto (los integrantes de la 22) queriéndonos intimidar y dejarme intimidar es una forma que yo había tenido como forma de vida, y se realizó la boda, una boda muy alegre, muy amorosa, muy convencida, muy llena de calor humano y finalmente nos casamos pero lo curioso es que el día viernes nos casamos frente a la iglesia de San Agustín por lo civil a media calle, de la sección 22 y no pasó nada”. Es decir, que en realidad La Maestra hizo su boda formal en las narices de la 22 sin que, sustantivamente, algo ocurriera.

Luego, la profesora Gordillo hizo otra referencia a sus adversarios históricos. En la misma entrevista, responsabilizó de la protesta realizada por “seudomaestros” al exgobernador José Murat. Y es que, si a alguien tenía que echarle la culpa la maestra, aunque fuera un round de sombra para mantener las formas, era a un personaje priista.

Pues en sus viejos antecedentes como militante del PRI, la maestra fue expulsada de la Secretaría General del CEN, y del partido, por la alianza que a principios de la década antepasada tejió el priismo oaxaqueño con el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado para quedarse con la candidatura presidencial en 2006. La referencia al exmandatario en realidad fue un golpe colateral, porque a quien seguramente le habría gustado más responsabilizar la maestra Gordillo es al exgobernador Ulises Ruiz, que fue quien directamente la confrontó en sus tiempos como Gobernador, y a quien le cayó en las manos el incendio que provocó el conflicto magisterial de 2006, en buena medida azuzado por la creación de la Sección 59 para provocar a la 22 y darle más motivos para salir a las calles.

Al final, el cruce de señalamientos y acusaciones, e incluso la dizque protesta que realizaron integrantes de la 22 previo a la fiesta que realizó la profesora Gordillo en Oaxaca, fueron parte de un esquema perfectamente calculado. Ella pudo haberse casado donde le diera la gana, en México o en el extranjero. Le sobran recursos económicos y relaciones políticas para hacerlo. Pero lo hizo aquí, con el mensaje político de consumar un acto frente a todos; a pesar de todos; y con la venia de todos.

De habérselo propuesto, la Sección 22 le pudo haber hecho la vida —y la fiesta— imposible a la profesora durante su estancia en Oaxaca. Le sobran agremiados iracundos, y dispuestos a dedicar el día y la noche a hacer lo que sea con tal de cumplir con las instrucciones sindicales. No lo hicieron, y por eso la Maestra se les casó a media cuadra del llamado “edificio histórico” de la Sección 22, ubicado en la calle de Armenta y López, sin que nadie hiciera aspavientos.

Y finalmente el gobierno pudo haber dejado sola a la profesora, y tampoco lo hizo. Pues en el fondo todos están cuidando las formas, pero sobre todo sus relaciones políticas con el régimen federal morenista. Aunque todos hicieron lo necesario para mantener la dignidad, lo cierto es que nadie quiere poner en riesgo la gracia de su aliado en común, gracias al que de una u otra forma todos están en posiciones de privilegio. Al final todos convergen en el lopezobradorismo que tiene a la Maestra libre, a la Sección 22 en el privilegio salarial y político, y a Oaxaca como uno de los principales receptores de las inversiones federales en infraestructura.

EPITAFIO

Con respecto al entorno de violencia en que sobrevive el gremio periodístico oaxaqueño, la vocería del Ejecutivo llevan a pie juntillas las instrucciones de ese pequeño manual de cómo agravar un problema intentando resolverlo. Pero ya es tarde para querer aprender. Y tampoco han tenido muchas ganas de hacerlo. En fin…

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La CNTE abre su juego: fustigando los foros, va por la derogación —sin diálogo— de la reforma educativa

Un abrazo fraterno a mi colega y amiga Carolina Espina, ante el fallecimiento de su señor padre. Respetuosamente.

Hoy queda claro que Andrés Manuel López Obrador no necesitaba ni al SNTE ni a la CNTE para ganar la elección presidencial, pero que se rodeó de ellos —a pesar de que son el agua y el aceite— para afianzar el consenso social que ya tenía a su favor. Lo hizo aduciendo la derogación de la reforma educativa. El problema es que no es lo mismo ser oposición que gobierno, y por eso hoy —que todavía no llega al poder, pero que ya cogobierna fácticamente con la administración federal saliente— cuando intenta dialogar con sus aliados electorales, está recibiendo sus primeras dosis de realidad. La reacción violenta de la CNTE en Guerrero no es sino preámbulo —anunciado— del enorme problema al que se enfrentará por el destino de la reforma educativa.

En efecto, el pasado domingo uno de los foros convocados por el Presidente Electo para recabar propuestas y definir la nueva política educativa del país, fue cancelado luego de que un grupo magisterial irrumpiera y se desataran hechos violentos, agresiones con sillas y otros objetos, en un centro de convenciones de Acapulco.

Maestros de la CETEG —organismo espejo de la CNTE en aquella entidad—, marcharon y llegaron al recinto, acusando que ahí había integrantes del “charrismo sindical”, que aprobaron la reforma educativa; esto, en referencia a maestros del SNTE. Los de la CETEG quitaron vallas, subieron al templete, y lanzaron gritos en contra del SNTE y la exdirigente Elba Esther Gordillo; en respuesta, maestros de la sección 14, comenzaron a corear el nombre de su organización, y de ahí pasaron a los insultos y luego a los golpes, por lo que dicho foro fue cancelado.

Para muchos esta fue una reacción inusitada. En la interpretación lineal, se pensaba que al haber una promesa y un eje discursivo concreto y aceptado —la cancelación de la reforma educativa— por los simpatizantes magisteriales de Morena tanto en la CNTE como en el SNTE, lo único que debían hacer es construir juntos las rutas para llegar a ese resultado, y luego establecer los mecanismos y las reglas bajo las cuales se va a regir el magisterio nacional luego de quedar cancelada la reforma educativa.

El problema es que nadie en Morena vio —porque no quiso ver— que el diálogo y la concertación entre las dos facciones magisteriales es imposible, y que sus diferencias son históricas. No había forma de prever entendimiento cuando las discordancias de la CNTE y la SNTE no tienen su origen en la reforma educativa y, acaso, ésta no ha sido más que una simple coyuntura de coincidencias.

De hecho, ayer el portal Diálogos Oaxaca reportaba que a pesar de que Oaxaca es de una las entidades dominadas por la CNTE, es de las que menos propuestas ha aportado a la plataforma de la consulta educativa denominada “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación”, que promueve el gobierno electo de López Obrador. Hasta la fecha, indica la información, se han subido 48 mil 171 ideas a la página “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación” que, junto con los foros que se realizan en el país desde el 27 de agosto, tiene como objetivo la construcción de la política educativa que implementará el próximo Gobierno federal. Del total, Oaxaca registra sólo 50 propuestas, es decir el 0.1 por ciento, en el portal en las cuatro categorías: educación básica, educación media superior, educación superior y otros servicios educativos.

¿Cuál es la razón? La misma nota lo aclara: la Sección 22 acordó realizar un Congreso Político para integrar sus propuestas en la materia y remitirlas de forma directa al Gobierno electo y no a través de los foros organizados por el futuro titular de la SEP, Esteban Moctezuma. “El mecanismo no es exactamente los foros. En los foros lo que hemos ido a manifestar es nuestro posicionamiento político, sobre todo, sobre las consecuencias o los desastres que ha dejado la reforma educativa”, señala la nota, al tiempo de establecer que la disidencia considera que los foros impulsados por Moctezuma son insuficientes, pues una consulta tiene que abarcar la totalidad de los maestros, no sólo los que puedan llegar a los encuentros o registren sus propuestas en la plataforma.

Es decir, que para ellos los foros educativos ni son un mecanismo constructivo, ni son relevantes.

HOY, IGUAL QUE SIEMPRE, IRÁN POR TODO

La postura actual de la Sección 22 en Oaxaca, y de la CETEG en Guerrero —ambos, referentes de la CNTE— eran previsibles. Aquí escribimos el 4 de abril: “Si AMLO se convierte en Presidente, la Coordinadora y la Sección 22 no esperarán a que manifieste voluntad por la derogación de la reforma educativa, sino que desde el primer día de su gestión —y quizá desde antes, porque el cambio de la Legislatura federal ocurrirá desde el mes de septiembre, y posiblemente Morena llegue a tener mayoría— comenzarán a exigirle el cumplimiento de su palabra a través no de las vías institucionales, o las que llegara a plantear AMLO para lograrlo, sino como ellos mismos lo quisieran en forma y fondo.

‘¿Qué querría la CNTE y la Sección 22?’, nos preguntábamos en aquel entonces. Y la respuesta hoy, cobra puntual sentido: “Querrían lo que han dicho, como forma de derogación: es decir, la emisión de un decreto presidencial que deje sin efecto la reforma educativa. Pero además, como fondo del planteamiento, ellos asumirán la postura de que no quieren la reforma actual —por eso piden su derogación—, pero que además tampoco aceptarán cualquier otra forma de evaluación de la educación pública, que no sea las que ellos mismos establezcan.”

Esto es exactamente lo que estamos viendo: grupos políticos que están de acuerdo en la meta inicial (la derogación de la reforma educativa), pero que no están dispuestos a aceptar consensos y tampoco a negociar sus posturas. Ellos no quieren diálogo con el SNTE ni con el gobierno, siempre que uno u otro no estén dispuestos a plegarse a sus consideraciones. Por eso, el foro educativo que se supone que fue creado para recabar propuestas y construir la vía alternativa, para la CNTE no es sino un espacio de denuncia política en el que no caben las propuestas, porque éstas deben emanar de un proceso distinto en el que sólo ellos pueden dictar las condiciones.

DESTINO: EL CAOS

Evidentemente, ni el gobierno de López Obrador ni el SNTE querrán plegarse a las condiciones, o a la visión educativa o política de la CNTE. Unos y otros conocen el valor de sus respectivas porciones de legitimidad. Y por eso, la reforma educativa no parece tener otro derrotero que el del caos, la confrontación y la reiteración de escenarios violentos como el que vimos hace algunos días en Acapulco; o acciones legislativas impulsadas por los diputados federales de la CNTE, que más allá de su planteamiento político no son sino una invitación velada para que las autoridades de la SEP —las actuales y las próximas, obligadas a cumplir y hacer cumplir, mientras viva la actual legislación educativa— violen la ley.

Estado-magisterio: discusión sobre la reforma educativa, ¿comenzará a correr en carriles distintos?

Con la instalación de la LXIV Legislatura federal comenzó a correr la cuenta regresiva para conocer tanto el destino de la reforma educativa actual, como las nuevas directrices que marcarán el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y los grupos a los que están consultando, para sustituir la actual reforma por un proceso de evaluación distinto al actual. Aunque la consulta y los foros educativos están en proceso, el espacio vacío que está dejando la incógnita sobre el destino de la reforma educativa del gobierno saliente, ha comenzado a generar rutas distintas en los derroteros posibles, que muy probablemente terminen enrareciendo —o descarrilando— la posibilidad de una segunda reforma educativa aprobada y aceptada en consenso.

En efecto, desde hace algunos días comenzó la realización de los foros relacionados con la realidad educativa. Dichos foros, fueron convocados por el Presidente Electo para definir el rumbo de la política educativa del próximo sexenio que sustituirá a la reforma educativa. “El propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio”, dijo el propio López Obrador, cuando habilitó una página web (http://porunacuerdoeducativo.com) en la que se establece que cualquier persona puede subir su propuesta sobre qué camino debe de tomar la siguiente reforma educativa, que será tomada en cuenta.

Según la convocatoria a dichos encuentros de discusión sobre el futuro de la educación en el país —uno de esos foros nacionales se realizará en las instalaciones de la UABJO, en Oaxaca—, esto ocurre por el compromiso de construir una verdadera transformación educativa, y argumentan que para ello es necesaria la participación de la sociedad; para escuchar ideas y propuestas para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, gratuito y plural”. Estos foros son organizados por el equipo de transición en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; serán en total 32 (uno por estado) y se prolongarán hasta el 29 de octubre.

Esos foros han tenido el contenido esperado. Por ejemplo, según información del encuentro celebrado hace algunos días en Puebla, se dijo que los participantes –trabajadores de la educación— plantearon al próximo Titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación, homologación de pagos para los docentes de los estados y evaluación apoyada por capacitación. Éste prometió que en la próxima administración federal habrá apertura a la participación social y no habrá más reformas educativas sin diálogo de todos los involucrados: maestros, tutores, alumnos y expertos.

De acuerdo con la información, Moctezuma Barragán también dijo que otras cuestiones que planea hacer la próxima administración, son un plan educativo incluyente, fortalecer las Escuelas Normales y la Universidad Pedagógica Nacional, revalorar al magisterio y respetar su autonomía, proveer de alimentos a las escuelas de educación básica marginadas, suspender cuotas para mantenimiento de las escuelas, garantizar que estudiantes no sean rechazados de las universidades públicas, brindar becas a estudiantes de nivel medio superior y superior de escasos recursos, entre otras estrategias.

CAMINOS DISTINTOS

Lo hemos apuntado aquí, y es algo bastante claro: tanto el SNTE, como su expresión interna disidente, la CNTE, tienen un consenso claro respecto a qué se debe eliminar de la reforma educativa. Ambos sectores coinciden en que el problema central se encuentra en la evaluación al personal docente, y concretamente en el hecho de que la consecuencia de esa evaluación pueda llegar a ser el cese del trabajador cuando repruebe cierto número de evaluaciones en forma consecutiva.

A pesar de que parece haber cierta claridad en ese sentido, lo cierto es que la disipación que existe respecto al tono y las propuestas que se están socializando en los foros educativos —que hasta ahora no han dejado ver que el gobierno electo tenga un derrotero y una propuesta definidos para socializar con los sectores a los que se les está consultando, y que más bien parece que los foros serían una especie de “buzón de quejas y sugerencias” pero con formato de encuentro de la sociedad— en cualquier momento puede motivar que la radicalización de las posiciones, o de las “propuestas alternas”, marque un rumbo distinto al posible para la evolución de esa reforma.

Pues, tal y como lo hemos apuntado, lo único que no podrá ocurrir es la cancelación lisa y llana de la reforma actual, pero sin la sustitución de otra redacción que garantice constitucionalmente el derecho a la educación de calidad que ya tienen los niños y jóvenes mexicanos que se instruyen en escuelas gubernamentales.

En esa lógica, vale la pena repensar las posturas que han mantenido tanto el SNTE, como la CNTE, respecto a la “reforma de la reforma” en materia educativa, y los riesgos que implican las posiciones radicalizantes que eventualmente podrían tomarse en el camino rumbo a la modificación de la Constitución federal y las leyes que actualmente rigen la evaluación educativa.

A este respecto se ha referido el investigador en temas educativos Carlos Ornelas, quien recientemente apuntaba en Excélsior (https://bit.ly/2oyFBoy) lo siguiente: “parece que los militantes de la CNTE, que alguna vez estuvieron enojados con el presidente electo hoy le dan el sí, pero con ciertas condiciones. En el otro lado, sin quedarse atrás, el SNTE también quiere que se olviden sus mohínas y regresará al carril de subordinación corporativa ante el nuevo jefe; claro, con algún provecho.

En este punto es donde radica el peligro de que una discusión, aparentemente consensada sobre la eliminación de los efectos de la evaluación docente, se desvíe a otros temas que no podrían establecerse en la ley. Pues Ornelas apunta las exigencias de la CNTE: “Líderes representantes de varias facciones de la CNTE se reunieron en la Cuidad de México el sábado 25 de agosto. Tras horas de discusión, acordaron desplegar un “Manifiesto a la Nación”, en el que exigen al Presidente electo: 1) abrogar la matriz constitucional de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias; 2) desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 3) eliminar al Servicio Profesional Docente; 4) desechar el Nuevo Modelo Educativo; 5) frenar la Reforma en Normales; 6) acabar con la autonomía de gestión; 7) prescindir del Sistema nacional de información y gestión educativa; 8) desmantelar al Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo y regresar el control de la nómina a los estados; 9) finiquitar los programas de Escuelas al Centro, Escuelas al CIEN y Escuelas de Tiempo Completo; y, 10) que el próximo gobierno federal repare los daños, resuelva las consecuencias y costos provocados por la aplicación de la ley educativa.

DISCUSIÓN SIN VÍAS POSIBLES

El SNTE, por su parte, sostiene un conjunto de propuestas abstractas que más bien parecen encaminadas a que el nuevo régimen les permita seguir siendo el sindicato cogobernante que siempre han sido. Lo que preocupa, en el fondo, es la inconsistencia del gobierno electo, que no deja claro hacia dónde se pretende conducir la discusión. Ello permitirá la apertura de carriles paralelos en los que esta discusión podría terminar en las fauces del radicalismo o el detrimento de los derechos de quienes sí merecen —independientemente de cómo— educación de calidad en las escuelas de gobierno.

Elba Esther y CNTE, del brazo de AMLO: la ruptura en el SNTE los convertirán en aliados

El mismo día que Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia como Presidente Electo de México, la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo fue exonerada de todos los delitos federales que se le habían imputado, y por los que estuvo cinco años presa. Luego, el mismo día en que López Obrador dijo, en presencia del presidente Enrique Peña Nieto, que al iniciar su gobierno cancelaría la reforma educativa actual, la maestra Gordillo apareció en un acto público, por primera vez desde su exoneración, para decir que al ser ella liberada la reforma educativa “se había derrumbado”. ¿Qué escenarios se prevén en este anunciado ajuste de cuentas relacionado con el SNTE, la reforma educativa, AMLO, la CNTE y la maestra Gordillo?

En efecto, hoy parece quedar claro el escenario en el que parece haber un consenso a favor de eliminar no la reforma educativa, sino las consecuencias de la evaluación docente. Al mismo tiempo, la liberación y ruidosa reaparición pública de la maestra Gordillo parece anunciar un reacomodo importante en el SNTE, a partir del aval dado por el Presidente Electo para que ella pueda continuar “ejerciendo sus derechos” como ciudadana, aunque negando que ella pudiera integrarse a su equipo de trabajo. En el telón de todo esto se encuentra la nada casual pasividad mostrada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, frente a estos importantes movimientos y mensajes enviados desde y hacia las más altas esferas del sector educativo nacional. ¿Qué ocurre?

Con respecto a la evaluación, algunos de los argumentos que ahora cobrarán fuerza para eliminar las sanciones, y reorientar el rumbo de la reforma educativa, ya los habíamos reseñado en este espacio desde el mes de abril pasado.

En aquel tiempo, apuntamos: “Existe una especie de coincidencia disimulada entre diversas expresiones magisteriales, respecto a la evaluación docente. Esa coincidencia, hasta ahora poco vista, apunta al hecho de que la evaluación fue confeccionada por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, sin considerar que son muchos factores sociales los que influyen en el aprovechamiento de los niños que reciben educación pública, y que al mismo tiempo de implementar procesos de evaluación, era necesario también impulsar mecanismos de regularización para los trabajadores de la educación en todo el país.

“Esto parece algo menos complejo de lo que es. Según esa visión, para lograr resultados verdaderamente aceptables en una evaluación docente es necesario que existan las condiciones mínimas de aprovechamiento para todos los niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas. Ello, dicen, no sólo implica que puedan acceder a clases todos los días, sino también que cuenten con alimentación mínima, un entorno familiar y comunitario seguro, y una infraestructura educativa que les permita cubrir sus necesidades básicas.

“El problema, señalan, es que a lo largo y ancho del país hay miles de escuelas que no tienen ni la infraestructura indispensable. Es decir, no tienen pisos de cemento firme, no tienen muros y techos sólidos, no tienen agua potable, energía eléctrica, drenaje, sanitarios y áreas mínimas de esparcimiento. Si muchas escuelas del país no tienen eso, muchas más no cuentan con lo necesario para potenciar el aprovechamiento de los educandos a través de materiales educativos, tecnología, e incluso los libros y los materiales que son indispensables para las actividades cotidianas.

“Si todo eso está del lado social, también reconocen que el Estado debería considerar más las condiciones en que se ha formado el magisterio desde hace años. En las escuelas normales del país se han anidado vicios que hoy impactan en la preparación mínima de los maestros. Por esa razón, no todos los profesores del país son capaces de aprobar dignamente la evaluación, y a muchos de ellos ni siquiera les son suficientes los cursos de actualización que se les ofrecen para poder superar una primera calificación reprobatoria.

“En el fondo, sostienen, es positivo que el Estado quiera evaluar la calidad de la educación. Pero debería hacerlo no en un escenario fantasioso, sino considerando la realidad de la educación en el país. Esa realidad debe considerar que hay millones de niños que llegan a la escuela con hambre; que las condiciones en las que reciben instrucción son inadecuadas, riesgosas e insalubres, y que los profesores —no todos, pero sí muchos— tienen también deficiencias estructurales en su formación como docentes, que primero deben ser corregidas antes que evaluadas.” (Al Margen 24.04.2018).

ESCISIÓN MAGISTERIAL

Quién sabe si Elba Esther Gordillo vaya por el SNTE o tenga objetivos más ambiciosos. Le declaró la guerra a los traidores, pero las circunstancias la ponen en una posición más cercana a la CNTE, que a la estructura formal del sindicato que antiguamente presidió. Esa línea parecía también ya trazada desde meses antes del día de la elección presidencial, y era ya también independiente del triunfo o derrota de López Obrador en las urnas. De haber perdido la elección el tabasqueño, el escenario sería más complicado; pero siendo ya Presidente Electo las cosas parecen clarificarse.

Al respecto hubo también señalamientos oportunos. El 11 de junio —tres semanas antes de la jornada electoral— apuntamos en este espacio: “Lo más grave es que todo esto podría no terminar el 1 de julio. No hay razones para suponer, ni en lo lineal ni en la interpretación política que ellos mismos hacen de las acciones presentes, que el magisterio detenga sus actos de hostigamiento. Gane o pierda Andrés Manuel López Obrador la elección presidencial, ellos tienen ya delineada una agenda política para los meses siguientes en donde está incluida la presión para la abrogación de la reforma educativa y, posiblemente, la formación de un nuevo movimiento sindical producto del cisma nacional que parece irremediable en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.”

El cisma (casi) irremediable vendrá a partir del ajuste de cuentas que debe estar preparando la maestra Gordillo al interior del SNTE, con el aval del nuevo régimen. Ello podría provocar, o una ruptura al interior del Sindicato por el control de su dirigencia, o una escisión de agremiados para la formación de una nueva agrupación sindical. Junto a ello, vendrá una nueva discusión —política, ideológica y de rumbo gremial— sobre qué tipo de reforma educativa se pretende, a partir de la cancelación de la actual, a manos de López Obrador.

Evidentemente, la CNTE pujará por el reconocimiento —nacional, incluso— de su Plan para la Transformación de la Educación (PTEO, como es conocido en Oaxaca); el magisterio aliado a Elba Esther irá por su propia versión de una nueva reforma. Al final, todos se sentirán ganadores —al menos parcialmente— cuando se derogue la disposición que establece que la sanción por reprobar las evaluaciones, sea la destitución del trabajador docente. Una vez logrado eso, tendrán que ir a definir si el rumbo nacional del magisterio se cristaliza en la formación de una nueva organización, ya que en las circunstancias actuales esto parece también algo posible.

Reforma educativa y gobernabilidad: ¿qué debemos esperar para después del 1D?

La —en apariencia— sorpresiva exoneración de la ex lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, ha sido vista desde la perspectiva de la derrota que esto significa para la administración del presidente Enrique Peña Nieto y su reforma educativa, aunque en realidad parece que ha sido poco dimensionada desde la perspectiva del futuro de la evaluación docente y de la gobernabilidad que, en buena medida, se encuentra en las manos del magisterio nacional. El nuevo régimen parece aglutinar a los dos polos magisteriales, aunque hasta ahora no ha quedado claro hacia dónde irá el cambio que parece inminente en la relación maestros-Estado respecto no a la evaluación, sino a sus consecuencias.

En efecto, parece estar lejos de ser una coincidencia el hecho de que la maestra Gordillo anunciara su exoneración de todos los procesos judiciales que se le iniciaron hace cinco años y medio para mantenerla en prisión, el mismo día en que Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia que lo acredita como Presidente Electo del país. La lectura política inmediata, apuntó a que La Maestra habría sido parte del proceso de distensión entre los dos regímenes, una vez que vencedores y derrotados admitieran constitucionalmente —a través de la declaratoria del Tribunal Electoral— el resultado electoral y el cambio de rumbo del país, en el que pareciera que ocurrirán muchas cosas, menos una persecución judicial o política entre los presidentes saliente y entrante.

Más allá de eso, lo que queda claro es que de nueva cuenta la profesora Gordillo estableció coordenadas de negociación política desde prisión desde antes de los tiempos de campaña, y que una vez más son los resultados electorales los que influyen en la situación que la determina. La maestra Gordillo fue a prisión a partir de su oposición a ciertas disposiciones de la reforma educativa, que tenían que ver no necesariamente con el proceso de evaluación, sino con las consecuencias de dicho proceso, las cuales apuntan, en casos específicos, a que el trabajador de la educación —adherido al SNTE, por definición, y quizá también identificado con la CNTE— pueda llegar a perder su empleo al no aprobar cierto número de evaluaciones de manera consecutiva.

De hecho, así lo señalaba el periodista Roberto Rock en su columna Retrato Hereje, de El Universal, el pasado 12 de agosto: “Los testimonios recogidos coinciden en que la lideresa Gordillo se opuso centralmente a que un profesor pudiera ser removido de su puesto en caso de no ser aprobado en las evaluaciones determinadas por la autoridad. El riesgo sobre la permanencia de los mentores (como se describe en la normatividad aprobada ese 2013), no las evaluaciones mismas, fue lo que desató lo que vendría después.”

Lo que vino después fue la cárcel para la maestra Gordillo, y la reforma educativa, a la que los enemigos históricos también se opusieron paradójicamente a partir del mismo argumento. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, movimiento disidente del SNTE con amplia presencia en el sureste del país, calificó a la reforma educativa como punitiva, y denunció que en realidad esa era una reforma laboral y administrativa disfrazada de educativa.

De hecho, la Coordinadora rechazó tajantemente la evaluación docente y sus consecuencias, y ese fue el pivote de la alianza que luego trabaron con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que quién sabe si para ganar adeptos, o por una convicción en concreto, también se declaró en contra de la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución federal y desde hace años anunció que, de ganar la elección presidencial, abrogaría la reforma educativa.

POCAS LUCES

Hasta el momento ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni la Coordinadora, han dado luces en concreto sobre qué harán para lograr el cumplimiento de la promesa de campaña de López Obrador, ahora que se prepara para convertirse en Presidente y que está respaldado por una amplísima mayoría legislativa tanto en el ámbito federal, como en la mayoría de las entidades federativas.

El ahora Presidente Electo también ha sido escueto en sus dichos sobre este tema, al decir que derogará el texto constitucional relacionado con la reforma, pero estableciendo la salvedad de que mantendrá sus funciones el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que, de hecho, es el órgano constitucionalmente autónomo que se encarga de aplicar la evaluación docente y de establecer los criterios de estímulo o sanción para los profesores del país, a partir de los resultados de sus valoraciones.

En esta perspectiva, antes de la elección se preveía un escenario más complejo: hasta pocos días antes de la elección del 1 de julio, parecía clara la victoria de López Obrador en la carrera por la Presidencia, pero no se preveía que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional fuera a obtener la victoria legislativa que finalmente consiguió. En dicho escenario inicial, lo que era previsible —y quizá por eso así lo dijo el ahora Presidente Electo— es que el Ejecutivo federal enviara al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que contuviera su promesa de intentar derogar las disposiciones señaladas, pero que la pluralidad legislativa —y el proceso rígido para reformar la Constitución, establecido en su artículo 135— dificultara el proceso de conseguirlo.

En aquel momento, particularmente la respuesta de la CNTE, que al parecer tampoco estaba segura de un resultado holgado a favor de Morena en las elecciones legislativas, fue exigirle a Andrés Manuel López Obrador que cumpliera su promesa a los maestros del sureste del país, y que ya siendo Presidente emitiera un decreto derogatorio de la reforma educativa, a pesar de ser claro que esa acción sería no sólo inconstitucional sino el inicio de una abierta crisis constitucional, por la intromisión del Ejecutivo en la estabilidad y solidez de las disposiciones constitucionales.

Fuera de eso, hasta ahora hay dos cuestiones que siguen siendo una incógnita: una, es la postura que asumirá el SNTE frente al futuro de la reforma educativa y el nuevo Presidente, ahora que la maestra Gordillo —su indiscutible lideresa moral— está en libertad; y qué proyecto tendrá López Obrador respecto a este asunto, que dentro de no mucho tiempo comenzará a ser prioritario para su gobierno por ser un elemento de gobernabilidad importante.

FUTURO INCIERTO

Hasta ahora, ha dejado ver que su prioridad será la procuración de justicia y la reconfiguración del esquema de seguridad pública federal, y por eso hasta pidió a su antecesor el envío al Congreso de sendas iniciativas sobre esos temas, con calidad de preferentes. Lo cierto es que a partir del 1 de diciembre, AMLO tendrá que hacer algo para dar luces sobre el cumplimiento de su promesa. De no hacerlo, tendrá al CNTE y a la SNTE en las calles exigiendo que cumpla con el punto central de dejar subsistente, si quiere, la evaluación docente, pero derogar las disposiciones que sancionan con la pérdida del empleo a quien no apruebe tres evaluaciones de manera consecutiva.