+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

¿Por qué los candidatos evitan hacer compromisos claros?

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+ Evadir la realidad y acudir al lugar común: vía de engaño


En este proceso electoral es tan importante la campaña que realizan los candidatos a Gobernador, como la que realizan quienes aspiran a ocupar un cargo de carácter legislativo o municipal. Lo es por razones políticas, ya que se supone que deben ser éstos quienes hagan el trabajo territorial que materialmente no puede hacer su candidato a Gobernador, pero también porque se supone que ellos son quienes tienen más al alcance las soluciones que, en teoría, después gestionarían ante el Gobierno del Estado. ¿Por qué evaden la responsabilidad de las propuestas serias, e intencionalmente apuntan al engaño o, al menos, al lugar común?

En efecto, ejemplos de lo anterior hay por doquier y basta ver las campañas a cargos legislativos, para corroborar el grado de irresponsabilidad que existe en quienes aspiran a formar parte del Congreso local. Para empezar, debemos preguntarnos si alguno de los diversos candidatos a las 25 diputaciones por mayoría, ha cuando menos esbozado alguna propuesta razonable, dentro de las funciones que realiza un diputado al margen de ser “gestor” de sus comunidades. La respuesta, obviamente, es que en ese rubro hay un silencio alarmante.

Pues resulta que los aspirantes a las diputaciones locales se han encargado únicamente de replicar lo bueno o malo que dice el candidato de su partido o coalición a la gubernatura, sin preocuparse por generar una ruta de trabajo propia. De hecho, en campañas en las que se renueva al mismo tiempo los poderes Ejecutivo y Legislativo, hay la “costumbre” de que los candidatos a diputados se monten —literalmente— en la campaña del candidato a Gobernador, y que naveguen únicamente con los recursos —económicos y hasta argumentativos— de la campaña que ellos consideran como principal, sin preocuparse por hacer algo más que le dé contenido a su propio trabajo proselitista.

Eso no existe, y por eso vemos que hoy la propaganda de todos los candidatos a cargos legislativos, se limita a rostros, colores y eslóganes. En ninguno hay alguna propuesta legislativa concreta, y de hecho quienes sí se decidieron a hacer alguna propuesta, lo hicieron con tal nivel de extravío que hasta parece intencionado: prometen, por ejemplo, agua potable, seguridad o empleo, como si el trabajo de un legislador fuera ese y no, como dice la Constitución, participar en la propuesta, discusión y elaboración de leyes.

¿Por qué no proponen? Afirmar que es así “porque no saben” resulta una respuesta limitada. Más bien, evitan proponer porque en realidad lo que no quieren es comprometerse en ningún sentido con la ciudadanía a la que según quieren representar. Eso es lo que parece encontrarse en el fondo de este aparente ayuno de ideas, que está bien cimentado en la demagogia y en la evasiva de cara a los ciudadanos.

EVASIVAS

Apuntábamos hace apenas unos días, que hay un nivel de demagogia alarmante en las campañas proselitistas, como la de los candidatos que con propuestas “genéricas” (agua potable, drenaje, seguridad) evaden entrar a las cuestiones de fondo que atañen a los municipios. ¿Para qué hablar de “luz eléctrica” cuando lo que le preocupa a la ciudadanía son los giros negros, la inseguridad, o la corrupción y la opacidad?

Las campañas en municipios como Santa Lucía del Camino son ejemplo perfecto de ello. Pues resulta que candidatos como Raúl Cruz González, del PRI, decidieron caminar con una retórica de evasivas y propuestas demagógicas, dejando intencionalmente de lado los problemas que de verdad le preocupan a la ciudadanía de ese municipio, que ha sido catalogado como el patio trasero de la capital oaxaqueña.

¿De qué hablamos? De que Cruz  —aunque los candidatos de otros partidos andan por las mismas— en estos casi quince días de campaña, ha evitado por completo hablar de la herencia, que él representa, del gobierno de Galdino Huerta Escudero, pero también de los verdaderos problemas que sufre ese municipio, los cuales son más viejos y más visibles que la chabacanería que ambos representan de la “clase política priista” en los municipios conurbados a la capital.

Pues resulta que, por un lado, el gobierno de Huerta es un ejemplo de voracidad, discrecionalidad y agravios a la ciudadanía. Sus recurrentes líos judiciales con su propio cabildo, su empecinamiento por exprimir a los giros blancos, y callar frente a los giros negros; las afrentas que cometió en contra de las pocas fuentes de trabajo que existen en esa localidad, y la inoperancia total de un gobierno que nunca pudo tapar un bache, pero sí creó fuentes de riqueza con sus multas, operativos y clausuras. En esas condiciones, por más propuestas que haga, Raúl Cruz lleva ese legado a cuestas, del cual no sólo no se deslinda sino que evade y calla.

En esa lógica, su “estrategia” ha sido la de las supuestas propuestas. ¿Cuáles? Las des siempre: agua potable, drenaje, luz eléctrica y todos los lugares comunes que alcancemos a imaginar. El problema es que con eso evade hablar de lo que a la gente le preocupa: la inseguridad, el narcomenudeo, los giros negros, los abusos cometidos desde el Ayuntamiento, entre muchos otros temas de los que intencionalmente busca no hablar, para evitar comprometerse.

DIÁLOGO DE SORDOS

Por eso, las campañas son algo así como la torre de Babel en la que todos hablan pero nadie se entiende. Unos hablan de lo que la gente no necesita, y ésta espera que los políticos les digan lo que nunca estarán dispuestos a abordar y menos comprometerse. He ahí, dos ejemplos.

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