+ El tema deberá salir a flote en la agenda del primer semestre de 2017
Uno de los temas que cobrará relevancia en Oaxaca, conforme avance el primer tercio de 2017, es el relacionado a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Según el decreto por el que se estableció la plataforma del Sistema Nacional Anticorrupción, las entidades federativas cuentan con un año para consolidar el proceso de implementación de ese mecanismo en los ámbitos estatales. Ese periodo de “vacatio legis” se vence en mayo de 2017, y para entonces eso debe estar ya implementado en Oaxaca… aunque hasta ahora no hay señales al respecto.
En efecto, al tomar posesión de su cargo como Gobernador del Estado, Alejandro Murat anunció el 1 de diciembre que en un periodo de 90 días, él y todos los integrantes de su gabinete legal y ampliado harían pública sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, conocida genéricamente como la “tres de tres”. Esto, dijo, sería una demostración inicial de voluntad por la transparencia, por la rendición de cuentas, y por la honestidad. También dijo que no metería las manos por ningún funcionario; que en su administración no habría ni “chuckys” ni “Cocos” ni Vicegobernadores, y que quien infringiera la ley desde el servicio público, sería castigado ejemplarmente.
Así, quedó claro en qué sentido corre la convicción del Gobernador por la transparencia y por el combate a la corrupción. Sin embargo, en ese marco es necesario asumir que, en la circunstancia actual, el combate a la corrupción ya no es un asunto sólo de voluntades sino de todo un andamiaje legal, e institucional, que la sociedad mexicana ha demandado con vehemencia. Por esa razón, incluso no resulta suficiente exigir a todos los servidores públicos la presentación de la declaración tres de tres en un sentido potestativo, sino avanzar cuanto antes en la implementación del sistema estatal anticorrupción.
Pues, en ese mismo sentido, si los partidos de oposición pretenden también establecer parámetros de cumplimiento respecto a la honestidad y la confiabilidad de los servidores públicos del gobierno de Alejandro Murat, deberían también asumirse no sólo como vigilantes, sino como auténticos impulsores de medidas de combate a la corrupción. El problema es que, hasta ahora, ninguna de las fuerzas opositoras en la LXIII Legislatura ha reparado en la urgencia de iniciar el proceso de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, y en lo corto que resultará el tiempo —de enero a mayo de 2017— para confeccionar y discutir el contenido de ese sistema, que se supone que será el contrapeso y el vigilante de la gestión pública para los años siguientes.
En esa lógica, el nuevo sistema anticorrupción pasa no sólo por la creación de nuevos órganos sino también por el posible replanteamiento de algunos que ya existen. El propio Congreso del Estado tendrá que asumir responsabilidades que hasta ahora había eludido, y también tendrá que pasar por el posible replanteamiento de los órganos autónomos, de procuración de justicia, y los tribunales administrativos, que hoy no cumplen con los parámetros para operar dentro del nuevo esquema que establece la Constitución de la República para el combate a la corrupción.
SISTEMA ESTATAL
A estas alturas, es insuficiente lo relativo a la declaración tres de tres para todos los servidores públicos de la nueva administración, por una razón concreta: la declaración tres de tres que se solicitó en el último proceso electoral a los candidatos a cargos de elección popular, fue presentada ante un organismo privado denominado Instituto Mexicano para la Competitividad.
Fue, básicamente, un ejercicio de demostración de voluntad, pero también potestativo porque el IMCO es un organismo privado que convocó, a través de su fuerza moral y de su promoción de la rendición de cuentas con mayor calidad, pero sin ninguna consecuencia —más que la condena pública, que a muchos políticos les importa un comino— para quien no quisiera hacerlo.
En esa lógica, a nivel federal ya fue legislada la obligatoriedad de la presentación de declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés para todos los servidores públicos de la federación, con dos salvedades: apenas va a hacerse operable, cuando ya funcione el Sistema Nacional Anticorrupción; y esa declaración tres de tres institucionalizada sigue teniendo el problema de que, por voluntad del declarante, puede ser reservada y convertirse por ende en un documento inaccesible para los gobernados, con lo que sigue preservando un margen de secrecía que desalienta la máxima publicidad que debiera tener un proceso como ese.
Por esa razón deben redoblarse los esfuerzos ya no sólo para que se implemente el sistema estatal anticorrupción, sino para que se haga con un sentido de avanzada. De nada servirá que se haga en los parámetros mínimos de la ley, porque entonces Oaxaca de nuevo quedará como una de las entidades federativas que cumple por obligación, pero no porque tenga una convicción con el cumplimiento. El gobierno de Alejandro Murat debe impulsar una reforma de vanguardia, si es que de verdad quiere demostrar una voluntad institucional de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el combate a la corrupción.
¿Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS?
Discusión aparte será el destino de los órganos autónomos. Debe haber planteamientos muy serios y razonados. El nuevo régimen enfrentará el dilema de mantener, o desaparecer los órganos actuales, con el costo y el mensaje contra la estabilidad constitucional de los integrantes de esos órganos. El tema es complejo y merece ser analizado por cuerda separada.
