+ ¿A EPN le cumplen maldición de aplicar evaluación sólo con policías?
Este fin de semana, el gobierno federal anunció la suspensión de la evaluación a profesores del sistema educativo oaxaqueño. Esto ocurrió luego de que el viernes el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estableciera que el tiempo se había agotado, y que de no haber distensión a las protestas magisteriales, actuarían incluso utilizando la fuerza pública para liberar las vías de comunicación. Como si fuera magia, varios de los bloqueos carreteros cesaron, la fuerza federal no llegó a Oaxaca, y bajó el tono de las advertencias. El problema es que de nuevo, negociando, sacrificaron la evaluación y la condenaron a seguirla implementando siempre con resguardo policiaco.
En efecto, el sábado el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó que la evaluación docente programada para este fin de semana, se realizará hasta el mes de septiembre. Según una nota de Milenio, el vocero de la dependencia, Jorge Oropeza, dijo que esta evaluación estaba prevista inicialmente para realizarse este sábado pero que desde el mes de mayo, cuando los maestros instalaron el plantón en el centro de Oaxaca, se acordó posponerla hasta septiembre.
Frente a estas afirmaciones, la Sección 22 aclaró que en realidad la suspensión de la evaluación había ocurrido como parte de los acuerdos alcanzados en Gobernación, sobre los cuales no se había dado a conocer nada en los días previos. El Financiero tuvo acceso a fuentes magisteriales, quienes no sólo admitieron que el aplazamiento del examen fue resultado de una de mesa como parte de los acuerdos previos y a solicitud de la Sección 22, sino que también dieron a conocer cuáles habían sido esos cinco acuerdos sobre los que, ni ellos ni Gobernación, habían informado a la ciudadanía, como principio para distender el conflicto.
Estos acuerdos son los siguientes: 1. La salida de las fuerzas federales de Oaxaca 2. Negociación sin la presencia de Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, y Gabino Cué, gobernador de Oaxaca 3. La cancelación del examen del 2 de julio 4. La entrega de cheques de la quincena 11 a quienes retuvieron para notificarles la aplicación del examen 5. La suspensión de los procedimientos de rescisión para los mil 359 maestros que según la SEP acumularon 4 faltas y la reposición de los descuentos
Fuentes magisteriales que dieron esta información a El Financiero, dijeron que la primera petición se cumplió de manera parcial, pues sigue habiendo presencia de la Policía Federal, aunque en menor medida. El segundo punto se ha cumplido pues no han participado Nuño ni Cué, el tercer punto se dio este sábado, con la suspensión del examen, que incluye el de este 2 de julio que es parte de la primera etapa y el del 28 de noviembre, la segunda etapa.
Que, además, será a partir de hoy lunes que se inicie con el cumplimiento del cuarto y quinto acuerdo, que se dará con la liberación de los pagos. En su perspectiva, el diálogo no está cancelado pero en la medida que se dé el cumplimiento de esos cinco puntos, también el magisterio irá dando muestras de distención del conflicto.
¿LA EVALUACIÓN,
SÓLO CON POLICÍAS?
En noviembre del año pasado, el gobierno estatal y federal celebraron la primera fase de la evaluación docente, que se realizó en la sede de la Ciudad Administrativa y fue custodiada por más de diez mil elementos federales. La sección 22 de la CNTE trató de boicotear estos exámenes atacando los autobuses de los cuatro mil 100 aspirantes, de los cuales, sólo dos mil 100 presentaron la prueba.
La aplicación de aquella prueba con blindaje policiaco, y los recientes acuerdos entre la CNTE y Gobernación, confirman dos cosas: que en su visión cortoplacista, al magisterio sólo le importa que no ocurra la evaluación; y que el gobierno federal se está resignando a repetir, indefinidamente, el ejercicio de negociar, suspender y aplicar la evaluación con resguardo policiaco.
En el primero de los rubros, queda claro que la 22 sigue sin entender que su lucha tiene mucho más de fondo que el solo rechazo a la evaluación. Deben ver, por ejemplo, qué futuro tienen como organización, cómo podrán mantener la base social que tuvieron hasta hace poco tiempo gracias al terror disciplinario que aplicaban sobre sus agremiados; deben reconocer que mientras más tiempo pierdan en estas luchas parciales, más espacio pierden en los espacios educativos de decisión, en los que hasta hace poco tiempo eran nada menos que los amos y señores.
En cuanto a la resignación federal a la evaluación, es evidente su fracaso. En noviembre pasado (Al Margen 25.11.2015) apuntamos algo que, por lo que vemos, revela la derrota del Estado. Dijimos: El Estado debe asumir que no puede vivir cuidando con policías los procesos de evaluación de la educación. De hecho, los términos “educación” y “policías” resultan ser excluyentes, y por esa razón debe buscar cuanto antes la forma de dejar que las evaluaciones docentes tengan como contexto el resguardo policiaco y militar.
Si coyunturalmente es necesario utilizar a la fuerza pública, en el corto plazo debe establecer los canales de diálogo necesarios para que ese resguardo militarizado deje de ser necesario, y debe entablar el diálogo suficiente con sus adversarios para que sus respectivas luchas continúen por otras vías. De no hacerlo, entonces se constataría no sólo la sordera del aparato federal, sino también su incapacidad de generar más escenarios que los de la aplicación de la fuerza.
EPÍLOGO
Quizá haya calma ahora. Calma, sí, de aquí a septiembre. Y así, volver a empezar. De locos.
