+ PRI sucumbe ante la reacción que desea un país atávico y oscurantista
Además de ser lamentable que el Presidente haya abandonado la iniciativa para garantizar el matrimonio igualitario, ello también puede entenderse —de él, y de la clase política que por miedo a la reacción conservadora, le dio carpetazo a la iniciativa— como una franca violación a la Constitución. Sólo las mentes obtusas siguen sin entender que la discusión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo no se desarrolla en la lógica de la moral, sino en la de los derechos. Y ahí tenemos un problema grave.
En efecto, en mayo pasado el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa para llevar a la ley la certeza de que hombres y mujeres pueden unirse en matrimonio sin limitación alguna. Diversos grupos encabezados por la Iglesia Católica se manifestaron en contra de dicha iniciativa argumentando la defensa de un modelo de familia tradicional (hombre, mujer, hijos), y rechazando la iniciativa por considerarla contraria a Dios y al orden natural.
La reacción —considerando que en política la reacción es lo contrario a la revolución, y que por eso a los grupos conservadores se les denomina coloquialmente como “reacción” o “reaccionarios”— respondió a través de diversos llamados no sólo a repudiar la iniciativa presidencial, sino incluso a votar en contra del PRI por ser —en su lógica— un partido que llama a la destrucción del modelo de familia que ellos consideran como correcto por el solo hecho de ser el tradicional.
Luego vino el complejo resultado —para el PRI— de la jornada electoral de junio pasado. En una de las múltiples lecturas del resultado electoral, se dijo que éste había sido consecuencia del llamado hecho por los grupos pro católicos en todas las entidades donde hubo comicios, al voto en contra del PRI. Se llegó a decir —como si en la base de dicho resultado no estuvieran la corrupción, la impunidad y las desastrosas gestiones de los gobernadores priistas— que la iniciativa del matrimonio igualitario había sido la responsable de la debacle tricolor y de la caída de su dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
¿Qué ocurrió? Que hace algunas semanas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los coordinadores parlamentarios priistas dijeron que la iniciativa presidencial del matrimonio igualitario no era prioridad para ellos, y que por ende —y sin argumentar sobre los parámetros utilizados para llegar a dicha conclusión— su discusión quedaría supeditada a otros temas más relevantes para la agenda nacional.
En ese abandono del tema, se enmarcan las manifestaciones del fin de semana pasado en todo el país —y la que se espera que ocurra en la capital del país dentro de algunas semanas— de los grupos “pro familia” (en singular) que rechazan la iniciativa del matrimonio igualitario y, sobre todo, la posibilidad de que la preferencia sexual de las personas deje de ser condición para sus relaciones civiles y familiares.
VIOLAN LA CONSTITUCIÓN
Esto no se trata sólo de que el Presidente o los líderes camerales coincidan o simpaticen con la iniciativa del matrimonio igualitario. En realidad, ese tema como muchos otros no se inscribe en el marco de la moralidad o de las creencias, sino de la Constitución y los derechos. Al final, al margen del color de piel, de la condición social, de la creencia religiosa, o de la preferencia sexual, todos somos personas y eso es lo que debe quedar refrendado ad infinitum en la Constitución.
Junto a ello, hay otra realidad: el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constriñe –o al menos debería, si en este país se respetara la ley- a todas las autoridades involucradas en este tema, a dejar de simpatizar y hacer todo lo posible por garantizar normas jurídicas que tutelen mejores derechos para todas las personas, y en particular para las minorías.
En ese sentido, ese párrafo tercero del artículo 1 constitucional dice lo siguiente: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Sí: dice “todas las autoridades del país”. Es decir —incluso pareciendo Perogruyo—, todas, incluyendo al Presidente, a los legisladores y los servidores públicos que se quiera o se imagine. Esas autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, tales como el de la no discriminación y el de la igualdad, que son en los que fundamenta la iniciativa del matrimonio igualitario, y las demás encaminadas a lograr que la preferencia sexual no sea una condicionante para las relaciones jurídicas entre las personas.
EPN, DERROTADO
Este Presidente, Enrique Peña Nieto, que tanto se jacta de sus reformas estructurales, tiene un enorme pendiente: los derechos humanos. Su gobierno es señalado por violarlos sistemáticamente, pero además su régimen pasará a la historia como uno que reformó todo pero sin ampliar derecho alguno. Ninguna de las reformas en esta materia es de este sexenio. Y la que pudo ser su gran oportunidad reivindicadora claudicó por miedo los grupos conservadores que quieren pervivir en un país atávico, retrasado y oscurantista.
