Federación piensa en el uso de la fuerza sin autoevaluarse

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+ PF es corresponsable del desastre en que se volvió Oaxaca


A pesar de las buenas intenciones iniciales frente al diálogo con la CNTE, la Secretaría de Gobernación rápidamente está virando el discurso hacia la posibilidad del uso de la fuerza. No es extraño, cuando desde el principio se sabía que cualquier posibilidad de diálogo con el magisterio disidente era tiempo perdido, por la inviabilidad de alcanzar acuerdos que significaran la negociación de la ley. Más bien, lo que resulta alarmante es que el gobierno federal vuelva a pensar en la aplicación de la fuerza pública, a menos de una quincena del desastre —en todos los sentidos— de Nochixtlán que, de nuevo, puso a Oaxaca en la picota de la crisis de gobernabilidad.

En efecto, desde el miércoles la Secretaría de Gobernación envió un primer mensaje en el que, en voz de Miguel Ángel Osorio Chong, vislumbraba que de fracasar el diálogo que están teniendo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y algunas otras organizaciones que encabezan los bloqueos en la entidad, cabría la posibilidad de los “desbloqueos”. Ayer, el Titular de Gobernación fue más específico al advertir que el diálogo no puede ser prolongado, y amagó con el uso de la fuerza para retirar los bloqueos que impiden el abasto de productos en los estados de Oaxaca y Chiapas.

Si bien tienen que ser escuchadas las exigencias de distintos grupos, dijo Osorio Chong, existe también otra parte que pide libertad para utilizar las vías de tránsito. “Hoy muchos miles de niños no tienen clases y alimentación. Nosotros tenemos un mandato de regresar a la normalidad y estamos abriendo los espacios, no se ha cancelado el diálogo, pero sí lo digo con toda claridad: tenemos que dejar, generar las condiciones, si no se dan éstas por vía del diálogo, entonces tenemos que actuar porque no pueden seguir las cosas, las condiciones, como hasta ahora están”, señaló.

Claramente, los mensajes que está enviando Gobernación son de previsión sobre el inminente uso de la fuerza pública. Ayer mismo, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth respaldó la posibilidad planteada por Gobernación, al afirmar que irremediablemente se debe hacer valer el Estado de Derecho cuando no existen las condiciones para lograr una solución por la vía del diálogo. Todo esto ocurre en el contexto de que la Coordinadora planteó como condición indispensable para continuar el proceso de negociación, que el gobierno federal acepte la abrogación —de jure, o de facto— de la reforma educativa, cuestión a la que el propio Titular del Ejecutivo se ha referido en sentido negativo.

De hecho, desde que iniciaron las rondas de diálogo en Gobernación, se preveía que la Coordinadora no cedería en sus exigencias, y que por su parte el gobierno federal tampoco accedería a dar marcha atrás a la reforma educativa, que hasta el momento ha sido el buque insignia de la implementación de las reformas estructurales del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Así, si el uso de la fuerza pública es la posibilidad irremediable para el restablecimiento de la libertad de tránsito en Oaxaca y Chiapas, lo primero que tendría que hacer el gobierno federal es reconocer el desastre que resultó el operativo de Nochixtlán no sólo para la fuerza pública federal, sino para la gobernabilidad del sureste del país. Una deficiente acción de fuerza está a punto de incendiar la pradera en el corredor del Pacífico Sur. Por eso, el volver a pensar en operativos debe pasar primero por el tamiz —y las responsabilidades— de Nochixtlán.

POLICÍA FEDERAL, EN ENTREDICHO

Sorpresas puede haber en contingencias, en hechos fortuitos y hasta en acciones espontáneas. En donde las sorpresas no son aceptables es cuando éstas sobrevienen —en apariencia— en actos calculados y planeados. Y una de las premisas fundamentales de toda fuerza de seguridad pública en la contención de disturbios y manifestaciones sociales, es justamente la previsión basada en información, en planeación y en la creación de escenarios.

Nada de eso ocurrió en Nochixltán. A decir del comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, los 800 elementos estatales y federales que fueron al operativo del domingo 19 de junio, fueron “sorprendidos” por una turba de más de dos mil personas que salieron a defender el bloqueo en el entronque con la autopista Oaxaca-Cuacnopalan. Todo esto lo dijo el Comisionado como preámbulo a la cadena de medias verdades que ha venido ofreciendo sobre el operativo, sobre la presencia de elementos federales armados, sobre la balacera que se desató, y sobre las causas reales de este fracaso.

Todo eso, resulta ser causa sobrada —sobradísima— para que el Comisionado hubiera sido ya separado de su cargo, no como una concesión a las organizaciones que piden castigo a los responsables de las muertes (la renuncia o cese del Comisionado no ha sido parte de las exigencias) de los manifestantes en Nochixtlán, sino como una cuestión básica de responsabilidad por parte de la Secretaría de Gobernación, frente a un operativo que no sólo no logró sus fines, sino que provocó muertes (algo que se supone que no debe ocurrir cuando una policía es profesional en tareas de contención) e impactó directamente en la gobernabilidad, al provocar —por el fracaso del operativo— un efecto bumerang que puso de rodillas a amplios sectores de la población del sureste del país.

DUDA RAZONABLE

Por esas razones, el comisionado Galindo es insostenible. ¿Piensa el gobierno federal en volver a utilizar la fuerza, sin revisar ni reconocer sus fracasos?

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