+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Entrega-recepción: igual que en 2010, no hay reglas claras

Date:

murat

+ Transición de gobiernos: el silencio total, la única constante


Estamos a escasas cinco semanas de la transmisión de la administración gubernamental en Oaxaca, y algo de lo que —deliberadamente— nadie se ha percatado es que, igual que en 2010, la entrega-recepción es un proceso sin reglas claras, ni derroteros definidos. Hasta ahora, las tareas de la transición —desde ambos gobiernos: entrante y saliente— han sido privadas, discrecionales, potestativas y hasta sigilosas. A pesar de que existe una norma que se supone que debía dar las pautas generales del proceso, la realidad indica que nadie sabe cuáles son esas formas y procedimientos que debían estar a la vista de la sociedad oaxaqueña.

En efecto, faltan 35 días para que la administración del gobernador Gabino Cué entregue el gobierno al nuevo titular del Poder Ejecutivo. El mandatario saliente reconoció —políticamente— al Gobernador electo, pocos días después de los comicios, y desde entonces anunció que se llevaría a cabo un proceso ordenado y transparente de transmisión de poderes, cuestión que el gobierno electo reconoció y asumió plenamente, porque desde entonces sólo han sido generalidades las que se han dado a conocer sobre el proceso. En realidad, desde fuera parece nulo el trabajo sustantivo y normado al respecto, porque todo lo que se sabe son sólo chispazos de información, que sueltan como filtraciones, los equipos que se supone que están trabajando en la transición.

Según esos frentes de trabajo, la discreción ha sido norma para mantener la calma sobre los pormenores del proceso y, sobre todo, para que se evite adelantar vísperas sobre los posibles titulares de las áreas gubernamentales en la próxima administración. Del lado del gobierno saliente, se ha informado que el gobierno trabaja en la entrega-recepción, aunque en realidad nunca se ha establecido con claridad cuál es el mecanismo de transmisión de poderes, quiénes integran el equipo, cuáles son los criterios o normas establecidas al respecto, y cuáles son los mecanismos de transmisión. Es decir, desde el gobierno entrante se sabe que se trabaja por lo que se filtra; y desde el saliente se sabe por lo que se informa en los comunicados. Pero técnicamente no existe ninguna cuestión sustantiva que hasta ahora se haya informado al respecto.

Quizá el único referente concreto sea ese mismo proceso, pero ocurrido hace seis años cuando Ulises Ruiz le transfirió la responsabilidad del gobierno estatal a Gabino Cué Monteagudo. En aquel momento, no existía ninguna norma jurídica que normara la transmisión de poderes, y por eso el gobernador Ruiz emitió un decreto en el que establecía criterios generales para la transición. Dichos criterios, sin embargo, no pasaban del establecimiento de las bases generales para la transferencia de responsabilidades, y la dotación de atribuciones y mandamientos legales para que los dos equipos de transición pudieran llevar a cabo sus tareas de entrega-recepción.

Si se recuerda, en aquel entonces el equipo de transición de Gabino Cué, y el mismo Gobernador Electo, se quejaron largamente por la forma tan discrecional, opaca y potestativa en la que el gobierno saliente les estaba entregando la administración. Quizá la única diferencia entre entonces y ahora, es que el gobierno electo en 2010 externó sus preocupaciones públicamente, y el actual sigilosamente calla frente a la incógnita de qué y cómo se está haciendo el proceso de entrega-recepción.

SÓLO SILENCIO

Se sabe hasta ahora —nunca por una fuente oficial— que el gobierno electo estableció algunos equipos temáticos para llevar a cabo la entrega-recepción. Se sabe que también, que en algunos casos se han extendido una especie de “salvoconductos” para que las áreas de la administración saliente proporcionen la información que requieran las personas acreditadas del gobierno entrante.

En otros, el trabajo se ha encargado a elaborar algunos diseños normativos y análisis administrativos, aunque evidentemente a ciegas porque no es lo mismo analizar una estructura administrativa con la información pública disponible —información de transparencia, básicamente—, que teniendo la oportunidad de conocer a detalle la situación que guarda un área en específico.

El problema es que no existe ninguna base conocida sobre la que se esté llevando a cabo dicho trabajo, en cualquiera de los dos frentes. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece, por ejemplo, que “el Gobernador del Estado emitirá el reglamento que contendrá las normas y procedimientos a que se sujetará la Entrega Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal” (artículo 74). No existe ninguna referencia hasta el momento de que eso haya ocurrido. Y lamentablemente, las bases que establece dicha Ley Orgánica son insuficientes para suponer que eso puede normar el trabajo de los equipos de transición. Mucho menos cuando la ciudadanía tiene ya no una expectativa, sino incluso temor, de cuáles vayan a ser los efectos de esta tormentosa espera relativa a la transmisión de los poderes.

A TRABAJAR

Escribimos en esta columna el 6 de junio —al día siguiente de los comicios—: “¿Vacaciones? En 2022 Sí. Aunque haya un resultado contundente de la jornada electoral, nadie debe pensar en ‘vacaciones’ o ‘descanso’. El ganador debe ponerse a trabajar. Y los derrotados también. Oaxaca necesita, con urgencia, a la oposición firme y congruente que hasta ahora no ha existido, y que más bien se dedicó, de tiempo completo, a ser pelele del poderoso en turno”. ¿De verdad ya están trabajando, todos, en el “futuro de Oaxaca”?

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