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+ Hasta ahora han buscado posturas políticamente correctas, que sólo los debilitan
Hasta ahora, los gobiernos de los estados de la República han evitado a toda costa involucrarse en la discusión sobre los llamados gasolinazos. Esta es una pésima estrategia que sólo revela la incapacidad de los gobernadores de comprender que problemas como el de los combustibles y sus impuestos, son compartidos por el gobierno federal y las entidades federativas. Han evitado involucrarse en la discusión para no pagar costos políticos. Sin embargo, continuar con esa estrategia sólo llevará a las finanzas de los estados a ser quienes carguen con la mayor parte del costo por una solución populista como la eliminación del IEPS a la gasolina y el diesel.
En efecto, el 2017 comenzó con un amargo sabor de boca por la decisión anunciada por el gobierno federal de eliminar el subsidio a los combustibles que consumimos todos los mexicanos, e iniciar el proceso de liberación del precio a los costos del mercado. Con el solo anuncio, en la última semana de diciembre, vino también la noticia de que al iniciar el año los combustibles incrementarían su precio final por lo menos en un 20 por ciento. Esto provocó un profundo malestar en la ciudadanía, que en el mes anterior se reflejó en innumerables protestas a lo largo del país —junto con actos vandálicos que aparentemente se derivaron del mal humor social—, y que incluso en la actualidad todavía tiene a algunos sectores inconformes y manifestándose periódicamente.
Frente al panorama, el gobierno federal dijo que sólo tenía dos opciones, y que se había decidido a favor de la menos costosa socialmente hablando. Dijo que una de las posibilidades era mantener los subsidios a los combustibles, pero a costa de recortar programas sociales, y el funcionamiento de servicios públicos básicos como la salud, educación o la inversión en infraestructura y obra pública.
La otra opción, que fue la que finalmente tomó el gobierno federal, consistía en eliminar los subsidios y el precio controlado —con el que el gobierno podía ganar si compraba la gasolina más barata del precio fijado, pero que también le podía significar una enorme sangría si el precio de mercado se incrementaba y la diferencia en contra tuviera que pagarse con dinero público para respetar el precio controlado— para pasar gradualmente a un esquema en el que el mercado fijara el precio de la gasolina y el diesel. En esto, el costo a pagar no sería en recortes presupuestales, sino en la aceptación e imagen del gobierno federal y el Presidente, que son los que finalmente han pagado el costo político del incremento a las gasolinas.
Luego vinieron las propuestas de solución de varios partidos. El PAN, por ejemplo, propuso que se redujera a la mitad el monto que los consumidores finales pagamos de Impuesto Especial de Producción y Servicio (IEPS) por cada litro de gasolina que utilizamos. Según el panismo —que hoy gobierna más entidades del país que nunca en su historia— el volumen de IEPS que recauda el gobierno federal era lo que estaba encareciendo indiscriminadamente los combustibles a sus consumidores finales, y por eso propuso que fuera la federación, y no la gente, quien se apretara el cinturón. Todo, para que las gasolinas volvieran a precios de hace varios años, porque el IEPS significaba alrededor del 40 por ciento del costo de las gasolinas.
Para reforzar esa idea, Excélsior publicó a inicios de enero un ejercicio en el que calcularon el precio real de los combustibles, antes de impuestos. Según sus números, el alza en la gasolina fue de más del 30 por ciento, por lo que el total de impuestos, en Magna, Premium y diesel era de 5.83, 6.56 y 6.34 pesos, respectivamente.
Así, decía la nota (que puede ser consultada aquí) consumidor de combustible en México paga por litro de Magna 2.15 pesos de IVA y 3.67 de IEPS. En la Premium, el IVA es de 2.4 y 4.16 del IEPS. En el diesel, el incremento fue de 37 por ciento, por lo que el IEPS es de 4.16 y el IVA de 2.4. Y según la información que difundió Excélsior, s>i se eliminaran los impuestos en las gasolinas, llegarían a bajar hasta los 8.85, 10.20 y 8.07 pesos en magna, premium y diesel, respectivamente.
En términos generales, esa era parte de la brillante propuesta panista. Sin embargo, se les olvidó que el IEPS recaudado de los combustibles está sujeto a un proceso de distribución entre las entidades federativas. Y, de forma por demás medrosa, resulta que ahora los gobernadores protegidos por el membrete de la Conago, están haciendo consultas con la Secretaría de Energía para saber qué tanto los golpearía esa reducción del IEPS que en realidad lastimaría tanto a las finanzas de los estados, como a las arcas del gobierno federal.
IMPUESTO DISTRIBUIBLE
La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece que a los combustibles automotrices provenientes de fuentes fósiles, se les aplicará una cuota de 4.30 pesos a la gasolina menor a 92 octanos (o sea, la magna); 3.64 pesos a la gasolina igual o mayor de 92 octanos, y al diesel 4.73 pesos por litro. Este impuesto es independiente al IVA. La misma Ley del IEPS establece otro impuesto adicional en el artículo 2-A, que es el correspondiente a las entidades federativas. Éste impuesto oscila en los 50 centavos por litro de gasolina o diesel. Y según la ley, los recursos que se recauden en términos de ese artículo, se destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
Ahora bien, ¿qué dice la Ley de Coordinación Fiscal? Que del total recaudado por ese impuesto, 9/11 corresponderán a las entidades federativas en función del consumo efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que Petróleos Mexicanos y los demás permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y diésel proporcione a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, complementada, en su caso, con la información del Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Reguladora de Energía, siempre y cuando se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
¿Qué significa todo esto? Que los impuestos establecidos en la Ley del IEPS a los combustibles tienen un impacto no sólo en las arcas del gobierno federal sino también en las de las entidades federativas, que hasta ahora sólo se han limitado al silencio, y a disimular su preocupación a través de las consultas que están haciendo al gobierno federal, a través de la Conago, sobre el impacto de la posibilidad de que se toquen los impuestos que les corresponden.
En esa lógica, resulta muy cuestionable no sólo que los gobiernos estatales sigan en esa actitud de indiferencia frente a un problema que también los alcanza, y que se empeñen en seguir en la actitud de dejar que sea el gobierno federal el único que pague las consecuencias de la política de precios aplicada a los combustibles sin manifestar ningún tipo de solidaridad no con la federación o con el presidente, sino con la ciudadanía.
GOBERNADORES, INDIFERENTES
Hasta el momento ningún estado del país, ninguno, ha generado alguna propuesta en la que los estados también contribuyan al bienestar de los bolsillos a través de un ahorro de fondo como serían los ajustes presupuestales derivados de la eliminación al impuesto especial a los combustibles, que favorece sus arcas. Más bien, quieren seguir en la política de ver la austeridad pero en la casa del compadre, y ellos continuar ajenos a un problema, y una discusión nacional, de la que ellos son una parte muy relevante.
